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El Tribunal Constitucional (TC) tiene en sus manos 16 recursos interpuestos a favor del vacado expresidente Pedro Castillo. Solo uno de ellos, que recientemente ingresó a dicha instancia, fue interpuesto por el exmandatario cuestionando su prisión preventiva.
Del total de recursos, a los que accedió El Comercio, interpuestos solo este año, uno ya fue desestimado por el Pleno del TC; que además, sancionó de manera pecuniaria al accionante por haber presentado argumentos incongruentes y desnaturalizar la justicia constitucional.
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Entre las demandas solicitadas al TC se encuentra la libertad del exmandatario, la nulidad de sus procesos, entre otros requerimientos. De atenderse cuestiones de fondo, sería la primera vez que el TC se pronuncie sobre los procesos judiciales seguidos contra Castillo Terrones.
El exmandatario viene siendo procesado judicialmente por presuntamente encabezar una organización criminal que habría cometido actos de corrupción durante su gestión y en diversos ministerios y estamentos del Estado. Así también, está inmerso en un segundo proceso, por el presunto delito de rebelión por encabezar un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.
Actualmente, cumple 36 meses de prisión preventiva por el primer caso y 18 meses, por el segundo.
Demanda de Castillo
El caso más reciente en llegar al Tribunal Constitucional (T) es el recurso de hábeas corpus que interpuso Pedro Castillo contra la Fiscalía de la Nación, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Poder Judicial, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, que terminó en un acusación constitucional en el 2022.
La demanda fue impulsada el año pasado ante el Poder Judicial a través de su entonces abogado Benji Espinoza; sin embargo esta fue rechazada en todas las instancias. Por ello, en abril del 2023, Castillo Terrones interpuso un recurso de agravio constitucional que fue recibido por el TC el pasado 25 de julio.
En su escrito, el vacado expresidente no solo alega las investigaciones, también cuestiona ahora su vacancia presidencial, así como la prisión preventiva que viene cumpliendo por los casos de presunta corrupción y crimen organizado, así como por el golpe de Estado.
“Se observa entonces, que la situación jurídica del favorecido ha cambiado,y no es la misma que tenía al momento de interponerse la demanda, sin afirmar en ningún momento que mi persona, por los hechos materia de la presente acción de hábeas corpus, se me ha impuesto una segunda Prisión Preventiva de 36 meses, sin cumplir incluso con lo dispuesto en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Es decir, la sentencia se limita a efectuar citas doctrinarias, rellenar sentencias del Tribunal Constitucional, pero en ningún momento examina, por ejemplo, la resolución judicial de prisión preventiva de fecha 9 de marzo del 2023″, señaló.
En el documento, también asegura que la única razón para dictarle prisión preventiva fue relevarlo del cargo presidencial, lo que generó diversas protestas sociales “porque el país considera que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno usurpador”, afirmó.
“Más aún si se está ante unos hechos graves y de especial relevancia social, sin considerar que esas investigaciones perseguían en realidad la detención de mi persona, como efectivamente lo han logrado, con el propósito también de despojarme del cargo de presidente de la República del Perú, lo que ha traído como consecuencia que, a nivel nacional, el país se levante en una justa protesta y reclamo de mi restitución en el cargo de presidente de la República.”
Pedro Castillo, en demanda ante el Tribunal Constitucional
En otro aspecto, insistió en que un presidente de la República no puede ser investigado por delitos comunes, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución.
El documento, además de haber sido firmado por Castillo Terrones, lleva la rúbrica del abogado Manuel Robles Sánchez.
Y, pese a que en el registro del TC aparece el nombre del abogado Benji Espinoza, este aseguró que ya no asiste legalmente al exmandatario.
Otras demandas
Entre las otras demandas figura la de los abogados Walter Amilcar Flores Choco y Mario Guzmán Alfaro quienes solicitaron la inmediata libertad del exmandatario, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales.
En sus argumentos, indicaron que al momento de su detención, el beneficiario gozaba de la inmunidad presidencial, y que como presidente de la República le asistía el derecho al antejuicio político antes de ser detenido por una supuesta comisión de un delito flagrante y que debió tramitarse de acuerdo al Reglamento del Congreso de la República en base al debido proceso en sede parlamentaria.
Según el registro de Infogob del Jurado Nacional de Elecciones, ambos personajes se encuentran afiliados al partido Juntos Por el Perú y ambos han postulado al Parlamento Andino y a la alcaldía de Ancón, respectivamente.
Según el registro de visitas electrónico, Flores Choco visitó al exministro Roberto Sánchez Palomino cuando este era ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
En total fueron 32 visitas al Mincetur, de estas 11 fueron con Sánchez Palomino entre agosto del 2021 a marzo del 2022; y el resto con el Gabinete de Asesores entre agosto del 2021 hasta octube del 2022.
También lo visitó en el Congreso cuatro veces, entre agosto del 2021 a febrero del 2022.
El abogado, según registros electrónicos, también visitó a Beder Camacho en Palacio de Gobierno, cuando este ejercía el cargo de subsecretario general presidencial, en diciembre del 2021.
Guzmán Alfaro, por su parte, también registra una visita a Beder Camacho en Palacio, en febrero del 2022.
La Asociación de Abogados Litigantes del Perú, representado por José Cabrera Flores, también presentó otra demanda solicitando la nulidad de la Resolución N° 01-2022 del Congreso de la República que declara la vacancia presidencial que consideran “ilegal y arbitraria” y dejar sin efecto la juramentación de Dina Boluarte.
“Así mismo se declare la nulidad de las resoluciones judiciales que ordenaron la detención del (ex) presidente de la República Pedro Castillo Terrones y se disponga su inmediata libertad y se ordene la restitución del cargo de presidente de la República dejando sin efecto el nombramiento y juramentación de Dina Boluarte Zegarra”, requirieron.
El ciudadano José Facundo Ponce Quispe también acudió hasta el TC para demandar la libertad de Castillo Terrones, al haberse vulnerado la libertad personal o sus derechos constitucionales conexos, entre ellos el derecho a la libertad de tránsito.
“Se ha vacado a un presidente de la República, elegido por el pueblo, sin respetar el debido proceso (…) ya que el Congreso a la fecha, está vigente y tiene el 5% de aceptación de la población y por lo tanto solicito la inmediata liberación por motivos que se ha (in)cumplido el Art. 99 de la Constitución”, demandó.
También figura la demanda presentada por la ciudadana Sara Adelina Toledo Oberti, contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, todos los congresistas integrantes de la bancada Fuerza Popular (FP) y su lideresa de Keiko Sofia Fujimori Higuchi, “por impartir órdenes a los congresistas de su bancada” en contra de Castillo; además de los congresistas de las bancadas de Alianza por el Progreso, Avanza País, Renovación y Acción Popular, entre otros.
Procesos en contra de la justicia constitucional
El abogado Jesús Linares Cornejo, en representación del ciudadano italiano Altero Viali, también presentó una nueva demanda solicitando la excarcelación de Castillo Terrones. Sin embargo, el peculiar pedido asegura que interpone el recurso de hábeas corpus, “no porque (Pedro Castillo) sea inocente o que las órdenes de detención sean ilegales; sino, porque en el Perú, el Estado de derecho es una farsa”.
Linares Cornejo ya había presentado una demanda ante el TC, en marzo de este año, que fue declarada improcedente -por mayoría- en el mes de junio.
El pleno del TC no solo rechazó amparar el recurso de hábeas corpus en favor de Pedro Castillo, sino que además sancionó al mencionado abogado por interponer una demanda incongruente.
Y es que, además de la excarcelación del exmandatario, Linares pedía que el TC se pronuncie sobre un conflicto judicial sobre bienes inmuebles. Por ello, la entidad constitucional concluyó que su comportamiento tiene clara voluntad de desnaturalizar lo que representa la justicia constitucional y ordenó que pague una multa de S/4.950 (Diez URP).
“Cabe precisar que la conducta descrita y el ejercicio abusivo del derecho por parte del actor, ha sido reiterada, por lo que ha sido sancionado en anteriores oportunidades con la imposición de diversas multas. Sin embargo, persiste en presentar demandas con pretensiones como la del caso de autos”, indicó el TC.
Solo el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse votó porque el Poder Judicial anule las resoluciones que rechazan liminarmente el recurso de Linares a favor de Castillo, admita la demanda y vuelva a pronunciarse.
