El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, declaró infundado el pedido de prescripción hecho por el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata por el delito de tráfico de influencias en la investigación de los sobornos de la constructora para la concesión de la carretera Interoceánica.
Fuentes de este Diario confirmaron la decisión del magistrado. Según pudo conocer El Comercio, el juez Concepción ha precisado que no se puede aplicar la prescripción por separado, como proponía la defensa de Jorge Barata, porque ambos delitos imputados por la fiscalía –tráfico de influencias y colusión– parten de un mismo hecho.
En la audiencia de la semana pasada, Luis Bramon Arias, abogado del ex ejecutivo brasileño, insistió en que las acciones penales prescriben por separado y que su patrocinado no es un funcionario. "Creemos que no es posible introducir la colusión en el debate. [...] No todo tráfico de influencias es colusión", sostuvo ese día.
Sin embargo, el fiscal Sergio Jiménez, del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, señaló que por el mismo hecho se imputa los dos delitos al ex ejecutivo de Odebrecht.
Con esta decisión judicial, la prescripción recién se daría en el 2025 debido a que el juez Concepción ya estableció que se contabiliza desde el último pago de sobornos de Odebrecht, en junio del 2010, como fecha en la que se incurrió en los delitos de tráfico de influencias y colusión en el caso de Alejandro Toledo y cómplices.
La resolución, según informaron, está en etapa de notificación. El abogado de Barata indicó a este Diario que aún no conoce la decisión.
Rechazo a otra implicada
Otra fuente de El Comercio confirmó que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional declaró infundado el pedido de cese de prisión planteado por Mariella Huerta Minaya, ex presidenta del comité de licitación de la línea 1 del metro de Lima.
Huerta Minaya tiene una orden de prisión preventiva por 18 meses por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht en la 'offshore' Hispamar Internacional, en la que figura como beneficiaria. El Poder Judicial también ordenó su captura internacional dado que, según su abogado, se encuentra en Estados Unidos.
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