“Presiona a Chacón por la Joya. Estoy escuchando m... de Yamila. La joya esta amargadísimo con ella a través de Málaga, que es parte del consorcio para el puente”, escribe Augusto Narvarte, esposo de la excongresista Luciana León. Y ella le responde: “Llama a Chacón, espera tu llamada”.
La conversación entre la pareja haría referencia a las obras de construcción del puente Arequipa – La Joya, cuyo contrato se suscribió el 13 de septiembre de 2017, durante la gestión de la gobernadora arequipeña Yamila Osorio (2015 –2018), por el monto de S/ 107′549.938,00 con el consorcio La Joya II, integrado por la empresa italiana Pizzarotti & C.S.P.A. y la peruana Eralma Constructora SAC, fundada por Ernesto Málaga Fatorrini.
En diálogo con El Comercio, la exgobernadora negó conocer a la exparlamentaria y a su esposo. Asimismo, indicó que la posible referencia a ella “quizás” se debió a que “exigió a sus gerentes que supervisaran la buena ejecución de la obra”. Además, señaló “no recordar” que existiera algún trabajador de apellido Chacón durante su gestión.
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En ese entonces, Cecilia Chacón era integrante de la Comisión de Presupuesto del Congreso. La exlegisladora de Fuerza Popular respondió a este Diario que “no sabe” a qué “Chacón se refieren” León y Narvarte. Chacón reconoció que conoce al esposo de su excolega, pero de “manera social”. “Yo era una miembro más de esta comisión. Si me hubieran dicho algo ¿Qué podría haber hecho yo?”, añadió.
Los mensajes de WhatsApp corresponden al 18 de enero de 2018 y son parte de las pruebas que el Ministerio Público recabó para acusar constitucionalmente a la exlegisladora aprista ante el Parlamento.
En la investigación de la fiscalía también figuran los chats revelados por Punto Final en los que se lee cómo la excongresista solicita una cuenta a su esposo con el fin de que le depositen 5.000 dólares. Estos mensajes datan de septiembre de 2017
Dichos chats, además, revelarían las presiones que ejerció la exlegisladora contra exfuncionarios, como el extitular de Economía Alfredo Thorne, para favorecer contratos con autoridades del municipio de La Victoria involucrados en la organización criminal Los Intocables Ediles.
Luciana León declaró el 3 de junio de 2021 ante la fiscalía y rechazó todos los hechos en los que se le involucra.
También dijo que una sola vez se llevó el tema de la municipalidad de La Victoria con el ministro Thorne y fue con respecto al fondo concursal FONIPREL, pero de “manera transparente”.
Asimismo, negó haber recibido recursos económicos de Alex Peña para su matrimonio.
El Comercio intentó comunicarse con el abogado de Luciana León; sin embargo, al cierre de este informe no respondió.
Denuncia constitucional
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó el jueves ante el Congreso una denuncia constitucional contra Luciana León por los delitos de tráfico de influencias agravado, organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación.
Según el artículo 99 de la Constitución, los altos funcionarios –hasta 5 años después de dejar el cargo– tienen derecho a un antejuicio para poder ser investigados por presuntos delitos en el ejercicio de su función. Por lo tanto, para que León pueda ser procesada penalmente, se requiere que el Parlamento apruebe una acusación constitucional en su contra.
La denuncia ingresó el lunes a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación. En diálogo con este Diario, Martha Moyano, vicepresidenta del subgrupo, señaló que la denuncia seguirá “el mismo trámite que las demás”.
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