El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, aseguró que el Poder Ejecutivo no va a interferir en las decisiones que tome el sistema de justicia del país, luego de que la Fiscalía de la Nación abriera una quinta investigación preliminar al presidente Pedro Castillo.
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En declaraciones a los periodistas, indicó que la nueva investigación, a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, deberá hacerse con el debido proceso y “respeto estricto” al procedimiento de justicia.
“El sistema de justicia puede iniciar todas las investigaciones que considere viables. En realidad no vamos a interferir, bajo ningún concepto, en las decisiones que tome el sistema de justicia y todo lo que corresponda deberá hacerse en el ejercicio del debido proceso y respeto estricto a todo lo que significa el procedimiento de justicia”, expresó.
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“Yo creo que dejemos que los procedimientos diversos de fiscalización discurran como corresponden y que todas sean hechas con verificación, en base a evidencias y en ese trayecto que cada quien haga su trabajo”, añadió.
Como se recuerda, a una semana de cumplir un año en el gobierno, Pedro Castillo sumó este viernes al menos cinco investigaciones fiscales abiertas en el Ministerio Público. Hoy se conoció la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de reactivar las pesquisas por presunto tráfico de influencias en el caso de compra de Biodisel por parte de Petroperú.
Hasta el jueves, la más reciente era por presunto encubrimiento real relacionado a los cambios en el Ministerio del Interior y la abrupta salida del cargo de Mariano González.
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Cuatro de estas pesquisas están relacionadas a actos presuntamente cometidos por Pedro Castillo durante su periodo como jefe de Estado. Por lo tanto, están a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La otra está relacionada a hechos anteriores a su gobierno, por lo que es vista por una fiscalía provincial común.
Durante la gestión de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación, se decidió abrirle dos investigaciones al mandatario: una por el caso Petroperú-Puente Tarata y otras por los ascensos en las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la entonces titular del Ministerio Público dispuso suspenderlas hasta que termine su mandato. De estas dos, la primera continúa suspendida.
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