CIDH expresa su preocupación por denuncias constitucionales contra miembros del sistema de justicia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las acusaciones constitucionales contra integrantes del sistema de administración de justicia como los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

“(La CIDH) hace un llamado a que se garantice el derecho de defensa y el debido proceso para que no se debilite la independencia judicial”, señalaron en un comunicado este miércoles.

La comisión señaló que se ha acusado a los integrantes de la JNJ y que este mismo procedimiento permite al Congreso de la República sancionar con la destitución e inhabilitación de la fiscal suprema y ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“Preocupa a la CIDH la ambigüedad de dicha figura puesto que ni la ley ni la Constitución precisan las conductas punibles y sus correspondientes consecuencias”, advirtieron al recordar que previamente han llamado la atención para que se delimite esta figura para asegurar su objetividad e imparcialidad.

Recordaron que el Perú respondió a estos pedidos señalando que la denuncia constitucional es pate de la función sancionadora del Congreso y que puede ser ejercida por “responsabilidades eminentemente políticas” aún sin existir un delito de por medio.

Ante esta situación, la CIDH advierte que los juicios políticos deben tener el rigor de las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. “Conforme a estándares interamericanos, las garantías para salvaguardar la independencia judicial no sólo cobijan a jueces sino también a fiscales”, resaltaron.

El pleno del Parlamento evaluará en su sesión del pleno de esta semana la acusación contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales e infracción constitucional. Además, se plantea su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.

Se cuestiona a la actual integrante de la Junta de Fiscales Supremos por haber suspendido en enero de 2022 las investigaciones contra entonces presidente Pedro Castillo Terrones.