Seis años después de haberse comenzado a ejecutar, la obra en el colegio Julio Olivera de Tumbes aún no concluye. (Foto: Cortesía)
Seis años después de haberse comenzado a ejecutar, la obra en el colegio Julio Olivera de Tumbes aún no concluye. (Foto: Cortesía)
Ralph Zapata

La Policía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios allanaron el último jueves las oficinas del Gobierno Regional de , debido a una denuncia por el presunto delito de corrupción en la ejecución de la obra de mejoramiento de la infraestructura del colegio Julio Olivera Paredes de Tumbes, que comenzó en el 2013.

Según las investigaciones, existe un audio donde se escucha una posible coacción de personal de la entidad regional a los contratistas de la obra, a fin de no rescindir el contrato. Por ese motivo, las autoridades anticorrupción intervinieron al inspector de la obra, José Seclén García, y allanaron las oficinas de la Gerencia de Infraestructura, responsable de la ejecución de esta obra, cuyo costo asciende a casi S/10 millones.

El saldo de obra se adjudicó en enero de este año al Consorcio Educativo, conformado por las empresas Operaciones y Construcciones Civiles (Opeconci) S.R.L. y Samara Ayset E.I.R.L., cuyos gerentes generales (Juan José Serna Herrera y Ronald David Popuche García) alertaron a las autoridades sobre un posible delito mencionado en el audio.

-Una obra inacabable-

La obra se adjudicó en julio del 2013, por S/7′253.067,23 al consorcio Las Mercedes. Sin embargo, se paralizó en el 2017. Ese año la Gerencia Regional de Infraestructura de Tumbes actualizó los costos y aceptó que fue una obra mal ejecutada. El costo del proyecto aumentó a S/9′981.759,53.

En marzo del 2018, se licita el saldo de obra por S/2′086.982,45 y se firma contrato con el consorcio Olivera. En aquel momento la obra presentaba un avance del 75%. Tras problemas de nuevo con esta contratista se decidió rescindir el contrato.

El 5 de abril de este año se adjudicó la obra al Consorcio Educativo por un monto de S/1′681.769,28, con un plazo de ejecución de 60 días, es decir, debía entregarse el 4 de junio. Sin embargo, hasta octubre de este año estuvo paralizada.

Actualmente, según Infobras, el saldo de obra presenta un avance del 39%, pero en estos 6 años de ejecución se ha devengado 8,5 millones. La obra busca beneficiar a 6.184 alumnos.

Consultado sobre el allanamiento del último jueves, el gerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes, Wilmer Córdova López, dijo que no existen irregularidades, sino líos entre los miembros del consorcio ganador de la obra, la cual aún no tiene fecha de término.

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