El fiscal adjunto supremo provisional Marco Huamán afirmó que para el Ministerio Público el exministro del Interior Willy Huerta “habría estado de acuerdo con el acuerdo y decisión” del entonces presidente Pedro Castillo de dar un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.
Durante su exposición de cargos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, indicó que con tal fin, Huerta Olivas le prestó su teléfono celular a Castillo Terrones para que pudiera llamar al comandante general de la Policía, Raúl Alfaro, aquel día, luego de su mensaje a la Nación.
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“[Willy Huerta] habría utilizado su teléfono celular para comunicarse con el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, a través del aplicativo WhatsApp y le habría manifestado que se encontraba en Palacio de Gobierno y lo iba a comunicar con el presidente de la República”, detalló.
Huamán indicó que en la llamada, Castillo Terrones le pidió a Alfaro desalojar el Congreso, reforzar la seguridad en la vivienda de sus padres y detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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“Ante tal disposición, el mencionado general [Raúl Alfaro] habría preguntado al presidente cuál era el motivo de la intervención a la fiscal de la Nación, obteniendo como respuesta que los detalles para esas intervenciones los iba a dar el ministro del Interior”, acotó.
“Este hecho permite concluir al Ministerio Público que el investigado Huerta Olivas habría estado de acuerdo con el acuerdo y decisión de sus coinvestigados para subvertir el orden constitucional”, añadió.
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El fiscal también alegó que hubo una reunión entre Willy Huerta; la entonces jefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez; el entonces asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Aníbal Torres; exasesores, y otros personajes minutos antes que Pedro Castillo brindara su mensaje a la Nación.
“El día 7 de diciembre en horas de la mañana se habría producido una reunión en Palacio de Gobierno entre la investigada Betssy Chávez, quien ostentaba el cargo de presidenta del Consejo de Ministros; el presidente de la República, Pedro Castillo; el asesor del despacho de la PCM Aníbal Torres Vásquez y otras personas en investigación para determinar sus identidades”, manifestó.
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“En esta reunión se había acordado y decidido que José Pedro Castillo Terrones, utilizando la condición que ostentaba en ese entonces, y mediante un mensaje a la Nación, comunique a la ciudadanía la decisión que habrían asumido en el sentido de establecer un gobierno de excepción, disolver el Congreso e intervenir el sistema nacional de justicia”, agregó.
Finalmente, el fiscal Marco Huamán aseveró que “la obediencia debida tiene un límite” y que no existe ninguna vulneración a la presunción de inocencia. También refirió que la denuncia constitucional “tiene los elementos de convicción necesarios y convincentes” en el caso de Willy Huerta.
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