Torre Tagle, el palacio de las buenas notas; una crónica de Fernando Vivas

Por todo esto, Torre Tagle, el palacio sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, exige a nuestro presidencialismo más estabilidad y autonomía que otras carteras. En reciprocidad, la tradición le concede a los presidentes la posibilidad de nombrar una cuota de ‘embajadores políticos’ que no necesariamente provengan del cuerpo diplomático.

Hay que decir que hasta ahora, en nombre de la geopolítica, la relación entre los dos palacios ha sido más armónica que tensa. Cuando hubo tensiones con autoridades que pretendieron politizar la siempre sensible relación con Chile, como Ollanta Humala cuando fue candidato; ello se canalizó pacífica y exitosamente en la demanda ante la Corte de La Haya para definir el límite marítimo. Eso sí, Humala, ya presidente, prefirió que un canciller ‘político’ lo acompañara en ese trance y designó al sociólogo Rafael Roncagliolo.

El propio Humala había sido agregado militar en Corea del Sur y Francia (como lo fue Juan Velasco antes de dar el golpe de 1968) y conocía el mundo diplomático mejor que otros presidentes. Martín Vizcarra también tuvo ese roce cuando fue embajador en Canadá, aunque por pocos meses.

Si ha habido intrigas y pequeñas conspiraciones entre los dos palacios, han sido por debajo de la línea del gran poder. La más seria de las últimas décadas, que aún ha dejado heridas abiertas, fue el cese intempestivo de 117 funcionarios, ejecutado por el controvertido ex canciller Óscar de la Puente en noviembre de 1992, durante el gobierno de Fujimori, bajo pretexto de una reorganización del servicio diplomático. Como lo demostraron las investigaciones hechas tras la caída de Fujimori, la lista de cesados se elaboró con prejuicios discriminatorios que iban desde la orientación ideológica hasta la homofobia. El cese se declaró nulo por Resolución Suprema N. 557-2000-RE del 4 de diciembre del 2000 durante del gobierno de transición de Paniagua con Javier Pérez de Cuéllar como primer ministro y canciller.

MIRA: Un complot en Torre Tagle

No volvió a haber una crisis de esa envergadura, pero sí fricciones y pequeñas conspiraciones. La última de ellas, la narramos en la crónica “Complot en Torre Tagle. Te mato Fortunato”, publicada el 7/9/20. Allí contamos como el ex embajador en Israel, Fortunato Quesada, fue grabado por personal de la embajada alentado por su segundo, el ministro consejero Pedro Rubín. Quesada recabó las pruebas del complot y ello motivó una investigación disciplinaria y la Resolución Viceministerial 0236 del 5/8/20 que sentenció a Rubín a 6 meses de suspensión.

Los efectos de la sanción fueron suspendidos mientras se tramitaba la apelación de Rubín, cosa que ocurrió el 2 de octubre pasado cuando el propio canciller Mario López Chávarri, que es la segunda y última instancia de los procesos disciplinarios, desestimó el recurso. Sin embargo, ahí no se agotan los efectos del complot contra Quesada. Rubín, en su defensa, aportó pruebas (correos electrónicos y mensajes de WhatsApp) de que las grabaciones ilegales hechas en Israel fueron conocidas por la cúpula que manejaba Torre Tagle en junio del 2018 y –esto es lo más grave- fue alentado a hacerlas públicas en el programa “Panorama”, provocando un escándalo que acabaría con la destitución del embajador.

Rubín, sin querer, dio a su enemigo lo que necesitaba para probar su teoría del complot. ¿Por qué se cocinaría algo así? Según contamos en la crónica pasada, fue por la ojeriza que se incubó contra Quesada desde que PPK lo eligió como su jefe de protocolo a pesar de que, Ricardo Luna, canciller y amigo del ex presidente, tenía otros candidatos. Diversas tensiones, como la renuencia de Luna a facilitar el ascenso de Quesada a embajador y la lealtad de este a PPK ante fricciones con la cancillería; provocaron que este fuese objeto de una antipatía colegiada. Por eso, el jefe del gabinete de asesores José Boza, el vicecanciller Néstor Popolizio, que sucedió a Luna en enero, y el vicecanciller Hugo de Zela, habrían alentado el escándalo.

La comisión disciplinaria que investigó a Rubín había sugerido también investigar las responsabilidades que este acusó en Popolizio, De Zela y Boza. Esa idea recién fue acogida por el canciller, discretamente como todo en Torre Tagle, el 2 de setiembre. Luego de publicadas en la prensa las pruebas del complot se nos dijo que los esos embajadores mencionados estaban comprendidos en la investigación preliminar, aunque ello no implica que sean objeto, por ahora, de un proceso disciplinario. Para dar ese paso, tendrían que esperar hasta el 26 de noviembre que se vence el plazo de la investigación (si es que no se amplía, por un máximo de 20 días adicionales). En este caso, Torre Tagle prefiere andar con pies de plomo.

López Chávarri llegó a la cancillería propuesto por Pedro Cateriano en su breve paso por la PCM y no está ligado al círculo de influencia de su predecesor Popolizio. La candidatura frustrada de De Zela a la OEA; y el liderazgo del Grupo de Lima como se llama al conjunto de cancillerías con una preocupación activa por el problema venezolano; han sido parte de la herencia recibida de sus predecesores.

Otra de las herencias de López, avivada tras la indignación de los funcionarios ante las pruebas del complot, es la presión de parte del grupo de los 117 cesados de 1997 que ahora reclaman el pago completo de su CTS. La cancillería se niega a pagar por años no laborados. El embajador Guillermo Russo Checa, representante de un grupo de las víctimas, me dice que se sienten “cesados dos veces”, pues el abuso de 1992 retrasó sus ascensos y, en algunos casos, frustró sus carreras. Rubín, por cierto, fue uno de esos cesados que ya no llegará a ser embajador.

Un concepto que mata

Otra de las herencias recibidas por López Chávarri es un arbitrario sistema de ascensos basado en la ‘nota de concepto’. Esta vale apenas el 30% de la nota final, pero todos los ministros (el escalafón de la cancillería empieza con tercer secretario al que le siguen segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero, ministro y embajador) saben que es ella y no el otro 70% de su evaluación lo que los hará embajadores.

¿Es una matemática imposible? No, es un sistema objetivamente deficiente que intenta ser corregido con una nota subjetiva. Resulta que el 70% de la nota es el resultado de la evaluación hecha al funcionario por sus dos jefes inmediatos (80% de ese 70%) y la suma del puntaje resultante de sus grados académicos, sus publicaciones y su ejercicio docente (20% del 70%). La evaluación de los jefes –como me comenta un excanciller- es en la inmensa mayoría de casos bastante alta por puro espíritu de cuerpo. Se suele ubicar en el rango de 9 a 10. El buen funcionario al que le toca un jefe al que se le antoja ser objetivo y le pone una nota que, siendo alta en sus estándares, está en el rango de 7 u 8; perdió ante la inmensa mayoría de sus colegas.

La suma de los puntos de la formación profesional, es puramente cuantitativa. No importa la calidad de la universidad ni las notas del diplomático, pues el puntaje es estandarizado para cada grado, carrera, diplomado, publicación y curso dictado. En rigor, en este apartado no hay evaluación sino acumulación.

Por lo tanto, tenemos un grupo de aspirantes con notas muy parecidas. Ante esa opaca y uniforme excelencia en el rango de 9 a 10, la Comisión de Personal, formada por el vicecanciller y cuatro embajadores, pone la nota de concepto y puede, literalmente, hacer embajador a quien se le antoje. Basta poner en el rango de 8 a 9 la nota de concepto de los mejor evaluados y poner de 9 a 10 a otros que están más abajo y, ¡zas¡, sucede que ninguno de los mejor evaluados por sus jefes acaba ascendido.

Este año, por ejemplo, los 7 ministros con mayor puntaje y, por lo tanto, ascendidos a embajadores; no fueron los 7 mejor evaluados antes de que entrara a tallar la Comisión de Personal, como lo pueden ver en el cuadro de los primeros antes de que se colocara la nota de concepto. Solo Roxana Castro está en el top 7 de ambos cuadros.

El caso más dispar es el de Zósimo Morillo, actual cónsul en Shangai que es el mejor evaluado, pero la nota de concepto lo desplaza al puesto 17. Según mis fuentes, Morillo ha estado entre los mejor evaluados en los últimos 3 años y la nota de la Comisión de Personal lo mantiene de ministro. Algo similar ocurre con Hugo Pereyra, cuya evaluación lo colocó en el puesto 4 y la comisión los desplazó al 24.

Al revés, las mismas fuentes, señalan a Rolando Ruiz Rosas, quien de estar evaluado en el puesto 33, la nota de concepto lo colocó en el puesto 7 y alegan que ello se debe a su parentesco (es primo segundo) del ex premier Pedro Cateriano, quien, como ya vimos, es quien propuso al canciller para el cargo. Ruiz Rosas –hago la salvedad de que lo conozco- es un correcto funcionario que actualmente cumple una labor importante en la dirección general de asuntos multilaterales. Llamamos a Cateriano y negó rotundamente haber tenido injerencia y dijo que era un chisme malévolo.

Le envié una serie de preguntas al vicecanciller Manuel Talavera, quien preside la Comisión de Personal. Sobre todo, queremos saber si tiene algún proyecto para reformar este sistema de evaluación y ascensos. Esperábamos que nos dijera, por ejemplo, que podría incorporarse un examen ante la Comisión de Personal, para estar a tono con los procesos de evaluación y meritocracia que existen en otras áreas del estado. Estaremos atentos a lo que se decida detrás de la fachada barroca de Torre Tagle.

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