Contraloría inhabilita por cuatro años a ex gerente general de Petro-Perú

La Contraloría General de la República (CGR) inhabilitó por cuatro años para el ejercicio de la función pública a Hugo Ángel Chávez Arévalo, exgerente general de Petro-Perú. La sanción, que fue ratificada esta semana en segunda instancia, está relacionada a su etapa como funcionario de la petrolera estatal durante el gobierno de Pedro Castillo, por el cual la fiscalía -en un proceso distinto- pidió esta semana prisión preventiva en su contra.

La inhabilitación se da tras hallársele responsable de haber usado indebidamente vehículos de Petro-Perú para, entre otras cosas, trasladarse a inicios de noviembre del 2021 a la fiesta de la hija de Bruno Pacheco, entonces secretario general de Palacio de Gobierno. Esto se conoció a partir de un reportaje de Cuarto Poder emitido en enero del 2022.

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El caso se remonta a mediados del año pasado, cuando el órgano de control determinó que el funcionario había usado los vehículos con ese propósito y le inició un proceso sancionador por responsabilidad administrativa A fines del 2022, el órgano sancionador le impuso la sanción de inhabilitación por cuatro años, pero Hugo Chávez Arévalo apeló.

En primera instancia, se consideró acreditado que el exgerente general de Petro-Perú usó seis vehículos en 17 fechas entre noviembre del 2021 y febrero del 2022, “dándoles un fin distinto al legalmente previsto, en actividades privadas, fechas y horarios no comprendidos como laborables y en las cuales no se registraron actividades oficiales”. Esto, según el órgano, generó un perjuicio económico a la entidad de S/14,146.99.

Adicionalmente, se consideró que obtuvo beneficios indebidos con esos mismo vehículos en esas mismas fecha “al haber dispuesto para su propio interés el uso de bienes públicos que estaban destinados al cumplimiento de objetivos y fines institucionales”, lo que generó el mismo perjuicio económico al Estado.

En su apelación, Chávez Arévalo buscó que se revoque la inhabilitación y se archive el proceso, alegando que la sanción no estaba bien argumentada. Así, el caso pasó a ser visto por la sala 2 del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), la cual desestimó los argumentos del exfuncionario.

“Esta Sala 2 del TSRA considera que los hechos imputados se ajustan a los hechos considerados probados y al ordenamiento jurídico [...] encontrándose debidamente probados los hechos atribuidos al administrado señor Hugo Ángel Chávez Arévalo, incurriendo en las infracciones muy graves”, concluyó el colegiado.

Por ello, se decidió declarar infundada la apelación de Hugo Chávez Arévalo y confirmar la resolución que le impuso los cuatro años de inhabilitación, al “habérsele determinado responsabilidad administrativa funcional por la comisión de las conductas infractoras muy graves”.

También se dispuso notificar la resolución de la sala -que puede ser vista en el portal de la Contraloría- al exfuncionario, a Petro Perú y a su órgano de control. Adicionalmente, se declaró agotada la vía administrativa. Es decir, ya no hay más recursos a nivel administrativo que se puedan presentar contra lo decidido, según explicó Jaime de la Puente, presidente del TSRA.

”El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas se constituyente en última instancia administrativa del procedimiento administrativo sancionador, por lo que en la vía administrativo no cabe que el recurso sea impugnado”, dijo el funcionario de la Contraloría a El Comercio. Agregó que que esta sanción “se impone al haberse verificado que un servidor o funcionario ha incurrido en responsabilidad administrativa funcional”.

"[La inhabilitación] comprende la pérdida de la capacidad legal para el desempeño de funciones, cargos o comisiones en el ámbito de la función pública"

Jaime de la Puente , presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría

Hugo Chávez Arévalo, economista de profesión, fue nombrado gerente general de Petro-Perú en octubre del 2021. El funcionario cobró protagonismo en diciembre de ese año, cuando se le inició una investigación, junto a Karelim López y el empresario Samir Abudayeh, en torno a una concesión de biodiesel posterior a que los tres registraran a la misma hora una reunión con el entonces presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

Cuanto todavía estaba en el cargo, la fiscalía logró que el Poder Judicial le imponga impedimento de salida del país y allanó Palacio de Gobierno para buscar evidencia del caso. En marzo del 2022, Chávez Arévalo renunció al cargo y en noviembre pasado, el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por esta indagación. Sin embargo, fue liberado luego de que una sala de apelaciones revocó la medida.

A nivel de Fiscalía de la Nación, Pedro Castillo también es investigado por ese hecho y el jueves de la semana pasada, la Corte Suprema le impuso 36 meses de prisión preventiva. En la tesis que maneja el Ministerio Público, el economista formaba parte del brazo en Petro-Perú de la presunta organización criminal que habría liderado el exmandatario al interior de su gobierno.

La semana pasada, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder pidió prisión preventiva por el mismo plazo para Hugo Chávez Arévalo por la referida investigación, conocida como Caso Petro-Perú. La audiencia para evaluar esa solicitud será el jueves 23 de marzo. El Ministerio Público le imputa los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y lavado de activos, por los que estima que podría recibir más de 33 años de condena.