Investigado por corrupción maneja recursos millonarios en el IPD [VIDEO]

Unidad de Investigación

El jueves 9 de este mes, el mismo día que la bancada del Bloque Magisterial retiró su firma para que el pleno del Congreso no pudiera volver a revisar el adelanto de las elecciones generales, se oficializó la designación del docente Guido Flores Marchán como titular del Instituto Peruano del Deporte (IPD). La resolución suprema del nombramiento lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y del ministro de Educación, Óscar Becerra.

En aquella fecha, Flores, profesor de Educación Física, ingresó a la sede del IPD, ubicada en las instalaciones del Estadio Nacional, junto a 12 personas. Ellos se dirigieron al despacho de la presidencia de la entidad, en ese momento todavía ocupado por Juan Carlos Huerta, quien dejó el cargo ese día.

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Según el registro de visitas, el nuevo jefe del IPD permaneció en el lugar entre las 2 p.m. y las 6 p.m., mientras que las personas que entraron con él se retiraron alrededor de las 4 p.m. “Entiendo que ellos serían parte de su equipo de trabajo”, dijo a este Diario una fuente de esa institución respecto a los acompañantes de Flores.

Algunas de esas personas son investigadas en la fiscalía por delitos de corrupción, de acuerdo con información oficial que El Comercio revisó.

Conexión

Guido Flores, natural de Piura, cursó estudios en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), de donde egresó en 1989. Además de laborar en este centro de estudios, prestó servicios en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, en Huacho (Huaura, Lima), entre el 2020 y el 2022.

Hace unos días, El Comercio informó que Walter Chunga, asesor de la congresista Elizabeth Medina, vocera alterna del Bloque Magisterial, fue señalado como el supuesto operador en la designación de Flores en el IPD.

Tanto Chunga como Flores son oriundos de Piura.

Este asesor de la legisladora Medina, quien como portavoz alterna de la bancada oficializó el retiro de la firma del acta sobre el adelanto de elecciones, registra reuniones con el primer ministro Alberto Otárola y otros funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como de los ministerios de Educación y Desarrollo Agrario, durante el gobierno de Boluarte.

En enero de este año, se conoció que legisladores del Bloque Magisterial fueron incluidos en el Caso ‘Los Niños’, en el cual se investiga a parlamentarios de distintas agrupaciones por presuntamente haberse beneficiado en el nombramiento de funcionarios durante el gobierno de Pedro Castillo, a cambio de votar en contra de su vacancia.

Primer designado

Hasta el momento, dos personas del grupo que ingresó a la sede del IPD con Guido Flores, el jueves 9, fueron nombradas en puestos claves en la entidad, la cual tiene un presupuesto de más de S/152 millones para el período anual en curso.

Uno es Jaime Barnett Palomino, quien el jueves 16 fue designado jefe de la Oficina General de Administración (OGA) del IPD. Esta área tiene entre sus funciones formular el plan de adquisiciones y contrataciones de la institución, así como gestionar los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios.

Barnett, contador público, es padre de Karim Barnett Kross, abogada que fue asesora principal del congresista Paul Gutiérrez, vocero del Bloque Magisterial que es investigado por el Caso ‘Los Niños’. Ella luego cumplió las mismas labores de asesoría para la bancada, hasta noviembre pasado.

El 22 de diciembre, ya durante el gobierno de Boluarte, Karim Barnett obtuvo una orden de servicio de S/10 mil en un organismo del Ministerio del Ambiente bajo el concepto de “asistencia técnica legal”.

Jaime Barnett registra investigaciones fiscales en sedes de Lima y Apurímac por distintos delitos, de acuerdo con un reporte oficial al que El Comercio accedió.

En la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte, el ahora funcionario del IPD tiene la condición de imputado desde el 2019. Se lo investiga por la presunta comisión de lavado de activos (conversión y transferencia), peculado (apropiación de caudales destinados a asistencia social), concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado) y otros supuestos actos ilícitos.

En el distrito de Miraflores, Barnett está bajo indagación fiscal por apropiación ilícita y abuso de autoridad.

En tanto, en la Fiscalía Anticorrupción de Apurímac estuvo investigado por peculado, malversación de bienes o dinero público, y omisión de actos funcionales. En otras fiscalías de esa región, se lo indaga por falsedad ideológica, apropiación ilícita y abuso de autoridad.

En los últimos años, Barnett ha laborado en diferentes entidades públicas, como en el Gobierno Regional de Apurímac, el Congreso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La presidenta Boluarte, el congresista Gutiérrez y el funcionario Jaime Barnett tienen en común que proceden de Apurímac.

El viernes último, el jefe del IPD, Guido Flores, recibió en su oficina a cuatro representantes de la prefectura de Apurímac, liderados por el prefecto Óscar Herrera.

El segundo designado es Carlos Garrido Calatayud, desde hace unos días jefe de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte del IPD. Como Flores, Garrido laboró en la Universidad La Cantuta.

Visitante con acceso

Otra persona que acompañó a Guido Flores en su primer día como cabeza del IPD es Francisco Espinoza Sánchez, quien volvió a visitarlo en su despacho el lunes 20.

Espinoza, contador público como Barnett, figura con investigaciones e incluso una sentencia por delitos de corrupción, según los registros del Ministerio Público. Se trata de casos iniciados entre el 2010 y el 2016, a cargo de fiscalías anticorrupción de Lima.

La condena en su contra, emitida en el 2014, fue por cometer negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La resolución judicial fue apelada por el acusado.

También está bajo indagación fiscal por cohecho pasivo (recibir soborno) y colusión con defraudación patrimonial al Estado.

En el 2016, la contraloría recomendó que Espinoza fuera denunciado tras hallarse evidencias de irregularidades en el otorgamiento de infraestructuras deportivas a tres empresas por 10 años, por parte del IPD. Los hechos sucedieron cuando Espinoza era jefe de la Oficina General de Administración de la institución.

En el 2022, un órgano del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), sector que estuvo a cargo de Boluarte hasta noviembre de ese año, durante el gobierno de Castillo, emitió órdenes de servicio a favor de Espinoza por S/71 mil en total.

Negativa

En diálogo con este Diario, el legislador Gutiérrez negó que conozca a Jaime Barnett, padre de su exasesora, y rechazó que hubiese intercedido para que fuera nombrado en el IPD. “Como bancada no tenemos nada que ver con las designaciones en esa institución”, sostuvo.

Al cierre de esta edición, Guido Flores respondió a El Comercio —por WhatsApp— que Barnett fue convocado al IPD porque “profesionales entendidos en el deporte nos refirieron su hoja de vida”, y que fue designado “luego de una evaluación”. No obstante, afirmó que desconocía que Barnett registraba alguna investigación fiscal.

“Dada la seriedad de las imputaciones, estoy solicitando la información del caso a las instancias señaladas a fin de adoptar la acción que corresponde”, afirmó.

Sobre su nombramiento, Flores indicó que no tiene afiliación política y que lo convocaron del Poder Ejecutivo en consideración de su “perfil profesional”.

Este Diario trató de recoger la versión de Jaime Barnett, pero no hubo respuesta ante los intentos de comunicarnos con él.

Actualización: En una carta que Jaime Barnett envió a este Diario en noviembre del 2023, sostuvo que las investigaciones fiscales en su contra ya han sido archivadas. Sin embargo, a la fecha de la publicación del informe, Barnett figuraba como imputado, según registros oficiales del Ministerio Público que este Diario consultó.

Datos

• Siete son los congresistas del Bloque Magisterial que están bajo investigación fiscal por el Caso ‘Los Niños’, junto al expresidente Pedro Castillo.
• S/ 152 millones es el presupuesto del Instituto Peruano del Deporte para este año. El 43% se destinará a la contratación de servicios.