Pedro Castillo y sus exministros serán procesados juntos por el golpe de Estado

El expresidente Pedro Castillo y sus exministros Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Roberto Sánchez Palomino y Aníbal Torres Vásquez (en calidad de asesor) serán procesados juntos por el golpe de Estado en diciembre del 2022.

A través de una resolución a la que accedió El Comercio, el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley ordenó la acumulación de los casos que se venían desarrollando por separado, a fin de que sean procesados en un solo expediente.

De esa manera, declaró fundadas las solicitudes de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos y de la Procuraduría General del Estado (PGE).

Como se recuerda, la investigación se inició el 7 de diciembre de 2022, debido a que el entonces presidente Pedro Castillo Terrones emitió un mensaje a la Nación, disolviendo el Congreso de la República y disponiendo la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.

Además, según la fiscalía y la PGE, estableció un “Gobierno de Excepción” “en flagrante atentado contra los poderes del Estado, el orden constitucional del Perú y la autonomía de los organismos que forman parte del Sistema de Justicia”.

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Inicialmente, el caso se formalizó contra Castillo Terrones (en su condición de presidente de la República) y Torres Vásquez (en su condición de Asesor II del Despacho de la PCM) en un expediente.

Luego, se emitió un segundo expediente contra Betssy Chávez Chino (en su condición de presidenta del Consejo de Ministros), así como Willy Arturo Huerta Olivas y Roberto Helbert Sánchez Palomino, como ministros del Interior y Comercio Exterior respectivamente.

A los cinco se les imputó ser presuntos coautores de rebelión, previsto en el artículo 346° del Código Penal y, alternativamente, conspiración, previsto en el artículo 349° del Código Penal.

Al vacado expresidente también se le imputó los presuntos delitos contra la administración pública – abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública – delito contra la paz pública, en agravio de la sociedad.

La Procuraduría General del Estado señaló que había conexión objetiva porque en ambos casos se formalizó investigación preparatoria por presuntamente haber elaborado un plan en conjunto para “violentar” bienes jurídicos protegidos por ley, y se evidenciaría que se trata de un mismo hecho.

“El hecho formalizado y puesto a conocimiento del juez supremo de investigación preparatoria supone la intervención de José Pedro Castillo Terrones, Aníbal Torres Vásquez, Betssy Betzabet Chávez Chino, Willy Arturo Huerta Olivas y Roberto Helbert Sánchez Palomino, quienes a título de coautores, conjuntamente elaboraron un plan criminal con una misma finalidad criminal de violentar o poner en riesgo bienes jurídicos protegidos por ley, relacionados con el Mensaje a la Nación del 07 de diciembre de 2022″, señaló la PGE.

Mientras que la fiscalía, sostuvo que la acumulación busca agrupar dos o más procesos en uno y responde a los factores de conexión entre los delitos investigados, con el propósito de facilitar la investigación y obtener un pronunciamiento coherente del órgano jurisdiccional, es decir, evitar decisiones contradictorias del ente jurídico.

“Se verifica que ambos procesos contienen idéntica narración fáctica, pues versan sobre los presuntos acuerdos y la decisión adoptada para revertir el orden constitucional del Estado”, señaló la fiscalía.

Ante ello y sin la oposición de los procesados, el juez ordenó la acumulación de los expedientes, al considerar que “resulta acorde con el principio de unidad de la investigación”, y los principios de economía (de gasto, tiempo y esfuerzo), concentración y celeridad procesales, evitando que se emitan pronunciamientos contradictorios respecto los mismos hechos imputados.