Serfor: a fin de mes se debe conocer cifra de madera ilegal

En el Perú no existe una cifra oficial de la madera extraída y comercializada ilegalmente. De hecho, el forestal es uno de los sectores más complejos e informales de nuestro país. Pese a los esfuerzos en los últimos años, que incluyó un nuevo marco normativo para sancionar los delitos de tala ilegal y comercio ilegal de madera, el Perú no ha logrado cumplir su compromiso de garantizar el origen legal del 100% de su producto.

A falta de una cifra oficial, existe un porcentaje del Banco Mundial de 2012 que estima que el 80% de la madera que sale del Perú es ilegal. Esta cifra es citada constantemente para graficar el grado informalidad del sector peruano. En setiembre de 2016, un informe del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) revelado por El Comercio, alertó que entre el año 2009 y 2016 hubo irregularidades en el 80% de sus inspecciones. Es decir, no se puedo acreditar la legalidad de casi toda la madera extraída en los bosques peruanos.

En esta línea, era una demanda constante que el Gobierno defina oficialmente el modelo de trazabilidad de la madera para combatir la tala ilegal. La trazabilidad se refiere a los mecanismos que permitan rastrear el origen y trayectoria de la madera. Dicho de otro modo, monitorear el producto desde su extracción hasta su comercialización en mercado interno o para exportación y determinar si ha sido extraída legalmente.

En la siguiente entrevista, el director Ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Luis Alberto Gonzales-Zuñiga, adelanta que a fines de este mes el Perú contará por primera vez con una cifra oficial sobre el comercio ilegal de madera. El funcionario reconoce que uno de los más serios desafíos del país es cambiar la “mala imagen” en el exterior del sector forestal. Gonzales-Zuñiga detalla además, los siguientes pasos tras la publicación la resolución de directiva del Serfor del 29 de octubre, denominado: “Trazabilidad de los recursos forestales maderables”, documento que por primera vez define oficialmente que la legalidad de la madera se rastrea desde su extracción en el bosque.

—Distintos sectores han considerado positiva la aprobación del modelo de trazabilidad de Serfor, que define normativamente que legalidad de la madera se determina desde el bosque. ¿Con qué expectativas entregan este documento?

El hecho de que nuestro país no contara hasta ahora con un documento de trazabilidad sobre la madera era una carencia muy importante, porque lo que te sustenta la trazabilidad es determinar el origen legal de la madera. Hemos decidido dar este paso y establecerlo como el primer sistema pero es simplemente eso porque luego vendrán los otros pasos.

—¿Qué es lo que sigue?

Contar con nuestros libros de operaciones (formato donde se registran las operaciones de aprovechamiento como la tala de árboles, el trozado y al acopio desde el bosque hasta el centro de transformación primaria). Hay libros de operaciones de campo y libros de operaciones de fábrica o de planta. El primero empezará a operar íntegramente a partir del primero de enero. Es decir, a partir de esta fecha si no se cumple lo que establece en ese libro de operaciones, se establecen multas. Aunque parezca increíble, hoy no hay ese procedimiento de multas.

—¿Habrá precisiones sobre algunos conceptos que resultan ambiguos?

Ese es un tercer paso. Cuando se dio la ley forestal (ley N°29763) en el año 2015 aparecieron algunos términos que no son suficientemente claros. Típicamente, la diferencia entre lo que es transformación primaria y transformación secundaria. Si bien es cierto que hay una definición que aparece en la ley, al momento de hacerla operativa surgen ambigüedades. Entonces, lo que estamos haciendo es definiendo cabalmente lo que es la transformación primaria y lo que es la transformación secundaria. Eso lo debemos terminar el 15 de diciembre.

—¿Cree que la coordinación entre tantas instituciones en el sector forestal dificulta los resultados?

Debemos ser uno de los pocos países en el mundo, donde la cadena productiva de la madera se corta en dos autoridades. Todo lo que involucra desde el bosque hasta la planta de transformación primaria, le corresponde a Serfor y le corresponde al Ministerio de la Producción, todo lo que va desde la planta primaria, la planta secundaria y de ahí hacia el mercado interno o el mercado de exportación. Es cierto que eso dificulta ejercitar la autoridad porque se vuelve más costoso. Eso supone mucha coordinación con el Ministerio de la Producción.

—Otro gran problema es el contrabando de información en las guías de transporte forestal (GTF), documento que debería garantizar la legalidad de la madera. ¿Qué plantean para cambiar eso?

El paso grande que queremos dar es informatizar eso. La guía de transporte forestal tiene que ser una guía que pueda ser contenida como un aplicativo en cualquier celular. Hoy se hace una mezcla complicada donde hacen parar al camión y comprueban si lo que dice el documento corresponde con lo que está en la carga. Eso crea una tremenda deseconomía porque puedes detener un camión por horas o hasta días. Quería comunicarles como primicia que entraremos en los puestos de control.

—¿Cómo lo harán si los puestos de control son responsabilidad de los gobiernos regionales?

Hemos tenido reuniones con varios gobernadores regionales para ver cómo podríamos hacer una alianza entre el gobierno regional y Serfor para administrar conjuntamente estos puestos de control. Con los que más hemos avanzado son los de Huánuco y Madre de Dios. En el caso de Huánuco son dos puestos de control y en Madre de Dios hay siete. Nuestra pretensión es mejorar la infraestructura y los protocolos porque ese procedimiento no está establecido claramente.

—¿Y qué hay con Ucayali o Loreto, regiones de donde sale la mayor madera aserrada y donde se moviliza el mayor volumen de madera?

Bueno, en realidad le hemos planteado la idea y lo están evaluando. Nosotros apostamos que hay buena voluntad. En todo caso que estas autoridades sepan que por nuestra parte queremos cooperar y trabajar conjuntamente. No nos proponemos sustraerles las competencias que les han transferido, nos proponemos acompañarlos para que cumplan su labor con la mayor eficacia.

—¿Sin ese acuerdo pueden intervenir en los puestos de control?

No. En este caso efectivamente hay una restricción. Como Serfor nos concentramos en la labor de supervisión. Queremos apostar a convencerlos que trabajar conjuntamente, será más eficaz a que se siga la situación como ahora. Siempre dando nuestro mensaje que no vamos a dar marcha atrás en la lucha contra la ilegalidad.

—En julio la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), informó sobre una nueva sanción a una exportadora de madera peruana, esta vez a Inversiones WCA, por tener madera ilegal en su cadena de suministro. ¿La presión de los EE.UU. ha impulsado estos cambios?

Sí. El USTR prohibió el ingreso de su madera a EE.UU. tras determinar que gran parte de su cargamento trasladado en el Yacu Kallpa [en el año 2015] era ilegal. Efectivamente, lo que hay es una demanda de parte de muchas empresas que hacen negocios internacionales tanto en la Unión Europea como Estados Unidos, Canadá y Japón. Ellos, exigen tener la garantía de que lo que están comprando es madera legal y las señales que se daban desde aquí no eran suficientemente claras. Ahora, queremos dar una señal clara en ese sentido y lo que ocurrió con el Yacu Kallpa es una lección muy interesante. Queremos hablar con las empresas que actuaron ahí con madera ilegal y saber, ¿por qué lo enviaron? ¿bajo qué condiciones?

—La cifra de madera ilegal que se suele citar es la que estimó en el 2012 el Banco Mundial, que habla de un 80% de ilegalidad en las exportaciones de madera peruana. ¿El Perú ya tiene cifras oficiales?

Esa [el porcentaje del Banco Mundial] es una afirmación controversial. Hemos analizado la cifra y no está muy bien sustentada. Sin embargo, es una cifra que se usa por todos lados. Esa cita del 80% de madera ilegal, es un sello horrible, una marca tremenda.

—¿Cuál es la cifra oficial?

Estamos trabajando con el Servicio Nacional Forestal de los Estados Unidos y con la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y este mes debe terminar el estudio para determinar la magnitud de la madera ilegal en nuestro país. En realidad ha tomado entre siete y ocho meses porque ha habido mucha resistencia por varias de las empresas encuestadas en darnos los datos. No es muy fácil conseguir los datos pero creo que vamos a contar no solamente con esta cifra, sino con la metodología que es lo más importante para llegar a estimar el tamaño de la madera ilegal. Porque la cifra con la que trabajamos ahora que nos da un aproximado, es un estudio de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) del año pasado. Ellos dicen 41% de ilegalidad en todas las especies.

—Desde que publicaron la resolución sobre trazabilidad se han registrado amenazas contra funcionarios forestales por parte de presuntos taladores ilegales, como el caso de Zenaida Chulla en Madre de Dios

Nos ha dado mucha pena, hablé con Zenaida que era la directora de estadística dentro de la dirección forestal y le expresamos nuestra total solidaridad. Con toda esta publicación de la trazabilidad por supuesto habrá reacciones de diversos tipos. Habrá resistencia porque han sido décadas de negocios en que los negocios en torno a la madera han funcionado sin un marco legal. Ahora estamos estableciendo el edificio de la legalidad y es lógico que se van a resistir. Pero que ellos sepan que no vamos a dar marcha atrás.