Alejandro Toledo es condenado a más de 20 años de prisión: fechas claves del Caso Interoceánica

El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) fue condenado este lunes a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos por el Caso Interoceánica Sur. El Poder Judicial lo halló responsable de recibir una coima de más de US$ 30 millones por parte de la empresa Odebrecht a cambio de las licitaciones para los tramos 2 y 3 de de referida carretera.

A continuación, un repaso de los momentos claves de este proceso.

LEE TAMBIÉN | TC rechaza demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial

Dictan prisión preventiva y Toledo se fuga a EE.UU.

Febrero 2017

El 9 de febrero del 2017, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Alejandro Toledo. La fiscalía lo acusó de los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por haber recibido US$20 millones de Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur. Al momento de dictarse la medida, el expresidente no se encontraba en el Perú.

Al día siguiente, el Gobierno decidió incluir a Toledo en la lista de los más buscados y ofrecer una recompensa de S/100 mil a cualquier persona en el extranjero que dé información sobre su paradero.

Dos días después de la resolución, la Mesa Directiva del Congreso acordó retirar todos los beneficios del expresidente a manera de rechazo.

El 12 de febrero, en uno de sus primeros pronunciamientos sobre el caso, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lamentó los actos delictivos en los que habría incurrido Toledo y remarcó que su Gobierno hacía lo posible para regresarlo al Perú por vías legales. Se confirmó que el ex mandatario se hallaba en EE.UU.

Ese mismo día, Toledo, a través de sus redes sociales, rechazó la orden en su contra y negó ser un prófugo de la justicia. “Cuando salí del Perú no habían cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman fugitivo, una distorsión maquiavélicamente política que rechazo”, escribió en Facebook.

Posteriormente, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez confirmó que optaron por el camino de la extradición, previo arresto provisorio.

Tras ello, la Cancillería hizo llegar a la embajada de EE.UU. la solicitud complementaria de detención preventiva con fines de extradición contra Toledo. Este documento fue elaborado por la fiscalía y debía ser visto por un juez estadounidense para hacerse efectivo.

LEE TAMBIÉN | Rechazan acusación de la fiscalía contra exfuncionarios de ProInversión

El 7 de marzo de 2017, el Poder Judicial rechazó el hábeas corpus que el entonces abogado de Toledo, Heriberto Benítez, presentó contra el juez Richard Concepción Carhuancho, a fin de anular la orden de prisión preventiva.

La demanda de Benítez señalaba que Concepción no tenía competencia para intervenir en las investigaciones preparatorias del exmandatario. Por tanto, se habría violado el derecho a un debido proceso del ex líder de Perú Posible.

Benítez argumentó que el caso correspondía a un delito de función durante el mandato de Toledo y, por tanto, no podía ser denunciado ni procesado hasta cinco años después de haber cesado en sus funciones, como lo establece la Constitución.

No obstante, el juez Julio Juez López Castro discrepó de tal argumento y resolvió que no existió ninguna vulneración de los derechos del exmandatario porque Toledo cesó en el cargo en el 2006 y la fiscalía formalizó su investigación en 2017, es decir, habían transcurrido más de cinco años.

El 28 de marzo, el expresidente cumplió 72 años oculto en los Estados Unidos, como prófugo de la justicia.

LEE TAMBIÉN | Macabro hallazgo: la mina de oro en Pataz que era usada por criminales como fosa de cadáveres | IMÁGENES

El 24 de mayo de 2017, Toledo participó de un foro de la Fundación Mundial para el Desarrollo y, abordado por la BBC, negó ser un prófugo. “Yo no soy fugitivo [...]. Yo no me he escapado de mi país”, dijo desde Nueva York.

Días después, el exmandatario brindó una serie de entrevistas en las que afirmó que no regresaría al Perú hasta que se levante la orden prisión preventiva en su contra. Además, habló de persecución política en su contra y anunció una denuncia contra Jorge Barata por haberlo acusado de pedir un soborno de US$20 millones.

LEE TAMBIÉN | Kenji Fujimori y los “avengers”: ¿En dónde se reacomodan los exfujimoristas con miras al 2026?

El 19 de junio de 2017, Toledo fue retirado del programa de “Los más buscados”. El entonces ministro del Interior Carlos Basombrío explicó que el paradero del expresidente ya se conocía y era absurdo mantener una recompensa en esa circunstancia.

En este lapso, se reveló el testimonio que Josef Maiman dio a la fiscalía peruana. El empresario peruano-israelí amigo de Toledo aseguró que, a través de sus empresas, Odebrecht y otras constructoras brasileñas depositaron sobornos para el exmandatario. Cabe señalar que Maiman falleció en el 2021.

Posteriormente, el entonces abogado de Toledo, Heriberto Benítez, informó que su patrocinado no intentaría acogerse a la colaboración eficaz ya que, desde su punto de vista, “no cometió ningún delito”.

El Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial el requerimiento de extradición contra Alejandro Toledo, investigado por los casos Odebrecht y Ecoteva.

El pedido se basaba en la investigación contra el fundador de Perú Posible por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, todos estos relacionados con la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur, en los tramos II y III.

Asimismo, el juez, previa evaluación, debía formular posteriormente el requerimiento ante la Corte Suprema de la República para su aprobación y posterior remisión a las autoridades competentes de Estados Unidos.

LEE TAMBIÉN | Auspiciadora del programa de ‘Chibolín’, con bienes por más de S/1,5 millones, es investigada por lavado de activos

El 19 de febrero, el juez Richard Concepción Carhuancho envió el cuadernillo de extradición a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Posteriormente, el 13 de marzo, referida sala aprobó la extradición de Toledo.

El 21 marzo 2018, el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad el proceso para que el expresidente regrese al Perú para responder por los presuntos delitos imputados por la fiscalía.

Previamente, el 16 de marzo de 2018, este Diario informó sobre los detalles que Jorge Barata dio sobre del presunto aporte de US$700.000 a la campaña de Perú Posible en el 2011.

El 25 de mayo de 2018, la cancillería confirmó que el cuadernillo de extradición contra Toledo fue entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos para que continúe el proceso.

“La Cancillería ha cumplido con entregar al Departamento de Estado, esta mañana a las 9 a.m., la solicitud de extradición del ciudadano Alejandro Toledo Manrique”, informó el Gobierno a través de Twitter.

Antes de ello, el Ministerio Público informó que dicho documento había sido traducido al inglés de manera oficial y que estaba listo para que la Cancillería lo tramite ante las autoridades de EE.UU.

El 31 de enero de 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU. empezó a revisar el cuaderno de extradición del ex presidente Toledo, a pedido del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Meses después, el 17 de marzo de 2019, el exmandatario fue detenido en estado de ebriedad en la vía pública. Su arresto fue confirmado por la cancillería, Toledo había negado los hechos. Esta detención tuvo repercusión en el proceso de extradición.

Días después de este hecho, la Fiscalía firmó un acuerdo de colaboración eficaz con el empresario Josef Maiman, quien declaró que este le pidió recibir sobornos de las empresas brasileñas, las cuales le habrían depositado cerca de US$25 millones.

LEE TAMBIÉN | Entrevistas a candidatos a la JNJ: ¿Cómo se desarrolló esta última etapa del proceso de selección?

El 25 de abril de 2019, Jorge Barata afirmó que Odebrecht pagó US$31 millones en coimas a Toledo. El exdirectivo de la empresa declaró que la constructora le dio un adelanto de US$4millones por la Interoceánica y posteriormente US$27 millones a través de Maiman. Toledo lo negó.

Dos días después, Barata reveló a los fiscales peruanos que Toledo le pidió interceder en otro soborno. Afirmó que se acordó que el tramo 4 de la Interoceánica se adjudicara al consorcio Intersur.

El 27 de junio de 2019, Josef Maiman afirmó que Odebrecht le depositó US$35 millones en coimas para Toledo. El fallecido empresario peruano-israelí declaró desde Israel ante los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Antes había reconocido un monto menor.

Tres días después, Toledo y su esposa Eliane Karp fueron captados en un hotel de Washington.

El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, dispuso que Toledo afronte en prisión el proceso de extradición en su contra. El riesgo de fuga fue el principal argumento de fiscalía federal para que no quede libre bajo fianza.

El 17 de agosto de 2019, Toledo aseguró, en un escrito enviado al juez Thomas S. Hixson, quien ordenó su detención en el marco del proceso de extradición, que no tiene la intención de vivir fuera de Estados Unidos.

“Mi esposa y yo no tenemos intención de vivir en ningún otro lugar que no sea California. Quiero que esté usted seguro de ello”, escribió el exmandatario, mientras buscaba probar su arraigo en California para que le brinden la posibilidad de retomar su libertad bajo fianza.

El magistrado Thomas S. Hixson rechazó el 12 de septiembre del 2019 dejar a Toledo en libertad condicional.

El 13 de octubre de ese año, Toledo fue trasladado de la cárcel de Santa Rita, ubicada en el condado de Alameda (California), en donde permanecía desde el 16 de julio pasado, hacia la correccional Maguire, del condado de San Mateo.

En noviembre de 2019, Heriberto Benítez dejó la defensa legal del expresidente debido a su postulación al Parlamento. Según dijo, tomó esta decisión “para evitar suspicacias” y “malos entendidos” en su campaña al Legislativo.

El 4 de marzo de 2020, el juez de apelaciones del Distrito Norte de California (EE.UU.) Vince Chhabria negó la solicitud de libertad bajo fianza formulada por la defensa de Toledo.

Tras una audiencia a principios de febrero en la que el exmandatario hizo testificar a un psiquiatra sobre su estado mental para justificar que su estancia en la cárcel le estaba produciendo un gran deterioro psicológico, el magistrado consideró desestimó su solicitud y falló en su contra.

Días después, Toledo presentó ante el juez Hixson un documento en el que argumenta que debería salir de prisión a raíz de la pandemia del coronavirus.

El 19 de marzo de ese año, Hixson ordenó la liberación de Toledo por riesgo de contraer coronavirus en prisión. En lugar de esto, el exmandatario cumpliría arresto domiciliario. También se dispuso que pague una fianza de US$1 millón.

El 28 septiembre 2021, el juez de de la Corte del Distrito Norte de California Thomas S. Hixson “certificó” que Toledo podía ser extraditado pues había causa probable para ser enjuiciado en nuestro país por presuntos actos de corrupción.

Al día siguiente, en una entrevista con la agencia Efe, el exjefe de Estado anunció la presentación del “hábeas corpus” con la finalidad de evitar su extradición. “La siguiente acción de mi defensa aquí en los Estados Unidos es que vamos a presentar un ‘habeas corpus’, que irá a un juez federal de California y luego todavía tiene dos instancias más”, señaló en aquel momento.

El 25 de abril de 2022, la Corte de Justicia de California, en Estados Unidos, decidió rechazar el hábeas corpus con el cual Toledo buscaba impedir que se le extradite al Perú. A esas alturas, el proceso de extradición ya se encontraba en la etapa final.

Posteriormente, el 26 de octubre de ese año, el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de la Corte de San Francisco dejó sin efecto la medida cautelar que presentó el exmandatario para paralizar su proceso de extradición.

Con esta decisión judicial, el Departamento de Estado del Gobierno norteamericano tenía luz verde para autorizar el proceso contra Toledo.

LEE TAMBIÉN | Allanan seis casas en Junín para dar con Vladimir Cerrón: informes señalan presunta ayuda de su madre y otra mujer

El 21 de febrero del 2023, la Fiscalía de la Nación informó que el Departamento de Estado de EE.UU. concedió la extradición de Alejandro Toledo para que afronte el juicio penal por la recepción de coimas de parte de la empresa Odebrecht en el conocido Caso Interoceánica.

La cancillería peruana consideró que la extradición de Toledo, aprobada por Estados Unidos, es un “reconocimiento” a la independencia del sistema de justicia en el Perú.

A través de X (antes Twitter), la Cancillería saludó la decisión y remarcó que la medida muestra el firme compromiso del Estado en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Dos días después, el 23 de febrero, el Gobierno de EE.UU. solicitó ante la justicia de dicho país revocar la libertad bajo fianza y detener a Toledo Manrique, a fin de concretar la extradición por el Departamento de Estado norteamericano.

Luego de seis años, tres meses y doce días, la justicia peruana concretó el 22 de abril del 2023 el retorno al país de Alejandro Toledo desde Estados Unidos.

Extraditado y bajo mandato de prisión preventiva, el expresidente llegó para enfrentar la acusación fiscal en su contra por las presuntas coimas de Odebrecht a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

Tras arribar al Perú en un vuelo comercial, el ex líder de Perú Posible fue trasladado a una celda del penal de Barbadillo. Allí cumplió con la orden de 18 meses de prisión preventiva que le dictaron en el 2017 y ahora con su condena.

LEE TAMBIÉN | Perú entre los países con “alta restricción” de libertad de expresión y de prensa

Concluida la etapa de control de acusación y con la emisión del auto de enjuiciamiento, el caso pasó a juicio oral.

En mayo, el juez Richard Concepción Carhuancho declaró que había mérito para que el expresidente sea llevado a juicio oral. Junto a él, iban también al banquillo de los acusados Avraham Dan On, Sergio Rafael Bravo Orellana, Alberto Javier Pasco-Font Quevedo, Fernando Martin Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro Rey.

Los empresarios José Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Alejandro Graña Acuña, incluidos en la acusación inicialmente, llegaron a un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Odebrecht.

El Ministerio Público solicitó 20 años y seis meses de cárcel contra él. Mientras que, la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Odebrecht, solicitó S/ 1.800 millones y US$ 400 millones por concepto de reparación civil a fin de que sean pagados de manera solidaria por las personas naturales y jurídicas acusadas.

En octubre del 2023, se inició el juicio oral contra Toledo, quien en un primer momento se mostró nervioso y serio ante la cámara con la que conectó desde el penal de Barbadillo a la primera audiencia, esto se fue diluyendo con el paso de las horas, llegando incluso a sonreír y fruncir el ceño cuando el Ministerio Público y la procuraduría presentaban sus alegatos iniciales.

En esa sesión, la fiscalía detalló, por ejemplo, la presunta intervención ilícita de Alejandro Toledo durante el proceso previo y post licitación de la obra y cuyo perjuicio generado fue de US$403′724,042.00. La línea temporal de los presuntos actos de corrupción, según postuló el Ministerio Público, se realizaron entre el 2004 al 2006.

Posteriormente, vino la etapa de los interrogatorios a los acusados por este caso.

LEE TAMBIÉN | Héctor Ventura sobre nueva fiscal de la Nación: “Saludamos su elección y esperamos que no sea el continuismo”

El caso entró en su recta final a inicios de octubre y Toledo declaró como acusado el pasado vienes 11 de octubre en una audiencia en el penal de Barbadillo. Se trató de la primera vez que el expresidente pudo ser visto por la prensa nacional y agencias extranjeras desde su extradición al Perú en abril del 2023 y su primera aparición en un acto público en territorio peruano desde fines del 2016, antes de dejar el país en medio del estallido del Caso Odebrecht.

Finalmente, este lunes 21 de octubre, tras una lectura de sentencia que duró más de cuatro horas, el Poder Judicial condenó a Toledo a 20 años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de colusión (corrupción) y lavado de activos.

El Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional determinó, en un fallo en primera instancia, que Toledo recibió más de US$ 30 millones entre el 2006 y 2011 a cambio de direccionar la referida licitación. Además, que el exmandatario recibió y lavó este dinero mediante las cuentas del empresario israelí Josef Maiman, quien falleció en el 2021.

Por colusión, se le impuso nueve años de cárcel; por lavado de activos, 11 años y seis meses. Ambas condenas suman 20 años y seis meses de prisión.