Discriminación y agresión en playa de Tacna: Fiscalía inició investigación contra sujeto que intentó expulsar a veraneantes en “El Planchón”

El pasado 1 de enero en Tacna, se registró un episodio de discriminación y agresión, concretamente en la playa “El Planchón”. Este hecho estuvo protagonizado por un sujeto que afirmó ser “el dueño de la zona” y mostró su rechazo ante la presencia de veraneantes que se encontraban bajo una sombrilla. A través de redes sociales, se difundieron videos que documentan el intento del hombre por expulsar a los visitantes. El sujeto fue identificado como Javier Mauricio Oviedo García, hijo del exburgomaestre de Ilabaya Manuel Oviedo.

La tarde del miércoles 3 de enero y en medio de toda la polémica, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Tacna inició una investigación preliminar contra Javier Oviedo García y otros, por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de dos ciudadanos.

A través de un tuit, el Ministerio Público indicó que “se dispuso recabar la declaración testimonial de los agraviados, testigos e imputado; brindar asistencia legal, psicológica y el reconocimiento médico legal a las víctimas. Además, practicar pericias psicológicas al investigado y visualizar el material audiovisual de los hechos”.

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Los hechos ocurrieron mientras el grupo de bañistas estaba disfrutando de un día de playa por el inicio del 2024, hasta que el agresor los sorprendió y lanzó insultos con la finalidad de sacarlos del lugar. A pesar de que ya se habían instalado debajo de una de las sombrillas, el hombre les exigió que abandonaran la zona. Es así que inició una serie de reclamos y cuestionamientos sobre el origen de las personas, alegando que eran “invasores”. “Ya lárguense. Ustedes deben ser los que invaden los cerros. Qué delincuentes que son. En vez de decir ‘sabes qué, compadre, disculpa’. De una porquería como tú no espero absolutamente nada”, mencionó el presunto propietario.

Gianfranco Vargas, una de las víctimas, empleó sus redes para compartir detalles adicionales sobre lo ocurrido. “Me amenazó. Me acompañaban mi mujer y mis amigos. Decidimos no ceder, ya que la playa es un espacio público”, dijo.

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Vargas detalló que la persona responsable de la agresión fue Javier Mauricio Oviedo García. Según su relato, Oviedo perdió el control y agredió físicamente al señor Walter Chipoco Espinoza, ocasionándole la fractura de su mandíbula y la pérdida de cuatro dientes. Ante este incidente, los bañistas solicitaron la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) para documentar los hechos. Además, están buscando asesoría legal para presentar denuncias formales. Vargas afirmó que “la discriminación y las amenazas son inaceptables. Esperamos que las autoridades tomen medidas apropiadas”.

Al respecto, el alcalde de Boca de Río (donde se ubica la playa “El Planchón”), Juan Mamani Huayna, señaló que se tomarán medidas contra los vecinos del área que no permiten el ingreso a veraneantes de otros lugares. “Lo primero que vamos a hacer y estamos haciendo ya, es que vamos a ir a conversar con los vecinos y a la vez retirar las sombrillas que han construido ellos en el balneario, a raíz del accidente que se ha suscitado”, dijo.

Aaron Aleman, abogado penalista, sostuvo a El Comercio que el lamentable episodio ocurrido en Tacna refleja el delito de discriminación e incitación a la discriminación, según lo tipificado en el artículo 323 del Código Penal. Específicamente, resaltó el agravante presente en el segundo párrafo, que establece que si el agente, en este caso, Javier Mauricio Oviedo, actúa de manera discriminatoria mediante actos de violencia física, se enfrentaría a una pena privativa de la libertad de 2 a 4 años.

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Además, el experto sostiene que el responsable estaría violando el derecho establecido en el numeral 11 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, ya que se ha anulado el reconocimiento de acceder libremente a espacios públicos por motivos socioeconómicos y raciales. “Las playas son públicas, no existen playas privadas. Cualquier club que no permita el acceso a las playas a personas que no sean socias estaría contraviniendo las normas”, afirmó.

Añadió que el Ministerio Público debe tomar medidas al respecto para determinar la responsabilidad penal de Javier Mauricio Oviedo. “Todo está documentado en videos, por lo que los plazos podrían ser más inmediatos. Calculo que el proceso podría tener una duración de un mes (...). El papel de la Defensoría del Pueblo es crucial para anunciar medidas oficiales frente a casos similares”, agregó.

El acceso a las playas está abierto a cualquier ciudadano, por lo que no se permiten tranqueras ni otras construcciones que obstaculicen el paso a los bañistas. Según la Sentencia 443/2023 del Tribunal Constitucional (TC), toda estructura que restrinja el acceso público debe ser eliminada.

La decisión se aplica también a clubes privados y asociaciones con instalaciones en zonas costeras, estos espacios deben asegurar el libre y general acceso a las playas.

Edward Vargas Valderrama, jefe de la Oficina Desconcentrada de la Defensoría del Pueblo en Tacna, señaló que el Ministerio Público debe investigar de oficio las frases discriminatorias realizadas por el sujeto. “Se tiene que dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que las playas son libres”, añadió.

El funcionario advirtió que, si no se toman las medidas correspondientes, estos hechos podrían agravarse debido a la reacción de otras personas que se pueden identificar con el grupo que sufrió maltratos en el balneario de Boca de Río.

En una entrevista con El Comercio, Vargas Valderrama explicó que ya recibió la notificación de la Fiscalía, asegurando que la entidad ha iniciado las diligencias correspondientes sobre el caso. “Ya se están desplegando todas las medidas necesarias para evitar la privatización de las playas. Dado que muchas casas limitan con las playas, algunos vecinos se consideran propietarios. Esto no debería volver a suceder”, dijo.

Aseguró que estas situaciones ya han ocurrido anteriormente en Tacna. “Han existido casos de discriminación en los que algunos hoteles no permitían la entrada a parejas gays, o discotecas que expulsaban a personas debido a su apariencia. Estamos en contra de la discriminación y a favor de la seguridad ciudadana”, mencionó.

Por su parte, Doris Alvites, jefa del Programa de Investigaciones Especiales en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, expresó su rechazo hacia estos actos, indicando que su área ha establecido contacto con la oficina defensorial de Tacna y actualmente están dando seguimiento al caso. “La tasa de incidencia de este tipo de eventos se ha mantenido a lo largo de los años, pero recientemente hemos observado un aumento en la participación de colectivos que alzan su voz, lo cual consideramos positivo. Ahora existen más espacios donde pueden defender sus derechos”, añadió.

A finales del año 2023, el Ministerio de Cultura (Mincul) lanzó la campaña “El racismo no es de hermanos” para abordar la discriminación étnico-racial en el Perú. La iniciativa busca visibilizar esta problemática, fomentando el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural.

De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional del Mincul, la discriminación afecta a 1 de cada 2 peruanos, siendo motivada por factores como la forma de hablar (26%), vestimenta (25%), rasgos físicos (21%), y color de piel (19%).

Además, el Ministerio de Cultura ha informado a este Diario que durante el 2023 atendió un total de 215 denuncias, de las cuales 125 estaban relacionadas con casos de discriminación étnico-racial. De este número, 84 fueron registradas en Lima y 30 en otras regiones del país. Las principales causas de discriminación reportadas incluyen el color de piel, rasgos faciales, características físicas y el lugar de procedencia.