Con dos cinceles de 16 centímetros clavados en el cerebro, una niña de once años llegó este lunes al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), en San Borja. El domingo 26, en la madrugada, la encontraron con los fierros incrustados y con golpes en el cuerpo tras resistirse a una violación sexual en el centro poblado de Oventeni, provincia de Atalaya, región Ucayali.
Tras el brutal ataque, el Juez de Paz de Oventeni –la única autoridad en la zona- pidió en la noche del domingo apoyo policial a la Comisaría Sectorial de Atalaya, ciudad capital de la provincia del mismo nombre. Esta dependencia de la Policía Nacional es la más cercana a Oventeni, pero se encuentra a unas seis horas del lugar de los hechos.
Con la llegada del apoyo policial, la niña fue atendida por paramédicos y pudo ser trasladada al hospital de Satipo (Junín), a otras varias horas de distancia. A la una de la mañana del lunes, tras ser llevada de emergencia a Lima, ingresó al INSN con traumatismo intracraneal y edema cerebral. Allí se sometió a una operación de más de cinco horas.
“Ha sido una niña violentada salvajemente, abominablemente. En mis 32 años de cirujano he visto [casos violentos], pero no con la brutalidad ni el salvajismo [de este ataque]”, fueron las palabras del director médico del INSN, Alfredo Broggi en entrevista con el medio Radio Nacional.
En conversación con El Comercio, Hellen Vela, comisionada de la Adjuntía para La Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, indicó que la menor continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del área de neurocirugía, en estado delicado pero estable.
A su vez, la comisionada contó que la madre de la menor permanece albergada en la sede del INSN, recibiendo apoyo psicológico. “Se encontraba en estado de shock y no quería conversar con nadie”, reveló la representante de la Defensoría. La viceministra de la Mujer, Silvia Rosario, también declaró que la madre está recibiendo apoyo por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Ya hay un detenido
Yeison Lucano Leiva, de 25 años, principal sospechoso de haber atacado a la menor, fue encontrado en la localidad de Satipo, en Junín, tras intentar huir de las autoridades. Según informó RPP Noticias, la captura se dio alrededor de la una de la mañana de ayer. Cabe resaltar que las autoridades mencionan que más personas habrían participado del brutal crimen.
Horas más tarde, el Ministerio Público (MP) inició la investigación preliminar contra Lucano Leyva por el presunto delito de tentativa de feminicidio, en agravio de la menor de 11 años de edad. A través de sus redes sociales, el MP advirtió que el Poder Judicial ha dictado la detención preliminar del investigado.
Movilizaciones en contra de la inseguridad ciudadana
Hellen Vela, de la Defensoría, contó a El Comercio que se han registrado movilizaciones en la provincia de Atalaya a causa de los últimos hechos. Según registró el medio local Radio Atalaya, escolares de Oventeni realizaron una marcha rechazando la violencia y la falta de seguridad en la localidad.
En la Plaza de Armas de la ciudad de Atalaya también se registró la concentración de ciudadanos, quienes se manifestaron en contra de la poca presencia policial en dicha zona. También resaltaron la creciente delincuencia que se desarrolla en la ciudad.
Autoridades reaccionan ante cruel crimen
El caso de la menor ha causado indignación en todo el país. Desde la cuenta de la Presidencia de la República, el acto se catalogó como un “cobarde ataque” y se dispuso que las autoridades competentes “desplieguen sus mayores esfuerzos para atender a la víctima y a sus familiares”.
Por su parte, José Williams Zapata, presidente del Congreso de la República, saludó el accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras capturar a Yeison Lucano Leiva, principal sospecho. “Estos actos contra menores de edad merecen el repudio de la sociedad”, agregó en Twitter.
De igual manera, la Defensoría del Pueblo solicitó a la PNP y a la Fiscalía “investigar caso con debida diligencia para que se sancione a los presuntos responsables”. El ministro de Justicia, José Tello, anunció que se ha dispuesto que se asuma el patrocinio legal gratuito para que la familia busque justicia.