“El auditor no necesariamente tiene el chip del gestor, ni la solución del problema; él mira que tú cumplas la legalidad”, afirma Mayen Ugarte, docente de la PUCP. (Ilustración: El Comercio)
“El auditor no necesariamente tiene el chip del gestor, ni la solución del problema; él mira que tú cumplas la legalidad”, afirma Mayen Ugarte, docente de la PUCP. (Ilustración: El Comercio)
Jonathan Castro
mailJonathan Castro

En cuatro meses y medio, la ha elaborado más de ocho mil informes de control en todo el país sobre los procesos por la emergencia sanitaria ocasionada por el . La gran mayoría de estos se centra en los gobiernos locales y regionales, así como en los temas de protección social.

MIRA: Contraloría halla irregularidades en declaraciones juradas de Edgar Alarcón

Más de la tercera parte fueron informes de control concurrente, la modalidad aprobada por el para que la contraloría pueda supervisar los procesos durante su ejecución, desde abril de este año. “Hasta el 30 de junio nos ha interesado el control simultáneo. Ahora nos va a interesar el control posterior”, dijo el contralor ante la Comisión de Fiscalización, el pasado miércoles 1 de julio.

En palabras de Shack, los controles concurrentes sirven para advertir, desde una mirada del control, qué cosas no se están haciendo bien. La fase que viene a continuación es la de iniciar controles específicos que determinen las responsabilidades a nivel administrativo, civil o penal, en caso de irregularidades o hechos de corrupción.

En una conferencia virtual realizada el viernes 24, Shack ha insistido en que la corrupción se ha agravado en el país ante la emergencia, pues la administración pública ha recibido un enorme influjo de recursos para combatir el COVID-19 y la reactivación económica. Además, señala, se tiene que gastar rápido, para lo cual se flexibilizan varios procedimientos de contratación.

Elaboración: El Comercio
Elaboración: El Comercio

Durante estos meses, la contraloría ha encontrado irregularidades en la distribución de las canastas básicas, en el proceso de adquisición de tablets para escolares, en la adquisición de equipos de protección e insumos de desinfección, entre otros asuntos.

La interrogante es: ¿en circunstancias de una pandemia, los controles concurrentes sirven para hacer más transparentes los procesos o retrasan las adquisiciones que se requieren con urgencia? La respuesta está en un punto intermedio entre ambas posiciones.

“Todo depende del enfoque de la contraloría”, señala Janeyri Boyer, doctora en derecho especializada en derecho administrativo y contratación pública. La disyuntiva, explica, está entre ser un organismo que coadyuve a la gestión y sea una alerta preventiva o asumir un rol castigador partiendo de la premisa de que “el servidor público es un delincuente”. “El enfoque que usualmente ha adoptado la contraloría ha sido más punitivo y un poco sensacionalista”, sostiene Boyer.

En una entrevista en Canal N, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló: “Hay gente en la administración pública que es muy valiosa, y que corren riesgos administrativos, y son perseguidas. Nuestros funcionarios, ahora, se mueren de miedo de comprar algo, de decidir, porque con las persecuciones la administración pública se paraliza”.

MIRA: Contraloría investigará desfase en el registro de fallecimientos por coronavirus

El problema, precisa Mayen Ugarte, docente de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP, es que “los auditores no tienen el chip de los gestores, ni la solución del problema; ellos miran que tú cumplas la legalidad”. Además, indica que por si los gestores no siguen las recomendaciones que se hacen durante los controles concurrentes, lo más probable es que en la auditoría regular observen los mismos puntos.

Boyer considera que a veces los mecanismos para hacer control concurrente son desproporcionados, por la cantidad de información que solicitan que en la práctica ralentizan los procedimientos. Muchas veces los auditores no están en condiciones de revisar todo el material, pero el gestor ya utilizó parte del tiempo recolectando la información que se le solicita. O, en la lógica punitiva, su análisis se circunscribe a identificar si se cumplieron todas las normas y directivas de control.

“¿Por qué el propio presidente Martín Vizcarra pidió que se haga control concurrente si sabe que puede ser una traba a la gestión? Lo pide porque los servidores públicos se mueren de miedo que después de que todo está consumado venga la contraloría y les diga que todo está mal. Creo que el control concurrente ayuda a que la propia administración sienta que está yendo por el camino correcto”, señala Boyer.

En el Ejecutivo hay molestias porque consideran que la contraloría se excede en sus funciones de controlar la legalidad de los procesos, y emite conclusiones sobre el diseño de la política que se quiere implementar. Ejemplo de ello es el informe previo que emitieron sobre el programa Reactiva.

Allí la contraloría recomienda incorporar restricciones a la suspensión perfecta de labores para las empresas que se acogen; priorizar los créditos a “aquellas empresas que presentan mayor riesgo en la rotura de cadenas de pagos” y hacia las microempresas a través de empresas segmentadas; que las empresas sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del OSCE no accedan a este programa, entre otros.

Para ambas especialistas, en este caso el informe entra en el diseño de la política, y no solo en el control de la legalidad.

Boyer manifiesta que sería más útil que la contraloría se enfoque en ver cuán prolíficos pueden ser en abstraer las situaciones adversas más comunes en los procesos de adquisición para que las siguientes gestiones no incurran en lo mismo.

MÁS DATOS:

—En el Congreso y en foros públicos, Shack ha pedido que se dé prioridad al proyecto de ley para restituir la capacidad sancionadora de la contraloría.

—La aprobación de esta norma no afectaría a los funcionarios que incurrieron en corrupción durante la emergencia por el COVID-19.

TE PUEDE INTERESAR:

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC