El secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes) y especialista en estrategias de desarrollo sostenible en América Latina, Eduardo Gudynas, conversó con El Comercio acerca de las actividades del sector minero en nuestro país.
Usted ha cuestionado el modelo económico actual. ¿Cuáles considera que son sus principales problemas?
Las estrategias de desarrollo sudamericanas siguen basándose en la explotación y exportación de materias primas, lo cual considero es insostenible en el largo plazo.
—El Perú es considerado un país minero. ¿Cuál es la mejor forma de aprovechar estos recursos?
No es exactamente correcto referirse al Perú como país minero. Lo que sí es válido es que los países deben discutir qué recursos aprovechar y bajo qué condiciones. La evaluación económica no toma en cuenta los efectos de esa extracción, solo ve el beneficio de la exportación. Por ejemplo, en el Perú los pasivos ambientales no se contabilizan. Además, se han abandonado proyectos de coordinación de oferta comercial y los países andinos compiten entre sí por atraer inversiones mineras. El ‘efecto derrame’ inhibe el fortalecimiento de otros sectores.
—Pero la minería ha sido clave para el desarrollo económico.
Eso es cuestionable. La información tributaria del 2014 indica que la minería no es el principal sector de aporte fiscal. Lo son la industria y el comercio.
—No son excluyentes…
Para nada. Prohibir la minería no es la salida del extractivismo, pero un país no puede sostenerse para siempre vendiendo materias primas. Eso genera mayor subordinación a los mercados globales.
—Hay nuevas tecnologías que reducen los pasivos ambientales.
Eso dicen. El mismo discurso lo tienen el Perú y Ecuador. Pero no hay evidencia empírica de que eso suceda.
—En el Perú existen los estudios de impacto ambiental (EIA), ¿no son suficientes?
Hay una distorsión del control ambiental. Han proliferado las vías administrativas y los casos y denuncias de que los controles funcionan mal. En Colombia hay licencias ‘express’. En otros casos, los estudios que presentan las empresas están mal hechos o incumplen las normas. Debemos fortalecer la gestión ambiental. Los permisos de evaluación ambiental no pueden estar dentro de los ministerios productivos.
—¿Qué se podría hacer con los proyectos Conga o Tía María?
Primero, evaluaciones económicas independientes que incluyan los costos económicos invisibles. Segundo, debe haber una evaluación de impacto ambiental rigurosa con un Ministerio del Ambiente fuerte, de la mano del Poder Judicial. A ellos pueden recurrir los ciudadanos si consideran que el Ejecutivo ha obrado inadecuada o ineficientemente. Y tercero, tiene que haber participación ciudadana.
—En el Perú, cuando una empresa formal no ha podido operar por conflictos sociales, el proyecto muchas veces termina siendo explotado por la minería informal.
La minería informal es un flagelo ambiental y humanitario. Pero eso también es parte de un ‘efecto derrame’ del extractivismo: estás en un país donde todos quieren ser mineros.
—¿Cree que el discurso posextractivismo es usado por movimientos radicales en el Perú?
Hacemos una labor académica y la presentamos a la sociedad. No hacemos política nacional.
—Pero el discurso que estos usan en el Perú se parece al de ustedes. ¿Cree que lo han tomado o mal utilizado?
Hay que definir eso de que algunas organizaciones usan nuestras ideas porque el llamado a salir del extractivismo es a toda Sudamérica. Calificar todas las resistencias ciudadanas como violentistas es un poco arriesgado.
—¿Qué países están en una era posextractivista?
El sur de Brasil y algunas áreas de Argentina y Uruguay donde hay sectores agropecuarios que tienen éxito exportador y mayor capacidad de resistencia a la volatilidad de los precios internacionales. Se tiene que repotenciar el sector agropecuario.