Los tres jueces que integran el Colegiado B de la Sala Penal Nacional están por tomar una decisión que, cualquiera fuera el resultado, desatará polémica. Por un lado, definir si aplican el reciente derecho de gracia concedido al ex presidente Alberto Fujimori y, por tanto, lo sustraen del juicio del Caso Pativilca, o, por el contrario, rechazar ese beneficio y ordenar su procesamiento.
Y hay un componente adicional: la fiscalía, además de pedir 25 años de cárcel para el ex presidente, solicitó que enfrente el juicio detenido. Por tanto, el Colegiado B no solo determinará si Alberto Fujimori será juzgado nuevamente por crímenes cometidos por el grupo Colina en la década de los 90. También si volverá a prisión.
Fuentes de la fiscalía dijeron a El Comercio que para fines de mes se tiene prevista la audiencia de control de acusación. El colegiado, dijeron las fuentes, tendría que pronunciarse ese día sobre el derecho de gracia otorgado.
El Colegiado B está integrado por los jueces Miluska Cano (presidenta), Omar Pimentel y Otto Verapinto.
—Origen del debate—
La discusión sobre un probable juzgamiento al ex mandatario se dio al día siguiente de que se conociera que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le dio, además del indulto, el derecho de gracia por razones humanitarias. Esta medida ordena que se terminen los procesos judiciales que el beneficiado tiene pendientes.
Pero el derecho de gracia, de acuerdo al numeral 23 del artículo 118 de la Constitución, tiene una condición. Esta se da cuando la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliación. Es decir, 24 meses.
El penalista César Azabache fue uno de los primeros en advertir que la gracia dada por Kuczynski es inaplicable en el Caso Pativilca. Según su posición, en este caso no se cumple con el citado plazo.
La Corte Suprema de Chile amplió la extradición de Fujimori, en junio del año pasado, para que sea juzgado en el Perú por el asesinato de seis pobladores en Pativilca, ocurrido en enero de 1992. En julio último, el fiscal Luis Landa presentó su acusación por autoría mediata contra el ex presidente.
Azabache sostiene que el plazo se debe contabilizar desde la decisión que se tomó en Chile, debido a que antes Alberto Fujimori contaba con las inmunidades propias de la extradición que impedían que fuera procesado por casos como el de Pativilca.
El ex procurador Yván Montoya coincide con Azabache. “El plazo de instrucción comenzó en junio. Así que no llega a los 24 meses que se exigen”, declaró.
Por esa razón, Montoya considera que el Colegiado B aprobará que Fujimori sea procesado. Además, remarca que existe el antecedente del ex viceministro fujimorista Alfredo Jalilie [ver nota aparte], en el que no se aplicó la gracia presidencial.
Wiliam Paco Castillo, abogado del ex mandatario en el Caso Pativilca, tiene una opinión contraria. Él señala que el plazo se debe contar desde que se ventiló el proceso en el 2012. Por ello, la gracia presidencial procede. Además, anuncia que, si la sala decide procesar a su patrocinado, recurrirá a la Corte Suprema y, de ser el caso, al Tribunal Constitucional.
—Pedido de prisión—
Gloria Cano, abogada de las víctimas, dijo a El Comercio que a fines de diciembre presentó un pedido de control de constitucionalidad a la sala para que definan si la gracia presidencial alcanza a Fujimori en el Caso Pativilca.
“La medida no calza con lo estipulado en la Constitución y se aparta de las obligaciones internacionales del Estado Peruano en materia de DD.HH.”, afirmó Cano.
La abogada adelanta que pedirá al colegiado, cuando convoquen a audiencia, que ordene la detención de Fujimori. “Ellos pueden decidir que lleve el juicio en comparecencia, pero para nosotros eso no debería pasar. No olvidemos que huyó del país y tuvo que ser traído vía extradición de Chile”, remarcó.
El penalista Luis Lamas Puccio es de la opinión que Fujimori será procesado, y de suceder ello, sería condenado, pero que es poco probable que la sala ordene ahora su detención. Esto, dice, colisionaría con el indulto humanitario que se encuentra vigente.
“La sala lo que debe hacer es iniciar el juicio y notificar al ex presidente Fujimori para que esté presente. Si se resiste a ir, recién se puede plantear un apercibimiento con detención”, dijo Lamas.
El abogado Carlos Caro, en tanto, remarca que mientras el indulto se aplica para los casos en que Fujimori fue condenado, la gracia presidencial es para los casos que están en trámite.
“Si la sala rechaza la gracia presidencial y se procesa a Fujimori, eventualmente puede ser condenado y volver a prisión”, dijo Caro.
—Antecedente—
En junio del 2006, la Cuarta Sala Penal Anticorrupción rechazó de forma unánime aplicar el derecho de gracia que el entonces presidente Alejandro Toledo le otorgó al ex viceministro fujimorista Alfredo Jalilie por razones humanitarias. Ello, al considerar que no cumplía con los requisitos de la independencia de los poderes del Estado y el derecho de conocer la verdad sobre los hechos de corrupción que le estaban imputando.
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