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Seis de cada diez peruanos consideran que la corrupción de los funcionarios públicos del país se encuentra “muy generalizada” y gran parte coincide en que esta alcanza por igual a los tres niveles de gobierno (es decir, nacional, regional y local), según recoge un estudio realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) por encargo del Instituto Bicentenario.
Según el informe “Ciudadanía, democracia y gestión descentralizada”, un 62% considera que la corrupción de los funcionarios está “muy generalizada”; mientras que otro 15% cree que está “algo generalizada”. En suma, un abrumador 77% de los ciudadanos, aunque en distinto grado, asume que la corrupción en el país se encuentra extendida.
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Apenas un 12% y 11%, respectivamente, opina que este flagelo se encuentra poco o nada generalizado. En tanto, un 44% coincide en que esta viene golpeando por igual a los tres niveles de gobierno; mientras que un 34% cree que ello afecta principalmente al gobierno nacional.
(Infografía: El Comercio)
Análisis...
Desconfianza y oportunidad, por Leslie Pierce
Hace poco, el Instituto Bicentenario celebró su segundo aniversario. Coincidiendo con esta fecha, se difundió la encuesta "Ciudadanía, democracia y gestión descentralizada", realizada con el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para comprender mejor la situación del país y encontrar vías para fortalecer las instituciones y la democracia en el Perú.
¿Qué encontramos? Evidencia de una enorme desconfianza y preocupación ciudadana por un sistema de gobierno y gestión pública que no le resuelve problemas.La percepción de corrupción en los funcionarios públicos es alarmantemente alta. Un 62% de peruanos cree que la corrupción está muy generalizada en el país, y un 48% opina lo mismo sobre sus regiones. Solo un pequeño porcentaje, el 11% y 12% respectivamente, piensa que la corrupción no está extendida.
A esto se suma que, a nivel nacional, más del 80% de ciudadanos tiene poca o ninguna confianza en el buen manejo de los fondos por parte de los municipios y gobiernos regionales. Esta desconfianza se refleja en todo el país: en Loreto, alcanza el 85% para los municipios y el 82% para los gobiernos regionales; en Arequipa, es del 82% y 87% respectivamente. Por otro lado, aquellos que tienen mucha confianza en la gestión de los recursos públicos representan apenas el 2% de la población.
En este contexto de desconfianza, solo un quinto de la población se mantiene activa buscando información sobre el trabajo de sus municipalidades. Respecto a los gobiernos regionales, el interés es aún menor: solo el 13% de los peruanos ha investigado sobre su gestión, siendo Arequipa la región con mayor interés (21%) y Cajamarca la de menor (10%).
Estos datos reflejan una realidad preocupante, pero no insalvable. ¿Qué se puede hacer? No todas las soluciones pasarían por la política.
Esto porque participar en movimientos políticos es visto como ineficaz por un tercio de los encuestados. Peor aún, ante la pregunta de si a los gobernantes les importa lo que piensa el ciudadano común, solo el 14% responde afirmativamente. Y cuando se indaga sobre el interés en política, el 72% contesta que tiene poco o ningún interés. Aquellos con mucho interés representan solo el 6% de la población.
Y entonces, ¿dónde enfocar nuestros esfuerzos? En los ciudadanos. La consolidación de una ciudadanía activa puede ofrecer algunas alternativas. La participación en juntas o asociaciones comunitarias (24%) y la vigilancia de las autoridades (38%) son ejemplos que muestran mejores perspectivas.
Es cierto que las barreras para la participación son variadas y significativas. La falta de interés es el mayor impedimento, citado por el 29% de encuestados, seguido de la falta de conocimiento (25%), el temor a represalias (24%) y la falta de tiempo (21%). Sin embargo, solo el 1% de los encuestados cree que las cosas no cambiarían si hubiera vigilancia ciudadana, y 4 de cada 5 ciudadanos considera que puede contribuir de manera importante para que las autoridades trabajen en bien de la población.
Empoderar a los ciudadanos para que se informen más y mejor, apoyar sus iniciativas y generar oportunidades para que se acerquen más a sus autoridades y a las instituciones públicas sin duda contribuirá a una democracia más efectiva. En ese esfuerzo estamos comprometidos.
*Leslie Pierce es presidente del Instituto Bicentenario.
Y si bien hay un reconocimiento de que la fiscalización ciudadana a la labor de las autoridades es muy efectiva para cambiar las cosas —un 38% y por encima, incluso, de otras acciones como protestas o la participación política—, las cifras también revelan que ello no es una prioridad.
Un 29% sostiene que la falta de interés es el principal impedimento para que la ciudadanía participe vigilante a la labor de sus autoridades; en tanto un 25% cree que ello ocurre por la falta de conocimiento y un significativo 24% por temor a las represalias.
Puntos de vista
El exprocurador Yván Montoya apuntó que las personas sí logran detectar dónde está la corrupción, incluso que ello les perjudica en su vida diaria, pero también “hay una impotencia en la ineficiencia de las denuncias y del controlar que se pueda ejercer” frente a ello. Hay algo terrible —resaltó Montoya—: la resignación.
Además, remarcó que este nivel de percepción generalizada de la corrupción —y la ineficacia del control— produce un Estado que no se rige finalmente por el interés público sino más bien por el particular. Esto último, a su vez, tiene una consecuencia “absolutamente perjudicial” para el desarrollo del país, teniendo incidencia incluso en la promoción de las políticas públicas.
“Que haya estructuras criminales que ya tienen coaptados a las élites gubernamentales y, por lo tanto, controlan no solo un acto de corrupción u otro sino las políticas mismas de gobierno, de seguridad, educación, salud y, efectivamente, las precarizan y al no haber servicios públicos de calidad, transparentes, que se distribuyen con eficiencia, lo que tendremos evidentemente es la reproducción de un país hundido en la pobreza, en las diferencias y la desaceleración del crecimiento de la economía”, resaltó.
Por su parte, Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, cuestionó que la indignación ciudadana no se traduce aún en un compromiso efectivo.
“Sabemos dónde está, cómo funciona, quiénes son los protagonistas; sin embargo, no hay acción ni movilización y, en muchos casos, no solamente ello, sino que hay una cierta permisión. Como ya pensamos que el sistema es corrupto, pues la opción no es combatirlo sino acomodarse”, lamentó Herrera.
También incidió que ahora “la excepción es la no corrupción” y que el sistema ensimismo genera incentivos para la corrupción, con instituciones que no funcionan y ciudadanos que pierden la confianza y la esperanza de denunciar por la poca capacidad de respuesta.
“No hay un manos a la obra, una intención de una autoridad política, no hay una intención real del sistema de justicia que debería ser el que elimine la impunidad en la corrupción. Somos declarativos”, aseveró.
