La ex primera ministra, Betssy Chávez. (Foto: Julio Reaño / @Photo.gec)
La ex primera ministra, Betssy Chávez. (Foto: Julio Reaño / @Photo.gec)
Thalía Cadenas
Thalía Cadenas

La denuncia constitucional que la fiscal de la Nación, , presentó contra los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta, y Roberto Sánchez por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre avanza en el Congreso.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales convocó para el viernes 20 de enero a las 8:30 a.m. a una audiencia pública para que el Ministerio Público y los investigados presenten sus argumentos. En su sesión de este miércoles, además se dio cuenta que el legislador Wilson Soto (Acción Popular) presentó el informe de determinación de los hechos y la pertinencia de las pruebas de este caso.

En diálogo con El Comercio, la presidenta del grupo de trabajo, Lady Camones (Alianza para el Progreso), estimó que el caso llegaría al pleno a fines de febrero.

“Tras las audiencias, el congresista delegado [Wilson Soto] tiene 5 días hábiles para emitir su informe [final]. Debería presentar aproximadamente el 27 de enero. Se debate y vota y si alcanza votos en mayoría sube a la Comisión Permanente”, explicó Camones.

La legisladora de APP añadió que la Comisión Permanente tendría un plazo de 10 días para revisar el caso. “Si se aprueba en la Comisión Permanente, en unos 7 días debería subir al pleno del Congreso, aproximadamente entre el 15 y 20 febrero”, dijo también.

Además…
¿De qué se acusa a los ex ministros?
  • Betssy Chavez [en su condición de presidenta del Consejo de Ministros], como presunta COAUTORA del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de REBELIÓN, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado; y, alternativamente, del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional - CONSPIRACIÓN, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado.


  • Willy Huerta Oliva, [en su condición de ministro del Interior], como presunto COAUTOR del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de REBELIÓN, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado; y, alternativamente, del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional - CONSPIRACIÓN, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado.


  • Roberto Sánchez Palomino [en su condición de ministro de Comercio Exterior y Turismo], como presunto COAUTOR del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de REBELIÓN, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado; y, alternativamente, del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional - CONSPIRACIÓN, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal, en agravio del Estado
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La denuncia constitucional 328 presentada por la fiscal Benavides contra los exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo es por los presuntos delitos de rebelión o alternativamente conspiración a raíz del golpe de Estado que dio el vacado exmandatario el pasado 7 de diciembre.

El 12 de diciembre del año pasado, de esta denuncia con 14 votos a favor y 3 en contra.

El procedimiento

El especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi explicó a El Comercio que tras aprobar el informe de pertinencia de pruebas pasa a etapa de audiencias.

En la etapa de audiencias participan las partes involucradas, testigos e incluso peritos, de ser necesario.

En los próximos días, el grupo de trabajo, que lidera la parlamentaria Lady Camones (Alianza para el Progreso), estaría citando a la titular del Ministerio Público, la ex jefa de Gabinete y a los ex ministros del Interior y Comercio Exterior y Turismo.

Cabe señalar que Betssy Chávez y Roberto Sánchez Palomino también son congresistas de las bancadas de Perú Democrático y Cambio Democrático, respectivamente.

Tras la etapa de audiencias, la presidenta de la subcomisión debe encargar al congresista delegado que elabore - en un plazo no mayor a 5 días hábiles - un informe final. Este puede plantear acusar a los exministros o archivar la denuncia.

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Dicho informe final deberá ser sustentado por el congresista delegado, en este caso por Wilson Soto. Posteriormente, viene el debate y la votación del documento en la subcomisión.

Luego pasa a la Comisión Permanente, donde también se evalúa y se vota el informe. De prosperar en esta etapa, se nombra una subcomisión acusadora y la denuncia pasa al pleno del Congreso.

Dicha denuncia constitucional comprendía también al expresidente Pedro Castillo, pero pasó al archivo en ese extremo por sustracción de la materia.

(DC 328)
(DC 328)

El 13 de diciembre, la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente el informe final sobre la denuncia contra los tres exministros. Esta decisión se aprobó por 20 votos a favor y 6 en contra.

¿Quiénes serían citados en las audiencias?

En su informe de determinación de los hechos y pertinencia de las pruebas, Wilson Soto recomienda citar a los siguientes personajes:

Manuel Lozada MoralesGeneral PNP
Raúl Alfaro AlvaradoComandante general de la PNP
Cinthya Malpartida GuarnizPeriodista de TV Perú
Antonio Pantoja OchoaPeriodista de TV Perú
Betssy Betzabet Chávez ChinoEx primera ministra
Willy Arturo Huerta OlivasEx ministro del Interior
Roberto Helbert Sánchez PalominoEx ministro de Comercio Exterior y Turismo
Además…
  • El pasado 12 de diciembre, el Congreso de la República notificó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre el levantamiento del fuero al expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por el supuesto delito de rebelión.
  • El documento informa sobre la decisión del pleno de levantar el derecho al antejuicio que le correspondía a Castillo Terrones por haber ostentado un alto cargo y dispone que la formulación de la causa penal tenga lugar.
  • Con esto, el Ministerio Público puede continuar con sus investigaciones por rebelión, conspiración y alteración del orden público. Actualmente, Castillo Terrones cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

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