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La Defensoría del Pueblo señaló este lunes que la pena de muerte “no constituye una medida adecuada para combatir la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”. Esto luego de que el presidente Martín Vizcarra asegurara que se debe “evaluar” la condena en esos casos, actualmente prohibida por la Constitución y tratados internacionales.
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, recordó que la posibilidad de imponer la pena de muerte para los delitos de violación de mujeres y menores de edad obligaría al Estado peruano a retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos, eliminando con ello uno de los principales mecanismos de protección de los derechos.
Gutiérrez remarcó que un retiro de esta Convención nos dejaría fuera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos debido a que no es posible denunciar solo un artículo de la misma.
En ese sentido, advirtió que con ello se dejaría en una posición de “grave vulnerabilidad” otros derechos como la vida, la libertad personal, la integridad, la libertad de expresión, entre otros.
En atención a la Convención Americana, los países que han abolido o limitado la pena de muerte no pueden ampliarla a nuevos supuestos.
En nuestro país, la Constitución Política de 1979 restringió la pena de muerte al delito de traición a la patria; en consecuencia, hoy en día el Estado peruano no podría imponer la pena de muerte a otros delitos.
Además, Gutiérrez recordó que en 1994, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la Opinión Consultiva OC-14/94, en la que señaló que el Perú no podría ampliar los supuestos de pena de muerte.
El defensor del Pueblo indicó que el debate sobre la imposición de la pena de muerte para los casos de violación sexual de mujeres y menores de edad es inconducente y distrae de las acciones que debe realizar el Estado para combatir la violencia.
Al respecto, señaló que el enfoque debe partir por adoptar medidas de prevención eficientes, como el fortalecimiento del sistema de protección a la niñez y adolescencia, así como servicios de educación y justicia con enfoque de igualdad de género necesarios para eliminar todo tipo de violencia.
El domingo pasado, Vizcarra dijo -consultado por el canal del Estado sobre si la pena capital sería disuasiva-: “Hay que analizar todas las opciones que hay y veamos lo que realmente sea efectivo”.
Al insistírsele sobre el tema, el mandatario ratificó: “Hay que evaluarlo”. Añadió que se trata de un asunto normativo que debería pasar por el Congreso de la República, aunque acotó que “una medida no va a solucionar el problema”.
