El exministro Juan Silva se encuentra prófugo desde hace casi dos semanas. La justicia lo busca para que responda por graves imputaciones en su contra que lo colocan como parte de la cabeza de una presunta organización criminal dedicada a actos de corrupción que operó en la cartera de Transportes y Comunicaciones (MTC).
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Los primeros indicios contra Silva Villegas se originaron en las investigaciones que la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro y la fiscal para casos de lavado de activos Luz Taquire realizaban por las irregularidades en la construcción del Puente Tarata III y las licitaciones a empresas chinas, respectivamente.
Todos los elementos que se fueron acopiando desde fines del 2021 a la fecha, han llevado a que la Fiscalía de la Nación abra una investigación contra Juan Silva Villegas y congresistas sindicados como “Los Niños”.
Los elementos se fueron haciendo cada vez más sólidos y abundantes en contra del exministro de Transportes y por ello la Fiscalía de la Nación solicitó su detención preliminar el pasado 4 de junio y el Poder Judicial dictó la medida el lunes 7 de junio.
La Fiscalía de la Nación tiene diversos elementos que señalaban al presidente Pedro Castillo como la persona que, junto al exministro liderarían la presunta sociedad criminal.
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Por ello, Castillo fue incluido en las pesquisas que no fueron suspendidas y este 13 de junio debe rendir su declaración ante la Fiscalía de la Nación en calidad de investigado.
Esto, pese a que su defensa legal presentó un recurso de “tutela de derechos” buscando que dicha investigación quede nula y sea suspendida hasta que el jefe de Estado concluya su mandato.
¿Cuál es el papel que el exministro Juan Silva habría tenido en toda esta presunta trama de corrupción que investiga la fiscalía?
Su rol dentro de la organización
En las investigaciones preliminares se señaló que el exministro Juan Silva habría desarrollado actividades ilícitas dentro de la presunta organización criminal teniendo “una función clave”.
La presunta organización criminal, de acuerdo a los avances de las investigaciones a la fecha, tendría una estructura vertical y sus integrantes formarían parte de niveles, de acuerdo a una figura piramidal.
La importancia de Silva dentro de la organización, se debía a que fue ministro de Transportes, una cartera estratégica por las numerosas obras públicas que se encargan de ejecutar y demanda la inversión de grandes sumas de dinero.
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Desde que fue nombrado como ministro en julio del 2021, el jefe de Estado se negó a retirarlo pese a los diversas denuncias y cuestionamientos que surgieron en su contra durante los ocho meses que permaneció en el cargo.
Por ello, la fiscalía señaló que, desde que Silva Villegas fue nombrado como ministro, el empresario Zamir Villaverde -integrante de la presunta organización- se habría encargado de contactar, ofrecer y acordar con empresarios interesados en ser adjudicados con las obras públicas convocadas por el MTC, entre ellas en organismos como Provías Descentralizado.
Para la fiscalía, el exfuncionario no actuó solo. “El ministro Juan Silva Villegas, probablemente en contubernio con algún otro alto funcionario del Estado, habría formado parte del primer nivel de la presunta organización criminal”, remarcaron desde la fiscalía.
Ese alto funcionario, como se indicaría en la disposición fiscal del 27 de mayo del 2022, sería el presidente Pedro Castillo. Esto último, también fue refrendado por el Poder Judicial en una resolución del 4 de junio último.
Para el Ministerio Público, entre otros actos desplegadas por Silva Villegas, se habría interesado y dispuesto acciones en el marco de licitaciones públicas con el fin de beneficiar a terceros (empresarios) con quienes, también a través de terceros, habría concertado.
“Lo cierto es que, si bien no participaba de manera directa en estas licitaciones, su intervención se habría realizado en su condición de máxima autoridad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo que le habría dado dominio funcional para realizar acciones”, consideró la fiscalía.
Ello, con el fin de incidir en los procesos de licitación, tales como el nombramiento de funcionarios en puestos claves, sobre los que pudiera ejercer presiones a efectos que los procesos de licitación sean manejados acorde a sus intereses, reza la disposición fiscal.
Por su parte, la Corte Suprema, en su resolución que dicta impedimento de salida del país contra Silva Villegas, considera que “sí existen elementos de convicción” respecto al procesado exministro y por ello dispuso la medida restrictiva.
Los testimonios en su contra
Las sindicaciones que ha ido recabando la Fiscalía de la Nación no son pocas. La aspirante a colabora eficaz Karelim López -cuya identidad fue revelada por ella misma y su defensa legal- fue la primera en dar luces sobre la presunta organización criminal.
En sus declaraciones reveló que Juan Silva, desde que asumió la cartera del MTC, formaría parte de la presunta red ilícita. Desde allí, habría coordinado con el empresario Zamir Villaverde y los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.
“Refiere que dichos sujetos coordinarían directa e indirectamente con el entonces ministro Juan Silva Villegas, de manera que éste último accediera a las solicitudes de favorecimiento”, se señala en la resolución judicial que ordenó su impedimento de salida del país.
De otro lado, el aspirante a colaborador eficaz CE-01-5D-2FPCEDCF-2022, narró a la fiscalía que, el exfuncionario de Provías Descentralizado, Alcides Villafuerte Vizcarra, fue citado al distrito de Lince -específicamente por la calle León Velarde 980- donde una camioneta negra lo recogería para trasladarlo a una reunión con el entonces ministro Juan Silva Villegas (ahora investigado).
Fue así que la primera semana de agosto del 2021, lo recogió una camioneta Land Rover con lunas polarizadas, donde se encontraban Zamir Villaverde García (chofer) y Fray Vásquez Castillo y se dirigieron a casa de Silva.
En ese momento, Villafuerte tenía el cargo de Gerente General de Provías encargado. “El extitular de la cartera del MTC, llamó a Fray Vasquez preguntándole si Alcides Villafuerte se encontraba dispuesto a asumir un cargo público”, narró el colaborador.
También se encuentra la declaración del exdirector ejecutivo de Provías Nacional, Jose Luis Cortegana Sánchez quien -el 1 de abril de 2022- narró ante la fiscalía que el 20 de setiembre de 2021, aproximadamente a las 5 de la tarde, sostuvo una reunión en el despacho ministerial con Juan Silva y “otro sujeto” al que reconoció posteriormente como Zamir Villaverde.
“En ese momento el ministro [Juan Silva] dijo que eso lo conversemos sobre el tema (pago de arbitraje) entre ambos y procedió a retirarse”, narró el testigo.
Mira aquí la declaración que Cortegana brindó ante la Comisión de Fiscalización:
Villaverde, según el testigo, le habló sobre el pago de un arbitraje y le dio a entender que él se encontraba allí por el ministro, que “venía de arriba, refiriéndose al ministro y que venía de Palacio de Gobierno” por ello le habló sobre la contratación de Hugo Trece.
El empresario, le indicó también que “ya lo sabía el ministro en alusión a Juan Silva y que esto viene de palacio, dando a entender que no estaba tratando con cualquiera y que tiene poder y que no era necesario comunicarlo a la viceministra”.
A ello se suman los informes sobre la licitación del Puente Tarata III y la declaración del integrante del comité de licitación de dicha obra y testigo Miguel Espinoza Torres, quien señaló que se realizó la postergación de la presentación de ofertas para dicho proceso lo que permitió la participación del consorcio que terminó ganando la licitación.
Además, indicó, que Marco Antonio Pasapera Adrianzén (representante de una de las empresas que conforman el Consorcio Tarata III) visitó a Alcides Villafuerte Vizcarra (funcionario de la Gerencia de Obras de Provías Descentralizado) gerencia donde laboraba otro miembro del comité, Edgar Vargas Mas. Este último, junto a un tercer integrante del comité, Víctor Valdivia Malpartida, votaron a favor de licitar la obra al consorcio Puente Tarata III.
“Víctor Valdivia Malpartida, miembro del Comité Especial, luego de haber resuelto a favor del consorcio Puente Tarata III, se le designó como director ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Resolución Ministerial N.° 1080-2021-MTC/01, el cual se encuentra suscrito solo por el exministro Juan Silva Villegas”, se indicó en la resolución de impedimento de salida del país.
Lee aquí la resolución judicial de impedimento de salida del país para Juan Silva
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Se sumaron los audios
Sin embargo, la reciente orden de detención preliminar que dictó el Poder Judicial a pedido de la Fiscalía de la Nación, llegó luego que se diera a conocer el contenido de audios aportados por el aspirante a colaborador eficaz CE-02-5D-2FPCEDCF-2022.
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“Además, ha referido que, entre agosto y setiembre del 2021, el entonces ministro Silva habría llamado a Zamir Villaverde para solicitarle la suma de S/30 mil, citándolo en su departamento ubicado en el Cercado de Lima (…) este último le habría mencionado a Zamir Villaverde que ese dinero era para el presidente de la República, Pedro Castillo”, se indicó en la disposición fiscal que abrió investigación al presidente Pedro Castillo.
Luego, vendría la transcripción del audio “JS-4 Nov.2021″ entregado también por el colaborador eficaz CE-02-5D-2FPCEDCF-2022. En este nuevo audio transcrito se indicaría que el empresario Zamir Villaverde habría llevado una maleta con dinero a Juan Silva y se lo habría entregado en su domicilio.
“Cien grandes para usted, para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, se lee en la transcripción.
Antes de convertirse en un prófugo de la justicia, Juan Silva se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y ante varios medios locales para negar los cargos en su contra y cualquier vínculo con Zamir Villaverde, investigado bajo prisión preventiva de 24 meses.
“[¿Conoce usted a Zamir Villaverde?] Yo no puedo recordar ese tipo de cosas pero sí estoy seguro que de lo que ellos hagan en Palacio de Gobierno yo no soy responsable porque no estuve ahí y a mi despacho él nunca ha llegado, a mi departamento tampoco, yo entiendo que hay un afán por involucrarme en hechos, se nota”, refirió el 1 de junio en Exitosa.
Tras conocerse la orden de detención contra el exministro, su abogado, Alfredo Yalán, afirmó que existen motivos políticos detrás de la orden de detención preliminar contra su defendido. Incluso, dijo que el exfuncionario se encuentra en el Perú “a buen recaudo”.
“Lo que está demostrado es que no se actúa conforme a ley. Los motivos, para la defensa, es que son políticos, no legales. En menos de una semana y estando citado para declarar mañana (jueves 9) nos acatan una medida de detención preliminar totalmente injusta e ilegal”, expresó en Exitosa.
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