Aníbal Torres: adjudicación a favor de empresa de su hermano fue antes de su juramentación como ministro

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que la adjudicación a favor de una empresa vinculada a familiares del ministro Aníbal Torres fue antes de que este último jurara en el cargo, y que ha pedido a la Contraloría que determine la validez de este contrato.

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Esto, en respuesta a una acusación que hizo Mónica Yaya, expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y excandidata al Congreso por el Apra, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

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“Con relación a la empresa de familiares del ministro Aníbal Torres que contrató con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad dependiente del Minsa, se realizó un proceso de concurso público que se inició el 3 de junio de 2021 y se otorgó la buena pro el 22 de julio de 2021, mucho antes de que el actual titular del MINJUSDH asumiera o conociera que ocuparía el cargo de ministro”, señala un comunicado emitido por el sector.

Yaya afirmó en la comisión del Congreso que el contrato con la empresa Aldem S.A.C. propiedad de Víctor Antonio Torres Vásquez, hermano del ministro de Justicia, fue en agosto y por un valor de 14 millones de soles.

“El hermano del señor Aníbal Torres y su sobrino son los socios de la empresa Aldem S.A.C. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, están impedidas de firmar contratos con el Estado aquellas empresas que tengan como apoderados a los hermanos de los ministros de Estado”, señaló la exfuncionaria.

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Al respecto, el Ministerio de Justicia detalló que la adjudicación de la buena pro a favor de Aldem S.A.C. fue el 22 de julio y la firma del contrato con el Cenares es la que se realizó el 12 de agosto del mismo año.

Aníbal Torres juró al cargo el 29 de julio, luego de la adjudicación pero antes de la suscripción del contrato.

En esa línea, el ministro remitió documentos a Cenares, a OSCE y a la Contraloría General de la República para que procedan a evaluar la validez o invalidez de esta adjudicación en el marco de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, así como de la Constitución.

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