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El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación y el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), allanaron la vivienda y oficina de la Congresista por Huánuco, Elizabeth Medina, como parte de una investigación por presuntos actos de corrupción seguida contra su esposo Víctor Morales.
Los allanamientos se dieron en Lima y Huánuco, con el apoyo de un equipo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.
Durante el operativo con fines de detención preliminar e incautación de bienes, se intervinieron diez inmuebles y se detuvo a seis personas implicadas en el caso.
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Las pesquisas se iniciaron a fines del 2023, contra Víctor Humberto Morales Chocano y otras personas, por el presunto delito de colusión agravada y organización criminal. Posteriormente se ampliaron por el presunto delito de lavado de activos.
Ello luego de que el Eficcop obtuviera información sobre presuntos actos irregulares y la versión de un aspirante a colaborador eficaz que señaló al esposo de la congresista de la bancada Bloque Magisterial como la persona que habría recibido coimas a cambio de habilitar presupuesto para obras en la región Huánuco, a través de la parlamentaria.
El personal del Ministerio Público llegó al domicilio ubicado en la Av. Guzmán Blanco, en el Cercado de Lima, aproximadamente a las 3 a.m., donde se encontraba la legisladora. Sin embargo, el operativo recién empezó dos horas después, ya que los fiscales y la policía tuvieron que esperar al abogado de la parlamentaria.
En tanto, la orden de allanamiento y detención, en el caso de los no aforados, fue emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de la jueza Margarita Salcedo.
Entre los implicados en el caso se encuentran el excalde de la Municipalidad Distrital de Molino (Pachitea), Jean Kevin Sumarán Lino y el ingeniero César Eugenio Orizano.
Algunos hechos investigados
En octubre del 2021, según las pesquisas, el profesor Julio César Lorenzo Obregón buscó al alcalde de la Municipalidad Distrital de Molino (Pachitea), Jean Kevin Sumarán Lino y le propuso financiar obras que podían ser ejecutadas en su distrito.
Para ello, Lorenzo Obregón aseguró conocer a la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, agregando que trabajaba con el esposo de la parlamentaria, Víctor Humberto Morales Chocano, exmiembro de la Policía Nacional.
Por medio de “la congresista”, habría indicado Lorenzo Obregón, se podía conseguir presupuesto para las obras, esto era porque podía lograr que lo incorporen en la Ley de Presupuesto del Sector Público. No obstante, para concretar las “gestiones” era necesario el pago de una “comisión” ascendente al 6% del costo directo del proyecto y la supervisión de la obra.
Dicho municipio distrital, que había estado tramitando presupuesto desde el 2020, finalmente pudo obtener eldesembolso de un partida presupuestal para proyectos de pistas y veredas por S/ 7′425.938,89, en junio del 2022.
Por ello, la tesis fiscal señala que las irregularidades se habrían producido en la Licitación Pública Nro. 02-2022-MDM/CS-1 puesto en convocatoria por la Municipalidad Distrital de Molino, el 4 de julio del 2022. Es decir, un mes después del desembolso.
El otorgamiento de la obra denominada “Construcción de Pistas y Veredas de los Jirones 9 De Octubre, Molino, Cuba, Union Panao, Crespo Castillo, San Jorge, Apallacuy, Jose Carlos Mariátegui, Jerusalén y Calle Angélica de la localidad de Molino, Distrito de Molino - Pachitea – Huanuco” se concretó también en solo un mes, el 10 de agosto del 2022.
Y, el contrato con el ‘Consorcio Vial Molino” valorizado en S/ 7′032.127.26 se concretó el 5 de setiembre del 2022.
Según el aspirante a colaborador eficaz, el pago de coimas por este proyecto se habría concretado meses antes de la convocatoria y adjudicación del proyecto. Esto habría sido a fines del 2021 y enero del 2022, en dos armadas de S/ 136.000.
Además, con dicho dinero, se habría concretado la compra de una camioneta roja valorizada en $39.100, la misma que se compró al contado en febrero del 2022 y cuyos titulares son la parlamentaria Medina Hermosilla y su esposo.
Según Registros Públicos, la compra al “contado” se hizo en cuatro operaciones con dinero proveniente de dos entidades bancarias. Los montos fueron de $7.600, $22.400, $6.500 y de $2.600.
Por ello, la tesis del Ministerio Público señala que, en este caso, la congresista y su esposo habrían sido los receptores de dichos pagos.
“El investigado Víctor Humberto Morales Chocano, en su calidad de esposo de la Congresista de la Repúbica, Elizabeth Sara Medina Hermosilla -quien a la fecha se encuentra en el ejercicio de sus funciones- habría obtenido beneficios económicos por la suma de al menos S/272,000.00 (Dosciendo setenta y dos con 00/100 soles) producto de la conformación de una organización criminal liderada por la citada congresista que habría logrado el direccionamiento de los siguientes procesos de adjudicación.”
Ministerio Público
El pasado mes de mayo, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, a cargo de la juez Leodán Cristobal emitió una orden de inhibición como medida cautelar de un futuro embargo, sobre la camioneta adquirida. Tras el operativo, el vehículo fue incautado.
En junio de este año, el programa “Panorama” difundió audios de diversos implicados en los presuntos actos de corrupción. Entre ellos, el alcalde de Leoncio Prado (Huánuco), Marx Fuentes, quien afirmó que el alcalde saliente llegó con Morales Chocano y le indicó que debía darle S/100 mil soles, pero no accedió a dicho requerimiento.
“Ni bien había yo ganado las elecciones, su esposo, un flaco alto, con más de 50 años (…) ha venido y con el otro alcalde saliente, ’alcalde tú que te estás quedándote en la gestión tienes que darle sus 100 mil soles’”, señaló Fuentes.
Víctor Humberto Morales Chocano, esposo de la congresista Elizabeth Medina.
Concluida la diligencia, la congresista Elizabeth Medina, abandonó de su vivienda y, brevemente, negó haber cobrado cupos. Si bien indicó que daría declaraciones a su llegada al Congreso de la República, esto no se concretó.
Con anterioridad, Medina Hermosilla ya había negado estar implicada en una presunta organización criminal, y aseguró que la investigación no era contra ella; sino contra su esposo Víctor Morales.
“La investigación fiscal que aún está en etapa preliminar no es mi contra, es contra mi cónyuge, sobre la declaración de una persona que ya se desdijo, dejando sin efecto su declaración. Sin ese respaldo deberá archivarse”, dijo entonces.
“Con esta figura actual, no se garantiza la eficacia del allanamiento”
El allanamiento a la congresista Elizabeth Medina y otros implicados en el presunto cobro de coimas, evidenció una vez más el perjuicio generado por el Congreso de la República al modificar la Ley 32108, mediante la que se exige la presencia del abogado del afectado en los allanamientos y detenciones.
Y es que, el allanamiento a la vivienda del la parlamentaria tuvo que esperar dos horas hasta la llegada del abogado de Medina Hermosilla, para iniciar con la diligencia. Ello, pese a que esta se encontraba en su vivienda.
Los fiscales y la policía además, tuvieron que esperar cuatro horas para ingresar al despacho de la parlamentaria del Bloque Magisterial ubicado en la oficina 311 de la sede del Legislativo, en el Centro de Lima.
Al respecto, el abogado penalista Andy Carrión señaló que una de las normas procesales operativas más importantes que se aplican a las organizaciones criminales o cualquier otro delito vinculado a organización criminal, es la figura del allanamiento y la posterior incautación.
Sin embargo, indicó que con la modificación realizada por el Parlamento, esta medida ha perdido efectividad.
“Someter esta figura a la presencia obligatoria previa de un abogado, desnaturaliza la figura misma del allanamiento ¿Por qué? Porque si se va a seguir produciendo como ahora, que la fiscalía y la policía llegan al domicilio o lugar donde allanarán, pero tiene que esperar la presencia de un abogado para empezar la diligencia; entonces, es lo mismo que si la fiscalía envíe una notificación al investigado y le diga qué es lo que necesita de su domicilio”, sostuvo.
En esa línea, indicó el abogado, se ha evidenciado que, mientras llega el abogado, pasan tres o cinco horas, puede haber personas adentro del lugar allanado, y simplemente desaparecer la prueba.
“Lo más importante es la consecución de la prueba, para eso fue elaborada la figura del allanamiento. Pero la consecución de la prueba de manera sorpresiva, porque solo así puede considerarse la eficacia de la diligencia. Con esta figura actual no se garantiza la eficacia de la figura , porque se realiza el allanamiento, pero se tiene que esperar al abogado. Este es el gran problema de esta figura jurídica, porque pierde eficacia el efecto sorpresa. Hubiera preferido que se sinceren y que digan, 'eliminamos del Código Procesal Penal la a figura del allanamiento'. Si quieres petardear esta figura jurídica, mejor que la eliminen.”
Andy Carrión, abogado penalista
Como propuesta para viabilizar la efectividad de la figura del allanamiento, comentó Carrión, el Congreso tendría que modificar la ley y precisar que, mientras se espera al abogado, la fiscalía y la Policía puedan realizar el allanamiento con normalidad. Y, que todos los documentos producidos durante la diligencia, actas fiscales, etc, tengan obligatoriamente la firma del abogado.
