“Aniquilar a soplones infiltrados” y otras órdenes con las que el Militarizado Partido Comunista del Perú amenazó a Vizcatán del Ene

Unidad de Investigación

“Aniquilar a soplones infiltrados y espías sirvientes de los polizontes y cachacos”. “Destruir los cuchipampas-prostíbulos y expulsar a sus dueños”. “Expulsar o ejecutar a los homosexuales, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, a padres de familia que visitan a los prostíbulos o mujeres que abandonan a su marido e hijos por hacer fechorías con otro”.

Esas son algunas de las “medidas y acciones” que el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), conformado por remanentes de Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico, publicó en un comunicado emitido en enero del 2020, el mismo que fue encontrado en un campamento del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) por agentes de la Dircote.

Las órdenes “ideológicas, políticas sociales, económicas, militares y culturales” fueron publicadas -en cuatro páginas con el título de “Secreto”- un poco más de un año antes del asesinato de 16 personas en el centro poblado San Miguel del Ene, en la jurisdicción de Vizcatán del Ene (Junín), en la zona del Vraem. El documento recoge los lineamientos que los terroristas buscan imponer a los habitantes de la zona. Una zona donde, según ha podido constatar un equipo de periodistas de El Comercio, no había presencia policial ni militar.

“Es urgente ir ordenando la casa y para que esto suceda hay que con firmeza ir limpiando las inmundicias en el VRAEM, Vizcatán y nuestro querido Perú”, señalan. Además, aseguran que ejecutarlos “a cabalidad” es responsabilidad “histórica y política” de los padres de familia, de cada ciudadano, de los profesores, de las autoridades, de los comandos y personal de los Comités de Autodefensa, del serenazgo. “Quienes se opongan y no apliquen estas órdenes del Militarizado Partido Comunista del Perú son traidores y asesinos de sus propios hijos y de los hijos del pueblo peruano”, enfatizan.

En uno de sus puntos, el MPCP señala que cuando el Gobierno de turno “erradica cultivos y actúa de manera abusiva es justo rebelarse en defensa propia”. Por ello, aseguran, que todos tienen que “transformarse en soldados del pueblo” y crear organizaciones armadas para “entrar en acción”.

Asimismo, indican que las autoridades, los miembros del comité de autodefensa y los ciudadanos “todos son conocidos y están empadronados”. “Por tanto, no permitir deambular en su área a personas desconocidas, a vagos, haraganes, drogadictos, prostitutas, homosexuales, orates, mendigos, etc.”, remarcan. Hacen un llamado a detenerlos inmediatamente, requisarlos, encarcelarlos, expulsarlos o “fondearlos en la tierra o en el río Apurímac y Mantaro”. Lo mismo piden para quienes “corretean con motos y automóviles, porque la mayoría son soplones y rateros”.

El comunicado no solo se refiere a los que ellos llaman “los soplones”. También advierten que “dinamitarán e incendiarán” a aquellas personas que transportes cerveza y alcohol etílico. La misma amenaza es dirigida a quienes transporten o coman “pescado congelado” o aves de la empresa “San Fernando”.

En el punto 17 se refieren a los profesores. En este aseguran la expulsión y el aniquilamiento “inmediatamente” de los maestros que son “homosexuales, drogadictos, borrachos o prostitutas”. En tanto, advierten que los varones no pueden usar aretes ni tatuajes y que las personas no deben usar ropa de “varios colores”. Entre otras de las limitaciones impuestas está la del uso del celular: están prohibidos los teléfonos táctiles porque manifiestan que permitir su uso es un “crimen histórico y político”.

Finalmente, en este extenso comunicado ordenaron la expulsión y aniquilamiento de las ONG “principalmente a Devida y Demuna”. “Son espías-soplones que tienen como misión controlar a la población y destruir la familia”, indican.

Una última advertencia

En un escrito que presentó a la comisaría, el alcalde de Alejandro Atao junto al juez de paz Leonidas Casas -quien fue de los primeros en ser alertados de lo ocurrido- contó que la masacre se perpetró en dos locales donde se vende alcohol y se ejercía la prostitución. Los llamados ‘cuchipampas’. En el lugar, según la denuncia de Casas, se hallaron panfletos donde decía “limpiar al Vraem y el Perú de antros de mal vivir, de parásitos y corruptos”.

El exdirector de Inteligencia del Mininter y ex miembro del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), José Luis Gil, remarcó que el atentado es “exclusivamente responsabilidad” de los Quispe Palomino y sus destacamentos. Entre las razones consideró que está el documento publicado en enero del 2020, cuyo resumen fue encontrado en el lugar de la matanza del último domingo en Vizcatán del Ene. “Es una orden del partido, donde da 24 reglas de conducta y todas ellas están bajo amenaza de muerte. Esto significa que los lugares donde ellos están y dominan han instalado una nueva forma de poder, una nueva forma de gobierno. Si tú analizas el documento encontrado hoy es la sintesis del documento del año 2020”, sostuvo.

Gil precisó que esta es “una práctica antigua”. “El documento es gravísimo porque refleja una forma de gobierno nueva que la están ejerciendo. En esta se encierra su concepto de seguridad ciudadana perverso dentro de su concepto de revolución socialista. Así la conciben ellos. Para poder aplicar determinadas políticas tienen que hacer este tipo de entrecomillas limpieza. Se conculcan todas las libertades, la paz, la democracia, todos los derechos de los seres humanos”, agregó.

El ex miembro del GEIN resaltó que en sus comunicados el MPCP está empleando una estrategia de “encuadramiento de la sociedad” al referirse y amenazar a las ONG o programas sociales. “Significa separar a la sociedad del Estado caduco. Hace que los programas sociales salgan de la zona, que el Estado no esté metiendo dinero, etc. Y esto calza con el primer punto: que la nueva forma de gobierno son el partido, la familia, los profesores. Si el partido es la nueva forma de gobierno y el Estado ya está siendo eliminado por elos, en la práctica se convierte en una zona liberada”, añadió.

Para Gil, los llamados ‘cuchipampas’ son lugares “más perniciosos” para el MPCP que para la propia sociedad “porque de ahí sale la información y se puede filtrar” a través de los informantes. Remarcó que esta última acción armdas es una reacción al trabajo estratégico de las fuerzas del orden que ha golpeado sistemáticaente y han eliminado a mandos e integrantes de la organización. “Su área se ha visto disminuida. Las fuerzas del orden han logrado deserciones. Esta acción armada excrable es una demostración de fuerza, una provocación y también un mensaje soterrado de que están desesperados porque la gente se está yendo, por eso hay muchos informantes, por eso los matan”, dijo.

En esa misma línea, Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico y terrorismo, señaló que la matanza del último domingo tiene relación con las órdenes emitidas en enero del 2020. “El panfleto que dejan el domingo es un resumen de ese documento”, precisó.

Yaranga indicó que, de acuerdo a lo que informó más de una fuente, es que en función a este documento de hace más de un año el MPCP llegó al centro poblado San Miguel del Ene a dar un “ultimátum” a la gente que continuaban en los llamados ‘cuchipampas’. “Hasta los habrían apaleado. Esa fue una última advertencia. Presuntamente no hicieron caso y actuaron”, sostuvo. “Les habían dicho que cierren con tono de palabra un poco elevado”, agregó.

Según explicó Yaranga, las “medidas” emitidas en el 2020 cobra relevancia y es importante en este contexto con el asesinato de las 16 personas. “Desde antes ellos siempre estaban en contra de los antros porque era una zona de perdición y decían que por ese lado estaban los espías. Por lo tanto pedían que se prohibiera. Pero en cada pueblo siempre hay un sitio así. Es normal, sobre todo en la parte del Ene. Y quienes toman no son los propietarios, son los peones de gente que viene de otros sitios”, dijo.

El experto remarcó que este pueblo, cuya característica principal es que todo el distrito es cocalero, es el que tiene más presencia del MPCP. “Es una zona que está sitiada. Ahí va la policía y el ejército sólo para acciones especiales, no en cualquier momento porque ahí ha habido varias emboscadas. Ese es el pueblo en el que más están”, concluyó.

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