Congreso: denuncia constitucional contra Pedro Castillo tendrá nuevo delegado

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso informó que la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por supuesta traición a la patria tendrá nuevo delegado, debido a que el parlamentario Wilson Soto (Acción Popular) ya no es parte del grupo de trabajo.

En tanto, la acusación contra la vicepresidenta Dina Boluarte pasará a la etapa de audiencias tras la presentación del informe de determinación de los hechos y pertinencia de pruebas elaborado por el legislado Reymundo Mercado (Cambio Democrático).

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El informe final del caso Pedro Castillo fue presentado por el congresista de Acción Popular, Wilson Soto Palacios, el 8 de agosto y recomienda que se inhabilite al jefe de Estado del ejercicio de la función pública por un periodo de cinco años por el supuesto delito de traición a la patria. Según el documento, Castillo Terrones habría violado los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú.

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“Apreciándose que el máximo representante de la república mediante sus declaraciones demostró su intención de transgredir el mandato de la Carta Fundamental, se concluye y se recomienda: Acusar por juicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, por infracción de los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú; y, de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna, proponemos que se imponga la sanción de inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública”, indica el congresista.

La denuncia es impulsada por un grupo de congresistas de oposición luego una entrevista que el mandatario concedió a la cadena internacional CNN en Español en enero pasado.

Ante el periodista Fernando del Rincón, Castillo dijo que podría consultar al pueblo si cabe la posibilidad de darle una ruta marítima a los bolivianos. Debido al escándalo internacional, retrocedió y pidió disculpas luego en una entrevista al diario La Noticia.

En el caso de Dina Boluarte, está pendiente el informe del ponente del caso, el legislador Edgar Reymundo. A la vicepresidenta se le cuestiona por haber realizado gestiones en beneficio de una asociación privada, el Club Departamental Apurímac, cuando ya era ministra de Estado y vicepresidenta.

La vicepresidenta y ministra ha reconocido que firmó documentos de dicha entidad cuando ya ocupaba cargo público. También se le imputa una presunta omisión en su declaración jurada de intereses al no incluir a su cuñado Alfredo Pezo Paredes, quien registra contratos con el Estado.

El Comercio precisó que de acuerdo a las denuncias, Boluarte habría violado los artículos 38 y 126 de la Constitución. También se le imputa la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Además en la agenda aparece el informe de calificación de Patricia Chirinos sobre la denuncia que planteó contra Freddy Díaz, acusado de violar sexualmente a una trabajadora de su despacho.