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La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, confirmó al programa “Tenemos que hablar” de El Comercio que, hasta la fecha, han logrado asegurar aproximadamente unos 700 millones de soles, entre otros montos adicionales, que podrán ser descontados del total de la reparación civil que el Poder Judicial ordenó por el caso Interoceánica contra Alejandro Toledo y otros sentenciados una vez que sea confirmada en segunda instancia.
Este martes, y un día después que se conociera el adelanto de la condena en la que se impuso 20 años y 6 meses de prisión contra el expresidente Toledo, Carrión recordó que el pago de toda la reparación civil incluida en la sentencia (S/ 1′375 millones más US$ 463 millones aproximadamente) es solidario y alcanza, tanto a personas como a empresas.
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“De ese daño que se ha determinado, nosotros tenemos que descontar en su momento, la reparación civil acordada con las empresas colaboradoras que también han confesado ilícitos en este proyecto. Estoy hablando de Odebrecht, estoy hablando de Graña, en la eventualidad que se apruebe el acuerdo con la empresa ICCGSA que reconoció también ilícitos en este proyecto, y los colaboradores personas naturales que ya tienen sentencia de colaboración”, resaltó.
Silvana Carrión preciso que, por estos conceptos, se hablan de cantidades de dinero que ya han sido asegurados en el proceso. “Ese monto ya acordado y asegurado para pago de esta reparación civil suma alrededor, más menos, 700 millones de soles que van a tener que ser descontados con una sentencia firme en este caso”, indicó.
Sobre montos que fueron pagados por otros acusados, la procuradora dijo que se ha alcanzado unos 40 millones de soles.
“Con relación al señor Toledo, lo que tenemos es la retención de su pensión que le paga el Congreso en su calidad de expresidente, que es alrededor de 300 mil soles lo que hasta ahorita la procuraduría, desde hace unos años, viene ejecutando con este embargo retenido”, precisó.
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Carrión recordó que hay inmuebles vinculados al expresidente Alejandro Toledo como la residencia en Punta Sal, pero estos son bienes incautados por haber sido adquiridos de forma ilícita.
“Tienen que ser revertidos a favor del Estado en la decisión final”, precisó al recordar que son parte de otro juicio diferente, por el caso Ecoteva, del cual espera que haya una sentencia a inicios del próximo año.
