Entre el 2019 y el 2021, 30 regidores de Lima y Callao fueron proveedores de diferentes entidades públicas, entre municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, Seguro social de Salud (EsSalud) y la Contraloría General de la República.
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Según la Ley de Contrataciones del Estado, los regidores “están impedidos de ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas durante el ejercicio del cargo y hasta doce meses después de haberlo dejado en todos los procesos de contratación en el ámbito de su competencia territorial”. El abogado Juan José Martínez, Director en el Observatorio Latinoamericano de Gestión y Desarrollo (OLAGED), explica que la razón principal para esta prohibición es evitar algún tipo de conflicto de interés.
La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio cruzó la lista de regidores con la de proveedores del Estado e identificó que cinco regidores de Breña, Surco, Pueblo Libre, La Molina y La Victoria, fueron proveedores de servicios de municipalidades del mismo partido al que pertenecen. Los cinco son de Acción Popular.
Si bien no está prohibido por la ley, en todos los casos es la primera vez que son proveedores del sector público. El monto pagado es de 148.753 soles. “En estos casos podría existir un potencial conflicto de interés. Se debe analizar caso por caso”, dijo Martínez.
Este Diario intentó comunicarse con los cinco proveedores mencionados, pero hasta el cierre del informe no obtuvo respuesta.
Caso controversial
Por su parte, la abogada María del Rosario Payet, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), prestó servicios de asistencia técnica para la promoción de la inversión privada en activos a la Municipalidad de Magdalena del Mar. El monto pagado fue de 35.200 soles.
Martínez explica que, según la ley, en el caso de una municipalidad provincial el ámbito territorial es toda la provincia y el distrito Cercado, la misma respuesta que brinda el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en una opinión consultiva al respecto. Bajo estos criterios, Payet no podría ser proveedora de ninguna municipalidad de la provincia de Lima. En el 2020, la OSCE anuló el contrato de un regidor de la provincia de Cajamarca por este motivo.
Sin embargo, para el abogado y experto en temas municipales Julio César Castiglioni este artículo es muy ambiguo y no está considerando que la MML tiene rango de gobierno metropolitano, pero no ejerce funciones como tal. “Cada municipalidad tiene autonomía económica y no afecta el presupuesto de la MML”, resaltó.
Este Diario se comunicó con la regidora de Lima que aún brinda servicios a la Municipalidad de Magdalena. Ella recalcó que puede hacerlo, ya que su ámbito de competencia es Lima Cercado. “Nosotros nos regimos por la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que estas tienen independencia, autonomía administrativa y económica. Yo no podría brindar servicios de ningún tipo a la MML”, señaló Payet, quien accedió al cargo de regidora con el Partido Popular Cristiano (PPC).
Por su parte, el 11 de agosto del 2020, el Jurado Nacional de Elecciones convocó a Tiara Briceño Rodríguez como regidora, tras haber vacado a Alberto Meca Manrique. Cuatro días antes, la municipalidad de Bellavista contrató a Rodriguez, quien ha sido proveedora de esta entidad en 16 ocasiones durante los años 2019 y 2020.
Además de ellos, se identificaron el caso de 1 regidores contratados, que nunca antes habían sido proveedores de las municipalidades de Magdalena, Jesús María, Lince, San Isidro, Surco, Bellavista, y por el Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Salud. De los 30 identificados, sólo doce tenían experiencia previa.
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