CIDH expresa preocupación por investigación del Congreso a JNJ y llama a respetar debido proceso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este lunes su preocupación por la investigación iniciada en el Congreso de la República contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“La eventual remoción del pleno de la JNJ, sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”, afirmó en un comunicado.

Si bien señaló que reconoce la importancia de los controles políticos de “un poder público sobre otro en el sistema de pesos y contrapesos”, advirtió que éstos “basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas, por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos de disciplinarios en conformidad con el derecho internacional”.

Manifestó que “las personas operadoras de justicia son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático”, pues actúan como controladores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes públicos.

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Asimismo, señaló que cuando se trata de órganos de administración y gobierno de las entidades de justicia, su presencia contribuye a reducir y superar riesgos derivados de las interferencias que pueden provenir de otros poderes del Estado.

“La actuación de la Junta Nacional de Justicia, autoridad que tiene a su cargo el nombramiento y la evaluación periódica de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales, contribuye a que no haya injerencias políticas por parte de otros poderes u órganos del poder público en la designación de operadores de justicia, y, en consecuencia, a que la justicia actúe de forma independiente”, subrayó.

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Del mismo modo, la CIDH advirtió que los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas, por su propia naturaleza, “resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos de disciplinarios en conformidad con el derecho internacional”.

“Por tal motivo, todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso. Ello exige que las conductas sancionables estén preestablecidas en términos estrictos y unívocos, de forma que acoten claramente los hechos punibles y fijen sus elementos. Asimismo, que las personas operadoras sean juzgadas por un juez competente, independiente e imparcial, asegurando en todo momento el derecho de defensa”, acotó.

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El pasado 7 de setiembre, el pleno del Parlamento aprobó una moción presentada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) para que la Comisión de Justicia investigue a los siete miembros de la JNJ, Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez (vicepresidente), Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.

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Esto debido a que, según la acusación, el JNJ habría incurrido en una presunta causa grave, lo que podría derivar en la remoción de sus miembros, al haber emitido un comunicado, en mayo último, en el que exhortaron al Congreso a una mayor reflexión sobre la situación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien en ese momento afrontaba un juicio político.

También se le imputa haber ejercido presión sobre el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y otros jueces supremos para que respalden a Ávalos, quien finalmente fue inhabilitada, entre otros.