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El presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), tendría problemas legales si impide eventuales allanamientos en los despachos de los congresistas implicados en la presunta red criminal encabezada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Así lo advirtieron abogados penalistas consultados por El Comercio.
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El titular del Poder Legislativo aseveró- el último viernes 15 de marzo - que no permitirá que se ejecute una posible diligencia fiscal a la oficinas de los legisladores involucrados en la supuesta trama de corrupción.
Soto hizo la afirmación en la red social X (antes Twitter), en respuesta a una publicación del parlamentario Edgar Tello (Bloque Magisterial), que advertía sobre posibles allanamientos a domicilios de legisladores motivados “aparentemente por la fiscal Delia Espinoza”.
Lo que señala el congresista Edgar Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del @congresoperu, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado. https://t.co/lit4SmwAeQ
— Alejandro Soto Reyes (@AlejandroSotoRe) March 16, 2024
Espinoza es la fiscal suprema que investiga a la supuesta organización criminal que encabeza Benavides. A inicios de marzo, la fiscal suprema incluyó a Soto y otros 13 parlamentarios en sus pesquisas.
Se trata de Martha Moyano, Patricia Chirinos, José María Balcázar, Katy Ugarte, Edgar Tello, Germán Tacuri, Gustavo Cordero Jon Tay, José Williams Zapata, Luis Aragón, José Jerí, Ilich López, César Revilla, Jorge Flores.
La investigación también alcanza a dos exfiscales adjuntos supremos y al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón Rojas.
Al presidente del Congreso se le imputan, por ejemplo, los supuestos delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico. Ello por supuestamente haber aceptado someter a debate en el pleno una moción contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ),”solicitando como ventaja” que Patricia Benavides archive una investigación que seguía en su contra.
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Consecuencias
En diálogo con El Comercio, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía, los exprocuradores anticorrupción Antonio Maldonado y Luis Vargas Valdivia y el abogado Roberto Noriega advirtieron que impedir allanamientos a despachos congresales tendría conscuencias legales y que incluso podría tratarse de una infracción a la Constitución.
Andía señaló que no es parte de las atribuciones de Soto impedir ninguna disposición del Poder Judicial y que se mensaje carece de sustento jurídico.
“No hay una razón legítima o legal sobre la cual él podría estar sustentando y decir que no va a permitir allanamientos, como si él tuviera injerencia en el Poder Judicial”, dijo.
El exviceministros ve “improbable” que Soto materialice lo que ha declarado, pero - en caso que lo hiciera - estaría cometiendo el presunto delito de “desobediencia a la autoridad, como instigador, porque si alguno de los congresistas decide no acatar la orden judicial y hace un acto de violencia o amenaza ante la autoridades, podríamos decir que Soto habría sido un instigador”.
“Dependiendo de las acciones que tome Soto para impedir allanamientos, también podría hablarse de usurpación de funciones porque quizás se arrogue funciones que no le corresponden, como ordenar a un juez que no ejecute disposiciones”, advirtió también Andía.
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Por su parte, Maldonado alertó que el presidente del Congreso podría ser acusado de obstrucción a la justicia, encubrimiento personal y encubrimiento real si concreta lo que anunció en X.
Además, indicó que, desde la perspectiva constitucional, ve “una vulneración al principio de legalidad constitucional al impedir que un organismo constitucional autónomo, como el Ministerio Público, cumpla con sus funciones”
Maldonado criticó que varios de los legisladores implicados en la trama de Patricia Benavides señalen que la fiscal Delia Espinoza no tiene competencia para investigarlos y que hayan presentado una denuncia constitucional contra ella. “Es una leguleyada”, sentenció.
Como se recuerda, cinco congresistas, incluidos como parte de la presunta organización criminal que habría liderado Benavides, presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza y solicitaron su inhabilitación en la función pública por diez años.
Los legisladores atribuyen a Espinoza haber incurrido en infracción constitucional y ser responsable de los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de función pública.
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Vargas Valdivia coincidió con sus colegas. “Los posibles delitos serían resistencia y desobediencia a la autoridad y también podría ser denunciado por encubrimiento real, al no permitir la realización de la diligencia de allanamiento con fines de incautación de medios de investigación”, subrayó.
Ello, según dijo, “sin perjuicio de la infracción al artículo 139, inciso 2, de la Constitución, que prescribe que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.
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A su turno, Roberto Noriega, del estudio Linares, señaló que impedir un eventual allanamiento a los despachos configuraría el presunto delito de obstrucción a la justicia, que se sanciona con penas que van desde desde los 5 hasta los 8 años de prisión.
En otro momento, el abogado recordó que la fiscal Espinoza recibió el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos.
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Además…
Soto investigado por red criminal de Patricia Benavides
- Los delitos imputados por el Ministerio Público a Alejandro Soto son cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico. Esto por supuestamente haber aceptado someter a debate en el pleno una moción contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ),”solicitando como ventaja” que Patricia Benavides archive una investigación que seguía en su contra.
- Esta información se desprende del testimonio del exasesor de Benavides, Jaime Villanueva. Así lo dio a conocer El Comercio.
- Conocida la declaración de Villanueva que lo implica, el presidente del Congreso negó públicamente haberse reunido con asesores con Patricia Benavides y que no ha tenido interés en “negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios, pues no he cometido delito alguno”.
