Alberto Fujimori seguirá recibiendo su pensión vitalicia de S/15.600 debido a que la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), decidió no suspenderla y optar más bien por pedir la opinión de especialistas. Ellos deberán emitir sus informes sobre el caso en un plazo no mayor de 60 días.
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Así lo anunciaron los legisladores Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País), primera vicepresidenta y tercer vicepresidente del Parlamento, respectivamente.
En la víspera, Salhuana había anunciado que propondría iniciar una etapa de consultas a expertos y que el pago del beneficio a Fujimori sea suspendido mientras dure ese proceso. Sin embargo, los integrantes de la mesa solo dieron luz verde a lo primero.
La decisión fue aprobada con el voto del titular del Congreso, Cavero y el perulibrista Waldemar Cerrón, quien ocupa la segunda vicepresidencia.
En diálogo con El Comercio, Juárez -quien votó en contra- reiteró que la postura de su bancada es que al líder histórico de su partido le “corresponde” la pensión vitalicia y que no debe ser revisada porque el área administrativa del Legislativo ya tomó una decisión.
“En un lapso no mayor de 60 días se harán consultas a especialistas y al área legal del Congreso”, indicó. Agregó que, es probable, que sea Salhuana quien seleccione a los constitucionalistas que evaluarán el tema.
Por su parte, Cavero señaló que la Mesa Directiva no tomará una decisión sobre el caso sino que lo hará el área administrativa, como ocurrió en un primer momento cuando se dio luz verde a la pensión del expresidente (1990-2000).
El parlamentario de Avanza País aseguró que las consultas a los especialistas serán enviadas al área administrativa para que evalúe si ratifica su decisión, en base a “mayores elementos y análisis externo”.
“La decisión la toma la administración del Congreso y siempre la ha tomado. A la Mesa Directiva no le toca [...] En este caso, la mesa ha considerado que no es competencia nuestra firmar ese tipo de cosas respecto de la pensión”, remarcó.
Como se recuerda, durante la gestión del apepista Alejandro Soto al frente del Legislativo, el área administrativa del Congreso- integrada, en su mayoría, por funcionarios vinculados a APP- aprobó el beneficio económico para Alberto Fujimori. La decisión fue notificada al propio expresidente el pasado 10 de julio.
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Opiniones
En diálogo con este Diario, los constitucionalistas Aníbal Quiroga y Alejandro Rospigliosi consideraron que es adecuado que la Mesa Directiva pida la opinión de especialistas. Sin embargo, cuestionaron que no se haya suspendido el pago de la pensión de Fujimori mientras dure este proceso. Además, calificaron de excesivo el tiempo que se tomará dicha instancia para recoger los comentarios de los expertos.
Para Quiroga, “no está mal” que la mesa cuente con “un fundamento jurídico apropiado porque el informe del área administrativa es muy deficiente, incompleto y poco jurídico”. Sin embargo, a su criterio, el plazo de 60 días es “exagerado”.
“Lo que parecería es que están ganando tiempo a ver si la noticia sale del centro del interés de la opinión pública”, apuntó.
Además, opinó que “debió suspenderse la asignación a Fujimori, a través de una medida cautelar, hasta que la situación se resuelva”.
“La Mesa Directiva debería suspender cautelarmente esta mal llamada pensión hasta que tenga una decisión final. Este tipo de medidas se basan en la irreparabilidad. ¿Qué pasa si le sigues pagando y luego de determina que no le corresponde y no tiene cómo devolver?”
Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista.
Quiroga también advirtió que hay que preocuparse de que los especialistas a los que les van a pedir opinión no estén vinculados con el fujimorismo. Añadió que las recomendaciones de los expertos también podrían ser usadas en eventuales casos similares.
“La ley es general, no tiene nombre propio. Si bien resuelves el tema concreto de Fujimori, en realidad la consulta debería establecer un principio de interpretación de la ley en general”.
Finalmente, Quiroga advirtió que, en caso la decisión sea ratificada, sería un precendente negativo ante casos parecidos.
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A su turno, Rospigliosi, quien ha sido jefe de Gabinete de la Mesa Directiva, subrayó que a Fujimori “no le corresponde” recibir pensión porque así lo estable la ley. “El indulto absuelve la pena, pero no la sentencia que le impusieron, por tanto no le corresponde recibir pensión”, subrayó.
Añadió que Salhuana, al ser un congresista con mayor experiencia que Soto, ha tomado una decisión adecuada al proponer que especialistas brinden su opinión técnica. “Pudo haberse hecho el loco y seguir adelante. La gestión de Soto pudo haber aprobado esta indebida y mal denominada pensión, pero ahora la responsabilidad la tiene él”, dijo.
Rospigliosi señaló que “corresponde a la Mesa Directiva y no al área administrativa del Congreso decidir si Fujimori sigue recibiendo” el beneficio económico debido a que el reglamento dice que la “máxima autoridad de la administración de los recursos del Congreso es la mesa”.
“El señor [Alberto Fujimori] no ha sido empleado del Congreso, tampoco es un proveedor, ha sido un expresidente y la decisión la debe tomar la Mesa Directiva, tal y como ha pasado en otros casos”,
Alejandro Rospiglisi, abogado constitucionalista.
El constitucionalista también consideró “excesivos” los 60 días de plazo establecidos por la mesa y, aseveró que -a su criterio -debió suspenderse el pago a Fujimori.
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Críticas
Los congresistas Ruth Luque (Bloque Democrático), Nieves Limachi (Juntos por el Perú- Voces del Pueblo), Edwin Martínez (Acción Popular), Carlos Zeballos (Podemos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia) criticaron la decisión de la Mesa Directiva.
Luque cuestionó que Salhuana haya anunciado que propondría que se suspenda la pensión y que no esto no ocurriera. “Alberto Fujimori seguirá cobrando ilegalmente plata que le pertenece a todos los peruanos y queda claro que no es cierto que es una decisión administrativa porque, de ser así, ni siquiera habrían tomado la decisión [de solicitar opiniones de expertos]”, aseveró.
La legisladora de izquierda opinó que le corresponde a la Mesa Directiva tomar la decisión y no al área administrativa del Congreso. Agregó que, lo que están intentando, desde su punto de vista, “es ganar tiempo para que la ciudadanía se olvide de esta decisión”.
Finalmente, exigió que se dé respuesta al oficio que presentó, en el que pidió que se suspenda el pago de la pensión a Fujimori y que se le entregue toda la documentación sobre el caso.
Limachi dijo, a su turno, “que espera que la Mesa Directiva evalúe el caso de forma célere” y “no alargue más el tema”. “En mi opinión, los presidentes no deberían recibir pensión vitalicia”, expresó.
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“Se debería suspender porque es ilegal la asignación de la pensión. Si se quiere evaluar es porque las cosas no se hicieron bien. Se debe paralizar cualquier acto administrativo hasta que se resuelva”, opinó Zeballos.
Para el congresista Martínez, “si se va a hacer una evaluación es porque hay insconsistencias jurídicas, por tanto se le debe suspender” la pensión al expresidente.
De otro lado, Cueto calificó de “discutible” la decisión adoptada por la Mesa Directiva. Sin embargo, opinó que está dentro de sus facultades. Agregó que mientras no se derogue la ley que otorga ese beneficio, le corresponde a Fujimori recibirlo. “Yo sigo pensando que no deberían haber pensiones vitalicias de esta índole”, concluyó.
Este Diario intentó comunicarse sin éxito con congresistas de las demás agrupaciones.
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- La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, detalló a El Comercio que en la reunión también se precisó qué oficinas están asignadas a las vicepresidencias y se rechazó un viaje solicitado por el presidente del Parlamento Andino, Gustavo Pacheco.