La situación del Reinfo: ‘Pequeños’ mineros, con varias investigaciones fiscales, tienen entre 10 y 77 registros

Una reiterada crítica al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia el Congreso amplió otra vez a fines de noviembre, es su relación directa con actividades delictivas como la minería ilegal, el crimen organizado, la trata de personas, entre otros actos ilícitos.

En los más de 84.000 mineros inscritos en el Reinfo hasta la fecha (solo 2.000 han culminado el proceso de formalización) existen casos así. Hay mineros con investigaciones fiscales y que, sorprendentemente, poseen entre 10 y 77 registros, así como empresas, de acuerdo con una revisión realizada por El Comercio en los sistemas del Reinfo, Registros Públicos y el Ministerio Público (MP). Hay uno que incluso contrató con el Estado.

Un caso llamativo es el de Eber Elvis Montalván Ruiz, con 10 registros en el Reinfo vigentes en la provincia de Tambopata, en Madre de Dios, región muy afectada por la minería ilegal del oro. Sus registros están en derechos mineros de tres distritos de la provincia: Tambopata (4), Inambari (4) y Laberinto (2), según el Reinfo, enfocado en los mineros artesanales y pequeños mineros.

En el Perú, las concesiones mineras tienen una extensión de entre 100 y 1.000 hectáreas. Para que un minero sea considerado artesanal, no debería pasar de las 1.000 hectáreas en total. En el caso de los pequeños mineros, el límite debería ser de 2.000 hectáreas, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En el sistema del Ministerio Público, hay 23 registros de investigaciones penales contra Montalván. Están en distintos estados, pero en todos los casos aparece como imputado. Son varios los delitos: secuestro, asociación ilícita, contrabando, exposición o abandono peligroso, hurto, usurpación, falsificación documentaria, concusión, lavado de activos y minería ilegal (son tres expedientes). Aparte, registra cuatro requisitorias: dos por casos de robo agravado, una por secuestro y otra por asociación ilícita.

Además, está ligado a dos empresas: Reveer Maquinarias Equipment Parts S.A.C., en la que aparece como gerente general, y Transportes Kadrik E.I.R.L., en la que tiene el cargo de gerente.

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Otro caso en Madre de Dios es el de Braulio Quispe Huayllani (natural del Cusco), quien reside en Inambari, según Reniec. Tiene 13 registros vigentes: uno en Inambari (Tambopata) y doce en el distrito de Huepetuhe (provincia del Manu).

Huepetuhe es donde extrae oro el cuestionado clan Baca Casas, con el que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, tenía una relación cercana, como El Comercio reveló. En el distrito, donde Gregorio Baca Fernández fue alcalde a inicios de los 2000, la minería ilegal del oro afecta miles de hectáreas de bosques.

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Quispe registra dos indagaciones fiscales por usurpación y contaminación ambiental (en ambos casos como imputado, aunque están en proceso de archivamiento).

Asimismo, está vinculado a dos compañías: Maderera Santa Clara E.I.R.L., en la que aparece como gerente, y Minal Bravila S.A.C., en la que figura como gerente general.

En el Manu también está Marleny Mamani Aquise (natural de Puno), con 24 inscripciones: 8 vigentes y 16 suspendidos. En el sistema de la fiscalía aparece como imputada en más de 20 investigaciones (en distintas etapas) por distintos delitos, incluidos minería ilegal, contaminación y homicidio calificado. Los casos son en Madre de Dios.

Mamani registra dos empresas en las que era gerenta general: Concesión Forestal Sostenible Ecológica y Económica S.A.C. (suspendida) y Minera Aura M&J S.C.R.L. (con baja provisional por oficio).

Guillermo Ccolqque Quispe, del Cusco pero con domicilio en Madre de Dios, tiene más registros que los casos anteriores: 28, de los cuales 26 están vigentes y dos suspendidos. Salvo un derecho minero en Arequipa, los Reinfo se concentran en Tambopata. Tiene un caso en el MP por lesiones leves. Figura con archivo preliminar.

José Manuel Corahua Quispe tiene 31 inscripciones en Madre de Dios: 13 vigentes y 18 suspendidos. La mayoría están en Tambopata. También figura con pesquisas fiscales. En Madre de Dios ha sido imputado e investigado por minería ilegal y por operar sin autorización. Además, registra una sentencia por minería ilegal. En la fiscalía del Cusco fue imputado por trata de personas (está en archivo preliminar).

Quien más licencias del Reinfo tiene en Madre de Dios es Silverio Paredes Yucra, de Puno pero con domicilio en Huepetuhe (Manu). Tiene 77 registros: 4 vigentes y 73 suspendidos. Todos están en Manu, y tres de los cuatro vigentes en Huepetuhe. En el sistema del MP tiene una investigación preliminar.

Fuera de Madre de Dios está el caso de Carlos Alberto Zúñiga Iriarte. Tiene 34 inscripciones en Tacna, Moquegua e Ica: 8 vigentes y 26 suspendidas. En las tres regiones registra expedientes fiscales. En Tacna fue imputado por hurto y asociación ilícita. En Moquegua por peculado. Tiene una empresa y está registrado como proveedor del Estado. En el buscador de proveedores aparece como contratado por cientos de miles de soles en municipalidades y en los gobiernos regionales de Tacna y Moquegua.

Hasta el cierre de esta edición, solo Braulio Quispe y Guillermo Ccolqque respondieron a El Comercio.

Quispe reconoció que tiene 13 títulos del Reinfo vigentes, en los que, dijo, trabaja temporalmente. Aseguró que tiene 30 años de actividad y cumple con presentar los informes semestrales para mantener los registros activos.

“Yo soy una persona antigua en la zona. Me dedico a la agricultura, a la ganadería, también a la minería porque soy persona natural de la zona”, agregó.

Sobre las investigaciones, afirmó: “Desconozco. “Desconozco. Todo el tiempo que yo he realizado mi trabajo, trato de mantenerlo en orden. Siempre pensando en hacer un trabajo ordenado, tratando de mitigar el impacto”.

Ccolqque contestó: “Te has confundido, tengo siete Reinfo vigentes nada más”. En otra comunicación, precisó que “esas inscripciones, [...] en su mayoría son de beneficio [planta de procesamiento de mineral]”.

“Antes no existía eso, pero el estado nos exigió inscribirnos. Aquí en Madre de Dios, la actividad es una sola, no necesitamos llevar el material a una planta de beneficio. Sin embargo tuvimos que hacerlo. En realidad, solo cuento con 6 inscripciones, las otras son de beneficio que están declaradas en la misma concesión, no en otro lugar”, agregó.

Sobre la gran cantidad de registros a nombre de personas naturales, el director de Energía y Minas de Madre de Dios, Julio Villegas, señaló que su área solo recaba información para trasladarla a la Dirección General de Formalización Minera del Minem, que lo maneja.

Agregó: “La Dirección General de Formalización Minera no los retira [los suspendidos] porque los administrados en cualquier momento pueden poner activo su Reinfo. Sin embargo, [...] por razones de cumplimiento de la norma legal, algunas veces damos cuenta que tal Reinfo debe ser excluido de la relación, pero eso [ocurre] cuando se hace una comprobación en el mismo terreno de los hechos, mediante un informe”.

“Efectivamente, tenemos ese tipo de casos en donde un minero tiene más de una inscripción, y eso es porque, cuando se permitían las inscripciones en el Reinfo, cualquier persona podía ir y se inscribía, y no es que teníamos un sistema que te permitía filtrar”, dijo a El Comercio Mayra Figueroa, directora general de Formalización Minera del Minem.

Figueroa resaltó que la condición de suspendido puede ser temporal, ya que el minero puede subsanar algún trámite vencido.

También explicó que un pequeño minero tiene una cierta cantidad de hectáreas. “Cuando hablamos de minería artesanal, hasta 1.000 hectáreas. En la pequeña minería, hasta 2.000 hectáreas, con una cantidad de tonelaje mínimo diario. La norma te dice que para que estés dentro de condición de pequeño minero, minero artesanal, debes respetar los requisitos”.

“[...] En alguno de los casos podríamos decir que [un minero] tiene más de las hectáreas [de las] que te identifiquen como pequeño minero o minero artesanal, que en algunos casos está suspendido o [que] puede ser que tengamos inscripciones duplicadas, pero para eso tenemos que hacer fiscalización y trabajar de la mano con las direcciones regionales”, agregó.

Para el exviceministro de Gestión Ambiental Mariano Castro, el Minem es el responsable de “purificar, sincerar y revisar la situación de los inscritos en el Reinfo porque hay muchos inscritos, que pretenden mantenerse como mineros artesanales, cuando son grupos económicos que están eludiendo la aplicación de normas de seguridad minera, ambientales, correspondientes a medianos mineros”.

Recalcó que no se puede permitir que haya mineros con 10, 20 o más permisos del Reinfo. “Estamos hablando, ya no de un minero artesanal, sino de grupos económicos que efectivamente deben tener otro nivel”.

Desde su perspectiva, estos mineros incurren en “elusiones de normas tributarias”. Acotó que “no hay transferencia de renta para el desarrollo territorial, [y hay] elusión de normas laborales, elusión de normas ambientales, de salud, de seguridad minera”.

Manuel Zapata, de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, sostuvo que debe realizarse un trabajo “muy juicioso” en la Dirección de Formalización Minera. “Mientras que no haya filtros adecuados para determinar quién es quién, vamos a seguir manteniendo el ‘statu quo’. Porque, como bien sabes, el proceso de formalización a la fecha es un proceso de impunidad”.

Indicó que los mineros que poseen varios registros en el Reinfo no son mineros artesanales ni pequeños mineros porque no solo extraen el mineral; también se encargan de la logística porque a su nombre “tienen empresas de transportes y hacen tratos para la comercialización”.

“Me atrevería a decir que, en todo caso, están incorporando un ‘modus operandi’, de tener toda la cadena de valor del proceso minero, a vista de todas las autoridades”, dijo.

Para el especialista, los mineros que trabajan con varios Reinfo, que sobrepasan las 2.000 hectáreas de exploración minera permitida, deben “ser sancionado por la fiscalía como por el gobierno regional”. No obstante, dijo que no hay capacidad operativa de las instituciones para fiscalizar.

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