Una reunión reservada, en la que participaron los principales promotores de las marchas en Puno, se llevó a cabo la mañana del 31 de diciembre en la Casa del Maestro ubicada en el segundo piso de un centro comercial de Juliaca, de acuerdo con un reporte de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Amador Núñez Díaz, presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno, convocó a los principales dirigentes a un encuentro que tenía como objetivo definir la reanudación de las manifestaciones previstas para después de las fiestas de fin de año.
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El reporte de inteligencia policial señala que en el cónclave tuvieron activa participación docentes y dirigentes del Sutep, y dirigentes de los ronderos y comerciantes de Juliaca.
Por mayoría, el grupo dirigencial acordó la reanudación de una huelga indefinida para el 4 de enero, así como la elaboración de una plataforma de lucha definitiva que incluyera nuevas elecciones y el cierre del Congreso.
Además, ordenaron que las autoridades regionales y municipales que debían asumir sus cargos el 1 de enero del 2023 se abstuvieran de cualquier “tipo de diálogo o de recibir a ministros, congresistas enviados por Dina Boluarte”, tal como se había realizado el 30 diciembre en Cusco, cuando la presidenta de la República estuvo en esa ciudad. “Caso contrario –señaló un dirigente en la reunión, según el informe– serían sancionados”.
Este punto fue discutido ampliamente por los dirigentes luego de que se supiera que cuatro ministros del Gobierno –de las carteras de Cultura, Desarrollo Agrario y Riego, Ambiente y Energía y Minas– preparaban su visita a Juliaca el 29 de diciembre, la misma que fue cancelada a último minuto por falta de garantías.
Entre los principales dirigentes que alentaron cada uno de los puntos de protesta figura Pedro Quispe Quisocala, subsecretario de prensa y propaganda del Sutep Puno, facción de trabajadores ligada al sector Educación.
Pedro Quispe Quisocala y Amador Núñez fueron quienes al final del encuentro del 31 de diciembre exigieron que las siguientes reuniones, una vez iniciado el paro, debían ser reservadas a fin de que la estrategia para la huelga indefinida no pueda filtrarse o divulgarse a la policía o a funcionarios del gobierno de Dina Boluarte.
Pedro Quispe, como dirigente del Sutep, tiene registradas varias denuncias, entre archivadas y en curso, en las fiscalías de Juliaca y Lampa por los delitos de daños, coacción y secuestro. Otras denuncias que tiene son por lesiones, violencia familiar (maltrato físico y psicológico), además de hurto y concentración crediticia en una institución bancaria (estafa).
Félix Suasaca Suasaca, presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y del Lago Titicaca, propuso durante el encuentro una marcha de los cuatro suyos y el envío de representantes a Lima a fin de exigir “[la] liberación de Pedro Castillo, [la] renuncia de Dina Boluarte a la presidencia y no más concesiones mineras”, entre otros pedidos.
Suasaca tiene tantas denuncias presentadas por él contra empresas por delito ambiental como denuncias en su contra por su forma de proceder como dirigente y padre de familia.
En la fiscalía de Puno, Juliaca y Lampa tiene denuncias por resistencia a la autoridad, daños y disturbios, pero también denuncias por actos contra la libertad sexual y agresiones en contra de mujeres y familiares (lesiones corporales) en diferentes años. Extrañamente todas fueron archivadas o desde el 2011 están en los archivos de la fiscalía.
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