PJ no accedió a crear juzgados exclusivos para caso Lava Jato en tres ocasiones: Villarán, Vizcarra y las acusaciones que aún no llegan a juicio

La más reciente de estas respuestas de parte del PJ fue firmada en octubre del 2023, ante una solicitud hecha por la Procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato. Allí se argumentó que estos casos no tienen mayor “interés jurídico” o “repercusión nacional” que otros que actualmente se ven en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE). Es en esa corte donde se vienen tramitando los casos de Lava Jato y donde también se ven distintos casos de terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico, crimen organizado y corrupción.

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Pese a ello, la defensa del Estado insistirá en su solicitud. “Esto tendría que ser reevaluado por el PJ. La situación actual evidencia que sí se necesitan jueces que puedan atender exclusivamente estos casos. En ese sentido, la procuraduría va a insistir en un nuevo pedido para que se reevalúen las circunstancias y el PJ pueda atender esta necesidad, para administriar justicia, de juzgados a dedicación exclusiva”, dijo Silvana Carrión, procuradora del caso Lava Jato, a El Comercio.

Este Diario informó recientemente que, entre junio del 2019 y enero del 2024, el equipo especial del Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial 17 acusaciones por el caso Lava Jato. Sin embargo, a lo largo de estos años, solo ocho han podido avanzar a la etapa de juicio y en ninguna de ellas aún se dicta sentencia. Casos como los de Martín Vizcarra, Susana Villarán y Félix Moreno, por ejemplo, llevan más de un año a la espera del juicio

Los casos Lava Jato en el Poder Judicial

El caso Lava Jato en Perú estalló en diciembre del 2016. En respuesta, el Ministerio Público creó un equipo especial de fiscales para que se dediquen de forma exclusiva a las múltiples investigaciones ligadas a Odebrecht y sus socias peruanas, así como otras empresas brasileñas. Meses después, el Ministerio de Justicia también dispuso la creación de una procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato, cuyo rol es defender al Estado en esos procesos, lograr reparaciones civiles y promover denuncias. El PJ, sin embargo, no creó una contraparte dedicada a exclusividad al caso.

Inicialmente, estos procesos fueron atendidos principalmente por dos entidades del PJ: la antigua Sala Penal Nacional, que también veía casos de narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y organización criminal; y el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, creado en el 2017, donde algunos jueces sí veían casi exclusivamente casos de Lava Jato. A fines del 2018, ambas se fusionaron para formar una sola corte. Y a fines del 2019, nació como tal la actual CSNJPE, que siguió atendiendo los casos Lava Jato junto al resto de delitos ya mencionados.

En los últimos meses del 2021, la fiscalía ya había presentado nueve acusaciones por los casos de: Ollanta Humala, Ecoteva, Metro de Lima, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Félix Moreno, Vía Evitamiento Cusco, Bonos Soberanos y Ositran. Todos ellos se tramitan ante la CSNJPE, a excepción del caso Ecoteva, el cual se ve en un juzgado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Sin embargo, solo el caso de Ollanta Humala estaba por pasar a esa etapa luego de más de dos años en control de acusación, la fase en que se decide si una acusación cumple los requisitos de fondo y de forma pasa llegar a juicio y obtener una sentencia. En teoría, esa debe ser una fase rápida que sirve más adelante para que el juicio sea más rápido. Pero en la práctica, por su complejidad, el control de acusación de los casos Lava Jato se ha convertido en una fase larga y dilatada que puede durar años, tanto o más que el juicio posterior [VER RECUADRO]

Fue en ese contexto que el equipo especial de la fiscalía hizo una primera solicitud al Poder Judicial para crear juzgados exclusivos para sus casos. Se tomó como antecedente los juzgados para los casos Fujimori-Montesinos creados hace más 20 años. La procuradura del caso Lava Jato, Silvana Carrión, se sumó a esa solicitud, tal como comentó por entonces en una entrevista con El Comercio. Ante las demoras para que un caso llegue a juicio, recordó que “puede existir riesgo de prescripción de los delitos menores como tráfico de influencias, negociación incompatible” y “riesgo de la pérdida de la prueba: testigos que pueden enfermarse o, producto de la pandemia, fallecer”,

La primera respuesta negativa llegó en febrero del 2022, durante la gestión de Elvia Barrios como presidenta del PJ. Según se lee en el documento emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. -al que accedió El Comercio-, el pedido fue hecho por la fiscalía a la misma CSNJPE para que allí se designe a jueces exclusivos para la etapa de investigación y control de acusación (juzgados de investigación preparatoria) y para la posterior etapa de juicio (juzgado colegiados).

Ante ello, el presidente de la CSNJPE, César Sahuanay, se reunió con los jueces de su corte, quienes concluyeron que la propuesta “no era viable” ya que los juzgados estaban capacitados para llevar a caso los juicios. Además, emitieron un reporte señalando que tenían seis casos de Lava Jato en etapa de control de acusación (no se incluyó la acusación del caso Bonos Soberanos, de diciembre del 2020) y uno en juicio, el de Ollanta Humala.

También se informó que habían dispuesto que cuatros juzgados de investigación preparatoria no reciban casos nuevos para que puedan atender los que ya tenían en trámite. Dos de ellos, los jueces Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga, venían tramitando cuatro controles de acusación de Lava Jato. Finalmente, se consideró que solo en el caso de Ollanta Humala estaba por iniciarse el juzgamiento y que “los futuros juicios permitirán evaluar la celeridad y eficacia” de los juzgados colegiados. El juicio al expresidente arrancó ese mes, en febrero del 2022, y ya cumplió más de dos años en marcha, sin fecha prevista para que termine.

Esa postura fue remitida por César Sahuanay al Consejo Ejecutivo para que evalúe el pedido y lo resuelva “según sus atribuciones”. El Consejo Ejecutivo, entonces liderado por la jueza suprema Elvia Barrios como presidenta del Poder Judicial, dispuso que se “tenga presente” lo informado por la CSNJPE y se recomendó al equipo especial a hacer su solicitud mediante “el canal de comunicación institucional correspondiente”. El rechazo no fue explícito, pero en la práctica, el pedido fue desestimado.

En abril del 2022 llegó una nueva respuesta ante pedidos similares hechos por la procuraduría y por la Fiscalía de la Nación. Esta vez se citó un informe encargado a la Secretaría Técnica de la Unidad de Equipo Técnico Institucional (UETI) del Código Procesal Penal, un órgano de apoyo del Consejo Ejecutivo del PJ.

El informe reiteró los argumentos citados en la primera negativa del Consejo Ejecutivo del PJ y añadió que la CSNJPE ya había nombrado, en enero del 2022, a cuatro juzgados colegiados para desarrollar juicios. Sin embargo, también indicaron que ellos no tenían capacidad para evaluar pedido de ese tipo, sino que estos debían ser dirigidos a la presidencia de la corte o al mismo Consejo Ejecutivo del PJ.

En su resolución, el Consejo Ejecutivo no hizo mayor análisis y se limitó a “tener presente” el referido informe. También dispusieron que “en su oportunidad, de ser el caso, se reevaluará las propuestas contenidas en dichos documentos”. Nuevamente, el rechazo no fue implícito.

La procuraduría ad hoc insistió y en julio del 2023 envió una nuevo pedido a la presidencia del Poder Judicial, ya ocupada por Javier Arévalo. En el documento firmado por la procuradura Silvana Carrión se reitera la solicitud de juzgados a dedicación exclusiva para el caso Lava Jato. Para entonces, la fiscalía ya había presentado seis acusaciones más por los casos: Susana Villarán, Martín Vizcarra, PPK, Interoceánica tramo IV, Alpha Consult, Caso Doleiros. Además, se habían iniciado los juicios del Metro de Lima en la CSNJPE y del Caso Ecoteva en la Corte Superior de Justicia de Lima; y estaba por comenzar los juicios de Alejandro Toledo y el Caso Bonos Soberanos.

Carrión señaló que los pedidos previos para la creación de estos juzgados no habían “tenido una respuesta formal” y citó el antecedente de los juzgados para el caso Fujimori-Montesinos, creados en el 2001 ante la complejidad de esos procesos y la expectativa de la ciudadanía por una resolución. “Es inevitable no establecer una comparación entre el caso ‘Fujimori-Montesinos’ y el caso ‘Lava Jato’, teniendo en cuenta que los daños e impactos causados por este último siguen generando una gran afectación para nuestro país, con consecuencias y resultados imprevisibles”, señaló.

La procuraduría informó al PJ que que Lava Jato implicaba más de 150 procesos judiciales “de gran complejidad” que involucran a más de 1,200 personas, entre políticos, funcionarios, empresarios, ejecutivos, alcaldes, gobernadores y abogados; además de 200 personas jurídicas (empresas). En ese último grupo, enfatizó, estaban empresas concesionarios de los proyectos Rutas de Lima y Línea Amarilla, vías transitadas por millones de limeño que “tienen que pagar elevadas tarifas de peajes como consecuencias de los actos de corrupción que habrían producido” para otorgar esas concesiones.

Pese a ello, agregó, solo 1 de los 150 procesos tienen una sentencia en doble instancia (el caso Chacas-San Luis) y de los casos con acusación, ocho llevaban “más de dos años” en control de acusación. Es decir, a la espera de llegar a juicio. “Me permito reiterar a usted nuestro pedido, a fin de que se evalúe la posibilidad de crear juzgados especiales para que se dediquen de manera exclusiva a procesar y juzgar los casos ‘Lava Jato’ y conexos”, concluyó la procuradora en su oficio, firmado el 26 de julio pasado.

La respuesta oficial llegaría tres meses después y esta vez sería más directa: se rechazó la solicitud. La breve resolución del Consejo Ejecutivo del PJ, esta vez con firma de Javier Arévalo, citó para ello un nuevo informe de la Secretaría Técnica de la UETI. Tras analizar el pedido, se recomendó rechazarlo porque “no se podría otorgar una priorización distinta al presente (sic), ya que todas las causas que tiene en conocimiento la CSNJPE son del mismo interés jurídico y repercusión político”. El Consejo Ejecutivo del PJ accedió y resolvió “desestimar” el requerimiento.

Desde el estallido del caso Lava Jato y las primeras negativas del PJ, la carga de casos en la CSNJPE ha ido en aumento. Asumieron competencias sobre casos de afiliación a terrorismo, casos del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder ligados al expresidente Pedro Castillo, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides o el expresidente Martín Vizcarra; así como casos de organizaciones criminales como el ‘Tren de Aragua’ o ‘Los Hijos de Dios’. Además, siguen atendiendo casos complejos anteriores a Lava Jato, como los ligados al abogado Rodolfo Orellana o el exgobernador César Álvarez.

En tanto, casos como el del exgobernador chalaco Félix Moreno llevan más de dos años en control de acusación; mientras que el de la exalcaldesa Susana Villarán, que tiene vínculos con Rutas de Lima, va en ese mismo camino. A nivel de juicios, el Tercer Juzgado Colegiado iniciará en julio el del Caso Cocteles. A la fecha, ese mismo tribunal dirige el juicio contra Ollanta Humala por el caso Odebrecht, el del Caso Bonos Soberanos (ambos de Lava Jato) y otro contra César Álvarez. Si estos no terminan antes del 1 de julio, como todo parece indicar, es posible que ese colegiado lleve cuatro juzgamientos de casos complejos al mismo tiempo.

“Hemos evidenciado un retraso importante en la programación de convocatoria de audiencias de estos caso. En el PJ se está creando una especie de embudo que genera este retraso [...] Este problema no se va a solucionar y la percepción de la ciudadanía respecto al retrason de los casos no va a variar si no se atienda esta situación y se crean juzgados exclusivas para Lava Jato”, remarcó la procuradora Carrión.