La resolución precisa que la concesión quedará sin efecto si el contrato no es suscrito por los representantes de la empresa Fiber Conexión S. A. C en un plazo de 60 días. (Foto: archivo GEC)
La resolución precisa que la concesión quedará sin efecto si el contrato no es suscrito por los representantes de la empresa Fiber Conexión S. A. C en un plazo de 60 días. (Foto: archivo GEC)
Redacción EC
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgó a al empresa Fiber Conexión S. A. C. la concesión única para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo de 20 años en todo el territorio nacional. La decisión se tomó mediante la publicada el último domingo en el diario oficial El Peruano.

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Además, la norma autoriza al Director General de Programas y Proyectos de Comunicaciones para que, en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión, así como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a suscribir la escritura pública del referido contrato y de las adendas.

La resolución precisa que la concesión quedará sin efecto si el contrato no es suscrito por los representantes de la empresa Fiber Conexión S. A. C en un plazo de 60 días luego de la publicación de la norma en El Peruano.

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“Para la suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el derecho de concesión”, se lee en el documento que lleva la firma del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva.

, uno de los requisitos de las empresas que adquieren la concesión es emplear equipos de tecnología reciente e instalar la infraestructura que se requiera para la prestación del servicio que se otorga en concesión, cumpliendo las normas municipales o de otros organismos públicos.

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El fiscal Omar Tello determinó que las investigaciones donde están implicados exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín, algunos militantes de Perú, y Vladimir Cerrón sean trasladadas de Junín a Lima. El caso será investigado ahora por la fiscal Vanessa Díaz. Queda aún pendiente la transferencia a nivel judicial, para que un juez competente sea el encargado de evaluar un pedido de prisión preventiva contra 20 investigados del caso.

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