En febrero del 2021, en plena campaña electoral por una curul parlamentaria, el abogado Eduardo Salhuana, ahora presidente del Congreso, recibió un poder de Marcelo Honorio Quispe Osnayo y César Ribelino Bermúdez Rojas, dos mineros informales de Madre de Dios, para representarlos ante el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ). En esa época, ambos eran investigados por la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente (FEMA) de la región por delitos contra los recursos naturales.
De acuerdo con un documento notarial que fue inscrito en Registros Públicos (Sunarp), al que El Comercio accedió, el 8 de febrero del 2021 Quispe y Bermúdez firmaron un poder que facultaba a Salhuana a representarlos ante la fiscalía, especialmente ante la FEMA, “presentar escritos” y “ofrecer medios probatorios en las denuncias por la presunta comisión de delitos ambientales” contra ellos. También se facultaba al “apoderado” a “asistir a las diligencias y citaciones de esclarecimiento”, sobre todo una diligencia prevista para el 17 de febrero del 2021, convocada por la fiscal Luz Apaza Terán.
Además, el ahora congresista de Alianza para el Progreso (APP) estaba autorizado a “asistir e intervenir en los procesos judiciales” contra Quispe y Bermúdez que se dieran en el distrito judicial de Madre de Dios, “presentando medios probatorios, asistiendo a diligencias e interponiendo recursos impugnatorios”.
En el poder se menciona que Quispe y Bermúdez están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en una concesión que estaba extinguida (cancelada o abandonada) llamada Aquí Me Quedo. Esta tiene 800 hectáreas y está ubicada en el distrito de Madre de Dios (provincia del Manu), donde “vienen realizando operaciones de extracción minera con maquinaria pesada”.
No hay un documento posterior que indique que el poder fue revocado por los mineros, según una revisión realizada en la Sunarp.
Desde el 2003, Quispe tiene a su nombre nueve derechos mineros en la provincia del Manu, que alcanzan las 1.400 hectáreas.
Quispe, además, aparece como gerente general de tres firmas que extraen oro. Una es Orosur Asociados S.C.R.L., creada en el 2018. Uno de sus fines es exportar el metal.
Bermúdez tiene tres derechos mineros que suman 1.000 hectáreas. Una es Aquí Me Quedo.
Los derechos mineros de ambos están en una zona de Madre de Dios donde se extrae oro de manera informal e ilegal.
El abogado penalista Andy Carrión explicó que el documento que los mineros dieron a Salhuana “es la representación de una persona ante las diligencias y procesos judiciales para que actúe como apoderado [y] presente algún tipo de prueba”, aunque “no necesariamente como su abogado defensor” acreditado, lo que se hace ante el Ministerio Público o el Poder Judicial.
En febrero del 2022, el minero Herasmo Mestas denunció que el minero ilegal Eloy Saxi Arapi invadió su concesión en Madre de Dios. Dijo que Salhuana defendió a Saxi en enero del 2021, antes de ser legislador.
Ingresos al Congreso
El nexo entre Salhuana y Quispe no terminó con el poder mencionado. El 15 de febrero del 2022, Quispe entró al despacho del congresista ubicado en el jirón Azángaro. Fue autorizado por Veruska Ponciano, entonces auxiliar de la bancada de APP, de la que Salhuana fue vocero. No se especificó el motivo de la visita.
Al día siguiente, Eduardo Salhuana autorizó el ingreso del minero para un “evento [de]venta de celulares”, según el registro de visitas.
La tercera visita se dio el 17 de febrero. Quispe asistió a un encuentro de mineros artesanales y pequeños mineros que se realizó en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. El evento fue organizado por Salhuana. Aquella vez, Quispe señaló que su entidad era la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), gremio que Salhuana asesoró hasta antes de ser elegido congresista.
En el evento, Salhuana habló de la Ley 31388, promulgada un mes y medio antes, y que amplió el plazo del proceso de formalización de mineros. El congresista fue autor del proyecto de ley.
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Otras indagaciones
Actualmente, Quispe y Bermúdez enfrentan una investigación preparatoria por delitos contra los recursos naturales, a cargo de la fiscal Luz Apaza.
El Comercio se comunicó con la fiscal, pero dijo que no tenía permiso de su jefe jerárquico para declarar sobre el caso porque era “una investigación reservada”. Sí precisó que el delito que se investiga es “tala ilegal”, parte de los delitos ambientales del Código Penal.
En la fiscalía, Quispe y Bermúdez tienen antecedentes.
En la FEMA, Quispe tiene una investigación abierta por el delito de depredación ecológica que está pendiente de dictamen fiscal, según el sistema de denuncias del MP. Desde el 2010 también tiene una denuncia por el delito de depredación de flora y fauna. Además, en el 2017 fue denunciado por homicidio culposo (negligencia) en una fiscalía de Puerto Maldonado.
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Bermúdez tiene una denuncia por hurto y otra por estafa.
Ambos mineros siguen operando bajo el registro de formalización minera.
El Comercio buscó el descargo de Salhuana. Envió un cuestionario sobre el tema al correo de la presidencia del Congreso y de su despacho. Luis Valdez Farías también se comprometió en hacerle saber del interés por entrevistarlo. Hasta el cierre de la edición impresa de este diario, no hubo una respuesta de Salhuana.
El secretario ejecutivo nacional de Alianza para el Progreso, Luis Valdez Farías, aseveró que Eduardo Salhuana, afiliado al partido liderado por César Acuña, está aclarando todos los cuestionamientos que han surgido por su relación con los mineros de Madre de Dios.
“A diferencia de Alejandro Soto, Salhuana es un presidente del Congreso que está dando la cara, que está absolviendo las dudas de los ciudadanos y de los medios, y de todos quienes exigen un tipo de respuesta o aclaración a situaciones [...] donde estuvo directa o indirectamente vinculado, ya sea como asesor, como abogado o como congresista en la participación activa que ha tenido en Madre de Dios”.
Valdez aseguró que no tiene “ninguna duda respecto de la probidad e integridad” de Salhuana. “Él ha sido explícito al señalar que dejará de lado cualquier tipo de intervención que tenga que ver con estas actividades con las cuales lo relacionan. He visto [en] las últimas horas cómo ustedes están fiscalizando y él está actuando con bastante madurez”, dijo.