Las autoridades no pueden decir que no estaban avisadas. El 26 de febrero de este año, 17 días antes de que asesinaran al ex consejero regional Ezequiel Nolasco, el congresista Modesto Julca remitió al Ministerio del Interior un oficio pidiendo auxilio para Áncash.
En el documento, el parlamentario de Perú Posible recomendó a las autoridades que declaren en emergencia la región “para así contrarrestar y prevenir la criminalidad que se ha desatado e incrementado gravemente”.
A través del texto, Julca le remarcó al ministro Walter Albán que en Áncash se vivía una realidad alarmante. “No solo se han incrementado las amenazas de muerte a las autoridades que denuncia la corrupción, pues también a diario se producen asesinatos cometidos por sicarios pertenecientes a organizaciones criminales vinculadas al poder político regional".
Para darle un mayor énfasis, el congresista dio cuenta sobre las diferentes autoridades políticas, fiscales y periodistas habían sido asesinados por sicarios desde el año 2010 a la fecha. Asimismo, detalló los nombres de quienes habían recibido amenazas de muerte.
Todas ellas, coincidentemente, denunciaron o investigaron las irregularidades en la gestión de la Presidencia Regional de Áncash, la cual dirige, desde el 2006, César Álvarez Aguilar.
Hoy a esta misiva se le conoce como la “Lista negra de Áncash”.
Al texto, sin embargo, le falta incluir el caso de Hilda Saldarriaga, una mujer de 39 años asesinada en julio de 2013. Ella fue testigo clave en el primer atentado que sufrió Ezequiel Nolasco en el 2010, cuando sicarios dispararon contra el ex consejero regional y su hijastro (Roberto Torres Blas), quien falleció en el ataque.
La mujer, que fue pareja de uno de los sicarios implicados, fue asesinada de siete balazos en frente de sus cuatro hijos. El caso sigue sin resolverse.
ÁNGEL HUGO PILARES/ FOTO INTERACTIVA
