Plantean que altos funcionarios declaren intereses

“La corrupción es más grave de lo que pensábamos y entendíamos”, nos dice Eduardo Vega instantes antes de estampar su firma en el informe final de la Comisión Presidencial de Integridad, la misma que creó el mandatario Pedro Pablo Kuczynski para que en 45 días le alcance recomendaciones para prevenir y sancionar de manera efectiva los actos de corrupción en el Estado.

Vega y su equipo, entre ellos personalidades como Allan Wagner, Max Hernández y Santiago Pedraglio, entregaron ayer 100 propuestas, resultado de reuniones en provincias y entrevistas con autoridades y representantes de la sociedad civil.

La primera y novedosa recomendación es que, a más tardar el 31 de enero próximo, los altos funcionarios públicos, empezando por el jefe del Estado, presenten “una declaración jurada de intereses” en la que expongan sus vínculos comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales en los últimos cinco años. También tendrían que hacerlo ministros, congresistas,  magistrados, gobernadores regionales, alcaldes, entre otros.

—Prevención es clave—
Para la transparencia en las contrataciones con el Estado se plantea “un proceso de verificación” que evite que personas condenadas por delitos graves sean proveedoras del Estado. Asimismo, fortalecer la central de compras Perú Compras porque “casi nadie la conoce”.  

El ex defensor del Pueblo dijo además que la figura del “arbitraje ad hoc de las contrataciones públicas debe eliminarse”. A esta se recurre cuando un contratista incrementa sin motivo el costo de una obra pública. En su lugar, agrega, se debe afianzar el arbitraje institucional a cargo de universidades o cámaras de comercio.

—Sanciones efectivas—
Para garantizar la sanción a los altos funcionarios que delinquen, la comisión propone un sistema especializado que integre a la policía, fiscalía y Poder Judicial, a fin de desterrar la percepción de impunidad en la población.

Las campañas electorales no quedaron fuera. Sobre esto se recomienda prohibir y sancionar las donaciones anónimas a partir de 1 UIT. Además, fijar un tope de 10% del monto anual o por campaña que los partidos puedan captar por actividades proselitistas, como rifas y cocteles.

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