Fiscalía de la Nación evalúa delitos por desactivación de equipo policial de Eficcop

La Fiscalía de la Nación está evaluando la “presunta comisión de delitos” de altos funcionarios por la decisión de desactivar al grupo de policías que apoyaba de manera exclusiva al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), ya que esto tendría relación con la orden para detener al hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y al abogado de la misma, Mateo Castañeda.

A través de un comunicado emitido la mañana de este viernes 10 de mayo, mientras se realizaba la diligencia para allanar domicilios y detener a Nicanor Boluarte y a otros implicados en su investigación, el Ministerio Público precisó que los presuntos delitos se habrían cometido al emitir la Resolución Ministerial N°0610-2024-IN firmada por el ministro del Interior, Walter Ortiz.

Esta resolución, emitida en la víspera por el Ejecutivo, ordena dejar sin efecto la conformación del equipo especial policial que estuvo dirigido por el suspendido coronel PNP Harvey Colchado en julio del 2022.

Según la Fiscalía de la Nación, esta decisión “tendría relación con el auto de detención preliminar judicial” emitido por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que alcanza contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda Segovia y a otros seis investigados.

Según el Ministerio del Interior, la decisión de eliminar al equipo de policías se tomó porque habría una supuesta duplicidad de funciones con las labores de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), ya que ambos realizan acciones de inteligencia e investigaciones contra organizaciones criminales a nivel nacional.

También consideraron que no se emitieron informes legales o dictámenes de áreas como Asesoría Jurídica de la PNP o la División de Modernización y Desarrollo Institucional. Según el Mininter, sus opiniones “eran imprescindibles par ala emisión de un dispositivo legal que modificaba la organización y funcionamiento de la estructura policial”.

Por esto, señalan que se dio inicio a investigaciones administrativo-disciplinarias contra responsables de un “dispositivo legal sin sustento”.