PJ dicta 36 meses de prisión preventiva para Bruno Pacheco y sobrinos de Pedro Castillo

El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo ordenó 36 meses de prisión preventiva para Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, los sobrinos del presidente Pedro Castillo, quienes son investigados por las presuntas irregularidades en el proceso de licitación del proyecto Puente Tarata III (San Martín) en Provías Descentralizado, órgano adscrito al Ministerio del Transportes y Comunicaciones (MTC).

Durante una audiencia pública realizada el martes, se impuso la misma medida al ex secretario presidencial Bruno Pacheco Castillo, a los empresarios Zamir Villaverde García y Luis Pasapera Adrianzén; así como a los integrantes del comité licitador Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas.

De esta manera, el magistrado declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, quien investiga el caso.

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Según la hipótesis fiscal, los siete, aprovechando sus cargos y sus influencias con altos funcionarios, se habrían coludido a fin de beneficiar al Consorcio Puente Tarata (Tableros y Puentes S.A., Termirex S.A.C. y H.B. Estructuras Metálicas) con la obra valorizada en S/232,5 millones.

Entre sus argumentos, el juez Chuyo consideró que los elementos indiciarios señalaban con alto grado de probabilidad que los implicados formarían parte de una presunta organización criminal. Ello, no solo por el elemento temporal y el número de integrantes; sino también por la estructura y el rol que ocupaban.

Para el juez, se acreditó el peligro de fuga de los investigados pues no tenían arraigos y en algunos casos, como los de los sobrinos del presidente, se encuentran prófugos. Sobre Villaverde dijo que no se aprecia peligro de fuga, pero sí existiría riesgo de obstaculización.

El magistrado señaló que ello se sustenta en que Villaverde sería parte de la organización criminal que habría amedrentado a la empresaria Karelim López -quien denunció el hecho- con el fin de impedir la averiguación de la verdad.

López y el colaborador

López Arredondo -quien es coinvestigada en este caso- declaró ante la fiscal Zecenarro sobre los presuntos acuerdos ilegales entre los implicados.

El juez dio por acreditada la versión de la empresaria, pues señaló que se condice con la versión que brindó el aspirante a colaborador eficaz CE-01-5D-2022, quien también describió la participación de Pacheco Castillo, Villaverde García y Pasapera Adrianzén en el pretendido ofrecimiento de obras.

Agregó que existían otros elementos como las visitas de los implicados a Palacio de Gobierno, la anotación en la agenda de Castillo Gómez sobre una reunión con el director de Provías Descentralizado, así como la fiesta a la hija de Pacheco, financiada por terceros.

“[Todo ello] denota un acuerdo y actuación común de beneficiar al Consorcio Puente Tarata III, lo que permite inferir razonablemente que los investigados son fundadamente sospechosos y que existe alta probabilidad que vayan a ser condenados”.

Mira aquí la audiencia:

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Tras dictarse la resolución la fiscalía se mostró conforme con la resolución. Sin embargo, los abogados de los siete requeridos se mostraron en desacuerdo y apelaron la decisión.

Cabe precisar que según la tesis fiscal, la presunta organización criminal que tenía la finalidad de buscar a proveedores para favorecerlos en este caso, sería liderada por el presidente Pedro Castillo.

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