Perfil del policía acusado de descuartizar joven en Comas: anterior víctima revela las atrocidades que cometió
La bancada de Perú Libre presentó el último tres de octubre un proyecto de ley con nombre propio, de autoría del congresista Américo Gonza. Con ello, sumó al menos seis propuestas legislativas diseñadas para beneficio propio o el de sus integrantes.
Gonza planteó que se fije una nueva escala remunerativa para los trabajadores del despacho presidencial. En síntesis, la propuesta busca que se incremente el sueldo a un grupo de funcionarios de Palacio de Gobierno.
El cuestionamiento radica en que Gonza cuenta con un puesto de trabajo a plazo indefinido en el despacho presidencial, como reconoció el último lunes, tras ser revelado por el diario La República.
“Yo soy nombrado técnico administrativo en Palacio de Gobierno. [...] Yo estoy con licencia para ejercer el cargo”, dijo. Y luego añadió: “Estoy legislando para los trabajadores. ¿Voy a hacer una ley que diga para los trabajadores, menos para Américo Gonza? Eso no se puede hacer”.
Perú Libre, liderado desde la clandestinidad por el prófugo Vladimir Cerrón, tiene antecedentes de violar el principio de generalidad de la ley, por el cual estas deben ser impersonales.
Recientemente, el juez Richard Concepción Carhuancho rechazó aplicar la ley sobre crimen organizado - impulsada por la bancada perulibrista - al advertir que se trata de una norma “con nombre propio”.
Intereses específicos
El juez Concepción Carhuancho aseguró que la ley sobre crimen organizado habría sido expedida para favorecer a investigados por el delito de organización criminal, vinculados con hechos de corrupción.
La ley se basó en una iniciativa legislativa presentada por Waldemar Cerrón. Esta fue respaldada por congresistas de Perú Libre y otras bancadas, y promulgada por insistencia por el Congreso, ante la inacción del gobierno de Dina Boluarte.
En agosto pasado, Waldemar y Vladimir Cerrón intentaron beneficiarse de la norma en el Caso Los Dinámicos del Centro. Ambos solicitaron que se les archive una investigación por el presunto delito de organización criminal, pero el juez Jorge Chávez Tamariz lo rechazó.
Aquella vez, Chávez Tamariz calificó como un “hecho notorio” que Waldemar Cerrón sea el responsable del proyecto de ley del que ha buscado beneficiarse junto con su hermano.
La ley sobre organización criminal sufrió cambios recientemente, tras ser cuestionada por diversos actores sociales. No obstante, la nueva fórmula excluye a ocho delitos por corrupción de funcionarios. Estos son concusión, cobro indebido, colusión simple, peculado doloso, cohecho pasivo impropio, cohecho activo genérico, negociación incompatible y tráfico de influencias. También quedaron fuera los delitos de minería ilegal, proxenetismo y otros, como detalló El Comercio.
'Ley impunidad'
Por iniciativa del congresista Flavio Cruz (Perú Libre), el Congreso aprobó la denominada ‘Ley Impunidad’ en el 2023. Esta fue utilizada por Vladimir Cerrón en el Caso Circuito Vial Chupaca.
La ley reduce el plazo de suspensión de la prescripción para los procesos penales. En agosto del 2023 fue utilizada por el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto, para librarse de un proceso penal por presunta estafa en agravio de la empresa Waynapicchu S.A., en Cusco., por lo que también fue denominada ‘Ley Soto’.
Entre otros políticos que la invocaron en sus procesos penales se encuentran el expresidente Martín Vizcarra, el exjuez supremo César Hinostroza y el exdirigente fujimorista Joaquín Ramírez.
En noviembre del 2023, la Corte Suprema de Justicia consideró que la ley es inconstitucional, desproporcionada y señaló que los jueces no deben aplicarla. Luego, en respuesta, el Congreso aprobó un proyecto que propuso realizar una interpretación auténtica de la mencionada ley.
A favor del prófugo
Waldemar Cerrón presentó en noviembre del 2023 un proyecto de ley que planteó modificar los artículos 29, 35 y 42 del Nuevo Código Procesal Constitucional para que los recursos de hábeas corpus sean admitidos en cualquier distrito judicial.
La iniciativa le daría posibilidades al prófugo Vladimir Cerrón de lograr que un eventual juez a su medida anule la orden de captura en su contra y la condena efectiva por actos de corrupción.
El Código Procesal Constitucional precisa que los recursos constitucionales (hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento) se interponen en el distrito judicial donde se produjo la afectación.
El proyecto se acumuló con otros que también plantearon modificaciones al Nuevo Código Procesal Constitucional. El dictamen final no consideró la propuesta de Waldemar Cerrón.
Excluyen a partidos de responsabilidad penal
En diciembre del 2023, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, entonces presidida por la congresista Janet Rivas (Perú Libre), dictaminó el proyecto N°6084/2023-CR de Waldemar Cerrón que apuntó a establecer que las agrupaciones políticas “no son organizaciones criminales”.
La iniciativa de Waldemar Cerrón planteó que los bienes y activos de los partidos políticos son “intangibles”, “cuando uno o varios de sus militantes, afiliados o fundadores formen parte de una o varias investigaciones fiscales o sean condenados por cualquier tipo de delito doloso”.
Además, propuso que cuando uno o varios militantes, afiliados o fundadores de un partido político formen parte de una pesquisa en el Ministerio Público “por cualquier hecho delictivo deben ser individualizados de acuerdo a su grado de participación”, “sin responsabilizar a las organizaciones políticas como personas jurídicas de interés público”.
El proyecto fue evaluado también en la Comisión de Constitución. Finalmente, el pleno del Congreso aprobó un texto sustitutorio en mayo último, que los partidos podrían invocar para ser excluidos de responsabilidad penal.
Incluso, solo horas después de ser promulgada la ley, en junio pasado, el Partido Nacionalista Peruano solicitó al Poder Judicial acogerse a sus alcances y ser excluido de un proceso por el Caso Lava Jato.
No obstante, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional declaró improcedente la solicitud, al considerar que los efectos y la eventual interpretación de la ley serán discutidos y resueltos al momento de definir la sentencia del proceso.
Fuerza Popular enfrenta actualmente un pedido de disolución como parte de la acusación fiscal por el Caso Cocteles. Otros partidos como Perú Libre (autora de la ley) y Podemos Perú están incluidos en investigaciones fiscales.
La inmunidad parlamentaria
En septiembre último, la bancada de Perú Libre presentó un proyecto de reforma constitucional para restablecer la inmunidad parlamentaria.
La iniciativa plantea que ningún congresista pueda ser investigado, procesado o detenido sin autorización previa del Congreso, incluso en delitos en flagrancia.
El autor del proyecto es José María Balcázar, quien admitió que se comunica con el prófugo Cerrón. Además, cuenta con el respaldo de, entre otros, la congresista perulibrista Kelly Portalatino, investigada por la fiscalía por presunto encubrimiento personal.
Con la propuesta, Perú Libre plantea restablecer un privilegio del que gozaban antes los miembros del Parlamento. Este fue eliminado en febrero del 2021.
Con la eliminación de la inmunidad parlamentaria, los congresistas pueden ser investigados, procesados y juzgados por delitos comunes (no ligados a su función), con el único privilegio de que su caso sea resuelto a nivel de la Corte Suprema.
La única protección, garantía o inmunidad que tienen los congresistas actualmente es la del antejuicio, que se refiere solo a delitos cometidos dentro de su función parlamentaria. No obstante, Perú Libre busca regresar a la figura anterior, argumentando que así se protegerá a los parlamentarios de cualquier “amenaza” proveniente del Poder Judicial, la fiscalía o la policía.
Opiniones
El abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en asuntos parlamentarios, consideró que la próxima fiscal de la Nación, Delia Espinoza, debería abrir una investigación preliminar contra los legisladores perulibristas por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y otros.
“Está probado que ellos presentan un proyecto de ley, luego votan a favor del mismo y finalmente piden que se aplique la ley a su líder político. Entonces, es clarísimo el beneficio. [...] La nueva fiscal de la Nación debe inaugurar su cargo abriendo una investigación fiscal contra estos señores”, dijo a El Comercio.
En tanto, el abogado penalista Vladimir Padilla señaló que no existe un tipo penal que sancione la presentación de un proyecto de ley con nombre propio. “Tienen la libertad de proponer cualquier iniciativa que podría parecer tonta, pero que no se hará realidad si el resto no la aprueba”.
No obstante, añadió: “Pero cuidado, ser congresista no significa que puedas hacer lo que te da la gana. Si, en cierta medida se verifica que, por ejemplo, han recibido pagos para sacar un proyecto de ley, ahí estamos ante un tema de corrupción. El tema es que hay que probarlo. Si se llega a descubrir que sí está direccionado, ahí sí hay posibles delitos”.
