¿Es realmente posible aplicar el plan de seguridad de Bukele en el Perú? Conoce los detalles aquí

El primer ministro Alberto Otárola mencionó que dicho país centroamericano es el que “menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad”. Además, también resaltó que hubo un correcto trabajo para disminuir la incidencia delictiva de las pandillas.

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Sin embargo, recordó ante la prensa que el Perú tiene su propia política de seguridad pública. “Hemos pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar varios aspectos”, subrayó. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, también declaró que el Perú podría tomar algunas de las medidas de seguridad de El Salvador para adaptarlas “a la experiencia peruana”.

Especialistas consultados por El Comercio señalaron que el modelo salvadoreño responde a otro contexto social, además de que es uno que se destaca únicamente por sus detenciones masivas a sospechosos de integrar pandillas.

El gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador inició en el año 2019, pero fue durante el 2022 en el que aproximadamente más de 80 personas murieron producto de un conflicto entre pandillas. Estos crímenes constantes, en su mayoría ejecutados por la banda de los Maras Salvatruchas, llevaron al mandatario a aplicar un plan de control territorial que destacó por su estado de excepción, la toma de las cárceles, la captura masiva de posibles sospechosos, entre otras medidas que fueron cuestionadas por entidades como Amnistía Internacional.

Medios internacionales también han informado que producto de esas acciones se han suspendido algunas garantías constitucionales y capturado a más de 70.000 personas. El exministro del Interior, Rubén Vargas informó que para realizar esas acciones el gobierno salvadoreño debió intervenir instituciones centrales para el estado de derecho como el Poder Judicial, la Fiscalía y otros aparatos vinculados a la administración de justicia y control político.

Asimismo, comentó que la tasa de homicidios de dicho país no disminuyó con las medidas autoritarias, sino que ya presentaban una baja desde el año 2015. Por lo que aplicar algo parecido en el Perú no evidenciaría resultados, sumando el hecho de que no contamos con dos o tres pandillas, sino diversos tipos de organizaciones criminales y delincuentes.

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Señaló que el ‘Plan Bukele’ consiguió como único resultado claro haber neutralizado a las Maras, que son más de 60 mil, con una detención masiva de todos los sospechosos de pertenecer a la banda que se configuró por cómo se veían, tatuajes, antecedentes penales, denuncias anónimas, entre otros. “Con la detención de los Maras lo que se genera en la población es la percepción de seguridad (...) No es cierto que el plan Bukele sea la salvación para los problemas de inseguridad del país”, dijo.

Amnistía Internacional informó, en abril de este año, que las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática desde que se aprobó el régimen de excepción y diversas reformas legislativas. Al menos 132 personas han muerto bajo la custodia del Estado.

Por otro lado, resaltó que se han suspendido las garantías procesales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. “Se registra la celebración de audiencias exprés – la mayoría virtuales – donde un juez de identidad reservada puede llegar a procesar simultáneamente hasta a 500 personas sin apenas pruebas que las impliquen en la comisión de un ilícito. Además, las personas carecen de una defensa efectiva y apenas tienen conocimiento de los cargos de la acusación”, aseveró.

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En ese sentido, Frank Casas, experto en políticas de seguridad ciudadana, expresó que en el Perú se han vivido momentos muy críticos de inseguridad sobre todo asociados al combate contra el terrorismo en los que se ha apostado “vender nuestra libertad” por medidas más autoritarias que no logran los resultados esperados. “El éxito contra el terrorismo, en parte, fue la inteligencia policial que logró desarticular a la organización terrorista y en otra mano también el trabajo de la sociedad y el Estado en general para desterrar de algunos territorios a Sendero Luminoso”, comentó.

Destacó que lo principal en las políticas es generar mayor seguridad sin el menor costo posible de la libertad ciudadana. “Ir hacia el autoritarismo mediante ‘el fin justifica a los medios’, estaríamos repitiendo la historia donde vamos a recibir políticas autoritarias que no traen resultados y que luego nos va a costar mucho más en términos de democracia y derechos humanos”, concluyó subrayando que se necesita mayor inteligencia, estrategias y menos autoritarismo para luchar contra el crimen.

Vargas recordó que durante el gobierno de Alberto Fujimori se instauró una legislación antiterrorista que terminó por victimizar a los mismos acusados por las diversas violaciones al debido proceso. “Debemos recordar para no repetir nuestros errores. Me refiero a esa legislación de emergencia antiterrorista que se instauró en el gobierno de Fujimori. En su momento se aplaudió y se dijo que gracias a eso se había podido terminar con el terrorismo en el Perú. Eso es absolutamente falso. La legislación generó violaciones flagrantes al debido proceso, violaciones flagrantes a la constitución. Esta vulnera el derecho de defensa de los detenidos. También se instauraron los jueces sin rostro”, agregó.

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Resaltó que dichas acciones generaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una sentencia determinando que el Estado peruano debía volver a juzgar a todos los que sentenciaron por traición a la patria y terrorismo respetando el debido proceso,la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución. El Tribunal Constitucional también realizó sentencias ordenando nuevos juicios. “En esos nuevos juicios, muchos terroristas que tenían cadenas perpetuas bajaron sus condenas a 25 años (...) la legislación penal antiterrorista los terminó convirtiendo en víctimas”, afirmó.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, declaró que la situación de El Salvador es particular. Además, resaltó que en país se trabajará de la mano con la policía y lineamientos del gobierno. “Haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad”, manifestó.

Nayib Bukele no solo cuenta con gran aprobación en su país, sino también a través de las redes sociales, donde ha sabido coordinar una gran estrategia de comunicación para llegar a más personas con su mensaje de mano dura contra la delincuencia mientras que detrás se siguen violando derechos humanos.

“Hay una campaña internacional muy potente que está jugando con el miedo de la gente. Pretende decirnos que la mano dura es la única salvación. Yo digo por supuesto a la mano dura contra la delincuencia, pero no debe significar convertir a los delincuentes en víctimas de un Estado que baja a niveles de la delincuencia”, declaró Rubén Vargas.

Tamara Taraciuk Broner, directora para las Américas de Human Right Watch, reconoció que si Bukele está ganando actualmente la narrativa en El Salvador es porque la mayoría de la población siente que se beneficia de una sensación de seguridad mayor. En ese sentido, destacó que las instituciones democráticas administradoras de justicia solo están favoreciendo a un sector de la población y no a quienes están detenidos o en procesos por las faltas de garantías.

“Bukele ha demostrado ser un populista autoritario que vende slogans muy efectivos porque van de la mano de esta sensación palpable en el país de mejora en el tema de inseguridad que ha sido un enorme problema por muchos años. No hay ninguna duda que él ha hecho todo lo posible por eliminar los frenos a su poder. El último ejemplo más burdo fue la adopción de una sentencia de la Sala Constitucional (copada por sus aliados) diciendo que él podría ser candidato para la reelección inmediata cuando hay varios artículos de la constitución que lo prohíben”, declaró la especialista.