La entrevista se realizó la tarde del jueves 23, cuando aun el Gobierno no había anunciado el retiro definitivo del embajador en México, aunque quizá para entonces ya estuvieran sopesando la decisión. “Ha costado transitar por un camino pedregoso y con una narrativa equivocada”, comentó Alberto Otárola cuando se le preguntó sobre la imagen que el Perú parece reflejar ante el mundo: un país solo, repleto de problemas, con un gobierno en apuros que ha recibido muchas más críticas públicas que apoyo por parte de gobernantes de otras naciones. “Tenemos problemas no con los países, sino con los presidentes de esos países”, dijo también.
—A estas alturas, ¿diría que han sido superados los conflictos sociales iniciados en diciembre?
Hemos pasado una etapa complicada para el país, que se ha expresado en una mezcla de violencia política y una proveniente de los sectores que han financiado esto, y que han pretendido algo que no se apreciaba desde la época de Sendero: la toma del poder por las armas y por la fuerza, aunque con otras características. Para mí, ha sido como una pesadilla, momentos muy tristes y dolorosos, pero que nos obligaron a tomar decisiones.
—¿A qué cree que se deba esta suerte de calma actual? Podría decirse que por cansancio, por falta de liderazgo en las protestas o porque las demandas no aterrizaban en algo puntual. Difícilmente alguien diría que es por méritos del Gobierno.
Yo creo que el Gobierno sí ha tomado decisiones adecuadas. Poco a poco los fuimos encajonando, de manera política y mediática, y esto se demostró claramente el día de la famosa ‘Toma de Lima’. Todo el país vio cuántos eran, quiénes eran y cómo actuaban. Un proceso que se inició en todo el país con toma de aeropuertos, el fallecimiento de compatriotas, el destrozo de locales públicos, los saqueos; lo que parecía una violencia de dimensión nacional poco a poco se fue encajonando hacia lo que realmente era, terminó en una marcha en Lima, de unas 12.000personas, un tercio de ellas muy organizadas y violentas, y el país vio en vivo y en directo cómo agredían a la policía.
"Para mí, ha sido como una pesadilla, momentos muy tristes y dolorosos, pero que nos obligaron a tomar decisiones"
—Es cierto que Lima no fue tomada, ¿pero aquello de “todo está bajo control” no fue un exceso de entusiasmo de la presidenta Boluarte? Ese día había un centenar de bloqueos, una persona fallecida en la avenida Abancay...
Lo que dijo la presidente es que la situación en Lima estaba bajo control y que nosotros estábamos dirigiendo un operativo de la policía a escala nacional con metas claras y concretas. Creo que, luego de esa experiencia, hubo tres factores: un hartazgo de la población; una reacción de la propia sociedad civil, que vio que el país no podía seguir en esta espiral violentista; y, en tercer lugar, me parece que ha habido problemas entre ellos. ¿Qué vemos ahora? Vemos una meseta, hemos hecho consultas con los especialistas en el sentido de que esto se va a mantener por algún tiempo y va a bajar.
—¿Eso incluye a Puno? Allá todavía hay bloqueos y paros a diario.
La de Puno es una situación especial, la estoy entendiendo en estos últimos días. Allá hay mucha impunidad para la exportación de oro ilegal, una economía parcialmente ilícita que ha aprovechado esta situación para llevar oro ilegal a Bolivia, mucho oro. Mientras estamos conversando hay camionetas con oro que salen de Puno hacia Bolivia. Antes había muchísimo más control, porque en la frontera estaba la policía. Se ha generado un traslado muy poroso de oro y dólares, y esa economía es la que puede mantener a estos grupos organizados que, a su vez, pueden mantener a los pequeños grupos violentistas. Pero la población de Puno, en su gran mayoría, quiere regresar a la tranquilidad.
"Debemos tomar el control territorial. Los militares no van a entrar a reprimir, van a entrar a proteger los activos críticos"
—¿Y de qué manera se pretende actuar en esa región? Actualmente está bajo control militar.
Debemos tomar el control territorial. Los militares no van a entrar a reprimir, van a entrar a proteger los activos críticos. Ya se ha recuperado el puesto fronterizo; vamos a recuperar rápidamente las comisarías incendiadas.
—Esta semana, en una entrevista en radio Exitosa, usted dijo que “este Gobierno será recordado como el que estabilizó una situación de crisis”. ¿No será también por los muertos que ha dejado ese proceso?
Sí, creo que lo más lamentable de todo esto son los fallecidos, eso ha causado mucho dolor y consternación en el interior del Estado. Rápidamente instalamos una comisión que involucró a varias instituciones, y producto de eso se ha aprobado una ayuda económica para los familiares de las víctimas, y se dispuso la atención humanitaria. Concretamente respecto a los fallecidos, el Ministerio Público está haciendo su trabajo, y es lo que corresponde. En todos los gobiernos se producen estas circunstancias que, esperemos, sean entendidas en su real contexto. El verdadero responsable de todo esto tiene nombre y apellido, Pedro Castillo, y es ahora inquilino en Barbadillo. Todo ha sido propiciado, azuzado y alentado por Castillo.
—De acuerdo, Castillo es el origen del problema, pero no fue él quien dio las órdenes para los operativos militares en Puno y Ayacucho, o para el ingreso de la policía a San Marcos.
Lo que se dispuso fue el estado de emergencia y, según las normas vigentes y la Constitución, los ministros hacen un control político de los acontecimientos, están prohibidos de intervenir en los operativos, eso sería usurpación de funciones.
—Pero sí hay una responsabilidad política.
Siempre ha habido una responsabilidad por restablecer el orden en el país.
—En la misma entrevista dijo que hubo “instrucción específica de proteger la salud y la vida”. ¿Es posible que en Ayacucho no se haya cumplido esa disposición?
Eso lo dirá la fiscalía.
—En el 2012, cuando era ministro de Defensa de Ollanta Humala, renunció tras la crisis en Kepashiato [un secuestro terrorista terminó con la muerte de al menos ocho efectivos]. Usted asumió la responsabilidad política para no ser un peso para el gobierno. Es más, al irse, dijo: “Me siento orgulloso de dar un paso al costado”.
Repito lo que dije en ese momento: como ministro y ciudadano, mi deber ha sido la protección de la vida y la seguridad de los peruanos.
"He visto todo el expediente, porque se me ha acusado de genocidio. Me tendré que defender"
—¿Vio los videos sobre los muertos en Ayacucho?
He visto todo el expediente, porque se me ha acusado de genocidio. Me tendré que defender.
—Asumir la responsabilidad política no significa que usted haya lanzado la bomba lacrimógena o haya disparado el fusil...
Lo que puedo asegurar es que el Gobierno ha dado todas las garantías y facilidades al Ministerio Público para que haga su trabajo y averigüe la verdad.
—Todos hemos visto las imágenes, son bien claras...
Lo que he visto son las órdenes de la presidenta y los ministros de proteger la vida y la integridad de los peruanos.
—En el caso del ciudadano que murió en Lima, a quien evidentemente le disparan a la cabeza en una actuación policial por lo menos controversial...
La disposición fue la misma: proteger la seguridad y la vida de los ciudadanos.
—En ese caso no pareció haberse cumplido.
Se debe haber cumplido porque, repito, la disposición fue la misma en todos los casos.
—Cuando Raúl Molina dejó el cargo de jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia, declaró: “Faltaron gestos políticos fuertes en momentos oportunos”. Quizá se refería...
Primero, una aclaración: no dejó el cargo, la presidenta le pidió la renuncia. No hemos tenido ocasiones de discutir ese tema, por las ocupaciones que tenemos a diario. Lo más importante aquí es que la presidenta está conduciendo al país con transparencia, permanente contacto con la prensa y los ciudadanos, y con una actitud distinta al anterior gobierno, que fue desastroso.
—Ahora que hay esta “meseta”, como la ha llamado, ¿se ha pensado en relevo de ministros en las carteras más comprometidas con lo sucedido semanas atrás?
No puedo dar esa respuesta, quien toma esa decisión es la presidenta.
—Pasando a otro tema: ¿el Congreso de verdad quiso adelantar elecciones o fue una pantomima?
En primer lugar, debo reconocer la existencia de un bloque democrático en el Congreso que no ha seguido el juego de los violentistas. En segundo lugar, en dos ocasiones presentamos proyectos de ley para el adelanto de elecciones. Hemos hecho invocaciones, la presidenta se ha dirigido en público a los congresistas. No es que querramos arrimarle la responsabilidad a ese órgano del Estado, sino que la tiene.
—Queda una salida, la más drástica, si se quiere, que es la renuncia de la presidenta para así ‘forzar’ a convocar nuevas elecciones.
No vamos a obligar a ningún poder del Estado, somos respetuosos de la Constitución. Allí dice que el Poder Ejecutivo tiene que conducir al país. Lo estamos haciendo, no estamos marchando en piloto automático.
—La presidenta ha comentado que no va a renunciar, pero usted lo ha dicho más veces que ella misma. ¿Eso no alimenta la idea de que la voz cantante no la lleva quien debería?
Yo estoy cumpliendo estrictamente el papel que la Constitución me da: el primer ministro es el vocero autorizado del Gobierno. Hay que cuidar a la institución de la presidencia de la República.
—¿Honestamente prefiere que el gobierno se quede hasta el 2026?
Lo que preferiría es que se atiendan los proyectos de ley que hemos enviado al Congreso. Incluso con el Ministerio de Economía ya estábamos echando números para ver cuánto costaría un adelanto de elecciones en el 2023 o 2024. Pero tenemos que salir ya de este debate perverso.
"Estoy cumpliendo estrictamente el papel que la Constitución me da: el primer ministro es el vocero autorizado del Gobierno. Hay que cuidar a la institución de la presidencia de la República"
—¿Cuando la presidenta Boluarte juró el cargo y habló de entregar la banda en el 2026 fue otro exceso de entusiasmo?
No, fue una obligación constitucional. El reglamento del Congreso y la Constitución piden jurar hasta el fin del mandato. Eso no fue nada preparado.
“ME CONSIDERO DE CENTRO IZQUIERDA”
—Años atrás, publicó un libro titulado “La Constitución de 1993. Estudio y reforma a quince años de su vigencia” y, en las protestas del 2020, según sus propios tuits, dijo que ya era momento de cambiarla. ¿Por qué ahora piensa que no es el momento?
La Constitución de 1993 tiene más de 57 modificados, lo que no ha cambiado es el modelo político que ha generado todos estos problemas. El libro plantea reformas para regular la cuestión de confianza, el regreso al Senado. Nunca he propuesto una reforma de los capítulos económicos. Podría pensarse en una Constitución del siglo XXI, pero con la condición de que exista un momento constituyente.
—Usted ha sido ministro y después abogado de Ollanta Humala. En una entrevista a este Diario, él contó que se peleó con la izquierda cuando sucedió lo de Conga. ¿No le está pasando lo mismo ahora a Dina Boluarte?
Podría ser.
—También comentó que “la izquierda peruana es la más inmadura de Latinoamérica”.
La izquierda en el Perú no ha terminado de madurar. Sería bueno que tuviéramos una izquierda democrática que hable sin ambages del libre mercado, de la necesidad de rectificar inequidades, pero sin salirse del cauce constitucional. Que no sea contestataria, dogmática. Los hemos visto más o menos ocultos en las marchas, pero, cuando los hemos invitado a dialogar, no lo han hecho. Necesitamos la refundación de una izquierda en la que me ubico. Yo me considero de centroizquierda.
—Vargas Llosa nos dijo hace poco: “Todos los regímenes de izquierda han fracasado en el mundo”. ¿Se identifica usted con alguno que funcione?
No, lamentablemente. Lo que requiere América Latina son gobiernos que respondan a las necesidades de cada país. Pérez de Cuéllar decía que el presidente es el piloto de un avión que debe girar a la izquierda o la derecha según el estado del tiempo lo determine.