La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició investigación preliminar contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén Ojeda, y el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana Vicuña, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La indagación también comprende a la funcionaria Grika Asayag O’Besso por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
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La investigación preliminar corresponde al presunto interés indebido en el pago de 41 millones 520 soles por parte de EsSalud a la empresa Aiona Technology Corporation SAC, que obtuvo en el 2020 la buena pro en el procedimiento de adquisición de un millón de pruebas rápidas contra el COVID-19.
Según el semanario “Hildebrandt en sus trece”, el caso se remonta a la buena pro que obtuvo dicha empresa en el año 2020, con la finalidad de adquirir un millón de pruebas rápidas para diagnosticar la enfermedad.
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Refirió que el pasado 26 de enero el subgerente de Adquisición y Ejecución Contractual de EsSalud, Miguel Trillo Tapia, emitió un informe recomendando ejecutar el pago de los S/ 41 millones. Ocho días después emitió un segundo informe con la misma recomendación.
Finalmente, el 6 de febrero firmó un tercer documento volviendo a recomendar el millonario desembolso. Una semana después, EsSalud ejecutó el pago, que había sido congelado luego que un informe de la Contraloría –en enero del 2021- revelara que hubo direccionamiento en la contratación de Aiona.
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“Hildebrandt en sus trece” detalló que la propia mandataria Dina Boluarte tomó conocimiento del caso y pidió las explicaciones al presidente de EsSalud en tres reuniones que se llevaron a cabo el 13, 14 y 16 de febrero.
Finalmente, el semanario indicó que la funcionaria Grika Asayag O’Besso estaría vinculada en este caso porque tiene un vínculo de amistad con el titular de EsSalud, Aurelio Orellana.
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