Congresista José Arriola recibió a gerente de empresa que benefició en Ate en el 2021

Durante el allanamiento de las oficinas y viviendas de 17 congresistas por el Caso ‘Los Niños’, realizado el viernes último, el equipo de fiscales y policías de la Diviac encontraron US$71.950 y S/33.570 en efectivo en la casa del congresista José Arriola Tueros, vocero de Acción Popular (AP).

Antes de salir elegido, José Arriola laboró en la Municipalidad Distrital de Ate (Lima) durante diez años, entre el 2011 y el 2021. Ese período corresponde a las gestiones sucesivas de los alcaldes Óscar Benavides Majino y Edde Cuéllar Alegría.

En julio del 2022, al año siguiente de su salida del municipio y cuando ya se desempeñaba como legislador, la contraloría emitió un informe en el que se concluyó que cinco funcionarios municipales de Ate, uno de ellos José Arriola, habían adjudicado irregularmente una compra de más de S/6 millones a favor de una empresa proveedora de alimentos para un programa social.

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En el Informe de Control Específico 005-2022-2-2150-SCE, publicado en diciembre pasado, se señala que Arriola, en momentos en que era subgerente de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Social de la comuna, formuló y dio el visto bueno a las especificaciones técnicas para la adquisición de alimentos del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), en contra de las normas de contrataciones.

El proceso de selección para esa compra se inició el 12 de octubre del 2021 y la buena pro se otorgó a la empresa Inka Real Perú S.A.C. el 11 de noviembre.

Si bien en esa época Arriola ya no estaba en la Municipalidad de Ate, el órgano de control consideró que el ahora congresista fue parte de los “actos preparatorios y procedimiento de selección” indebidos.

La contraloría encontró, por un lado, que Arriola no preparó el procedimiento de selección de acuerdo con Ley de Contrataciones del Estado y, por otra parte, que incluyó requisitos de calificación que no estaban estipulados en la ficha técnica.

Por esos cambios en el procedimiento, la empresa Comercial Delbueno E.I.R.L., que estaba en primer lugar y ofrecía laoferta económica más baja, fue declarada no apta. Así, Inka Real Perú S.A.C. obtuvo la adjudicación millonaria.

Asimismo, en el informe se apunta que el ente de control confirmó los hechos de la presunta irregularidad que habría cometido Arriola, incluso luego de revisar los argumentos de defensa del parlamentario.

Los cinco funcionarios implicados fueron señalados como responsables y la contraloría planteó que la Procuraduría Anticorrupción iniciara las acciones penales contra ellos.

Además de Arriola, fueron involucrados Luis Bernabé Berrospi, Liliam Valdez Mendoza, Paula Huamán Hernández y Carlos Vega Espinoza, quienes cumplían funciones en el área de Abastecimiento, de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social y en el Programa de Complementación Alimentaria de la municipalidad.

El 15 de noviembre del 2021, cuatro días después de otorgarse la buena pro de la adjudicación, Víctor Manuel Castro Alama, apoderado y gerente general de Inka Real Perú S.A.C., visitó el despacho del congresista José Arriola.

Víctor Castro ingresó a la oficina del legislador a la 1:55 p.m. y permaneció en el lugar unos 40 minutos.

Una segunda visita de Manuel Castro al mismo despacho parlamentario se produjo tres meses después.

El 18 de febrero del 2022, Castro entró a la oficina de Arriola por una hora y media. En ninguno de los dos ingresos el representante de Inka Real Perú S.A.C. indicó el motivo de su visita.

La contraloría tiene un segundo informe de control, del 2018, sobre los programas de alimentación y nutrición a los pacientes con tuberculosis, administrado por la Municipalidad de Ate.

El documento da cuenta de que el entonces subgerente de Asistencia Alimentaria, José Arriola, y otros nueve funcionarios adquirieron productos alimenticios para el programa social, durante el 2016 y el 2017, mediante compras menores a ocho unidades impositivas tributarias (UIT) para burlar los parámetros establecidos en las normas de contrataciones.

Estas compras estimadas en S/ 2′886.418 favorecieron a cuatro empresas, según el informe de contraloría.

El ente de control recomendó que la procuraduría dispusiera una investigación contra los funcionarios y se revisaran los mecanismos de control establecidos en la Municipalidad de Ate.

En los registros de la fiscalía, Arriola figura con cuatro denuncias desde el 2014 por colusión, peculado y corrupción de funcionarios, pero dos de estas aparecen archivadas.

El caso fiscal más reciente contra el vocero de AP es de diciembre último, en el cual se le indaga por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.