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El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo que el Gobierno no está en condiciones de poder “descartar” la posibilidad de que el Perú renuncie a las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En una entrevista a Canal N, fue consultado si es que el Ejecutivo evalúa renunciar a la corte, luego de que se pronunciara en contra de la resolución en la cual piden que no se tramite el proyecto de ley que restringe las figuras de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra antes del 2002.
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“En un escenario como este no estamos en condiciones de descartar ninguna acción de Gobierno, pero aquella que se vaya a tomar, pueden estar seguros que va a ser resultado de un profundo análisis y de una reflexión”, aseveró.
Gustavo Adrianzén insistió, en ese sentido, en la oposición que tiene el Gobierno a la decisión de la Corte IDH por haber atendido el pedido que hicieron los deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y requerir al Estado peruano que no siga con la evaluación y aprobación de la ley que fue propuesta por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Honor y Democracia).
“Sentimos que hay una corte de justicia supranacional que está excediendo de una manera ya insólita sus facultades y llegando al extremo de querer prácticamente maniatar a los poderes del Estado diciéndoles que no pueden hacer tal o cual cosa y este que es un Estado soberano que se rige por el principio de separación de poderes, no lo puede admitir”, aseguró.
Según Adrianzén, desde el Gobierno pueden estar a favor o en contra de propuestas desde el Congreso pero “de ninguna manera” podrían pedirles que dejen de cumplir con su labor de legislar. Esto lo calificó como un “exceso” que ha sido rechazado por el Poder Ejecutivo.
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Esta posición será plasmada “en breve” en una comunicación que el Gobierno hará llegar a la Corte IDH.
Este jueves, la Comisión Permanente del Congreso aprobó —en segunda votación— la ley que limita los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos ocurridos antes de 2002.
}La decisión, fue adoptada por la Comisión Permanente, órgano parlamentario con facultades para legislar durante el receso por 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención. En su mayoría, la fórmula fue respaldada nuevamente por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Honor y Democracia.
La autógrafa de ley debe ser enviada al Ejecutivo que encabeza la presidenta Dina Boluarte para que sea promulgada o, en su defecto, observada y devuelta al Congreso.
