Récord de denuncias de violencia sexual escolar en Perú: cifras históricas para 2024

En total, se han registrado 16.114 casos desde el 2013.

En noviembre, se registraron 478 denuncias en SíseVe. Octubre fue el mes en el que más casos se reportaron con 558. Le siguen setiembre (503), noviembre, junio (436) y mayo (423).

De acuerdo a su nivel educativo, 79 casos de este año corresponden a estudiantes de inicial; 953, de primaria; y 2.483 de secundaria. Asimismo, el SíseVe registra 18 casos contra alumnos de la educación básica alternativa avanzada y 3 del nivel básico especial en primaria.

Según los subtipos de violencia sexual, el portal registra 137 denuncias por acoso sexual, 599 por hostigamiento sexual, 2.214 por tocamientos indebidos, 320 por violación sexual y 266 por acoso y violencia sexual a través de medios tecnológicos.

Por otro lado, de la cifra total de casos en el año, 1.849 fueron cometidos por integrantes de la institución educativa en contra de un escolar y 1.687 ocurrieron entre alumnos.

Para Alex Hernández, psicóloga e investigadora sobre violencia sexual en menores de Más Igualdad Perú, las estadísticas revelan que las escuelas no son espacios seguros para infantes y adolescentes. “Se trata de espacios donde se cometen delitos contra su integridad, como lo son los actos de violencia. Es doloroso e indignante que tengamos cifras tan altas en las escuelas. Son una advertencia de un gran número de vidas que no se podrá recuperar”, sostuvo.

En esa línea, José Gargurevich Valdez, exviceministro de Gestión Institucional del Minedu, indicó que el país se encuentra ante un problema mayúsculo. “Los números revelan que se ha naturalizado a las escuelas como espacios de desprotección y escenarios de agresión sexual potencial y real para los estudiantes”, declaró.

Hernández también advirtió sobre el grave impacto en la salud mental de los niños y adolescentes tras ser víctimas de violencia sexual.

“Los fenómenos de violencia sexual en la niñez y adolescencia interrumpen procesos clave de formación de la identidad de la persona, como su autoestima y personalidad. En específico, la violencia sexual produce un quiebre en muchos factores que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento de la persona”, explicó.

Además, la experta indicó que, en muchos casos, los daños en la salud mental que ocasionan los episodios de violencia sexual son permanentes.

“Entre las consecuencias principales se encuentra el estrés postraumático. El cuerpo vive la situación de violencia como un trauma y esto ocasiona que la persona esté en constante estado de alerta, ansiedad, reviviendo la situación traumática, que le impide desarrollar su vida con normalidad. La violencia sexual también incide en la prevalencia de la depresión”, detalló.

“La falta de atención a tiempo en niños y adolescentes del estrés postraumático y la depresión puede derivar en ideaciones e intentos de suicidio”, agregó.

Impacto en la vida sexual

Así también, Hernández mencionó algunas de las consecuencias en la vida sexual de los estudiantes. “El impacto en la vida sexual de una agresión en etapa escolar puede ser a largo plazo. En principio, la persona puede desarrollar una aversión a tener una vida sexual activa. Además, es frecuente que una víctima pueda volver a sufrir de una agresión sexual, ya sea porque no aprendió a prevenir estas situaciones o que no sepa cómo comunicarlas, ya que en la primera ocasión no hubo nadie en su institución que pueda defenderlo”, expresó.

Sobre la evolución de los casos anuales en el SíseVe, Gargurevich dijo que era esperable el descenso de casos entre el 2020 y 2021, cuando las aulas permanecieron cerradas por la pandemia del Covid-19. En ambos años, se registraron 200 casos de acoso y violencia sexual a través de medios tecnológicos.

“Esto pudo haberse convertido en una semilla del acoso sexual tras el retorno a la educación presencial. Es decir, en el 2020 y 2021 pudo haberse cultivado a ciegas un vínculo entre estudiantes y malos profesores, pudieron ejecutar crímenes con mayor facilidad a partir del 2022″, argumentó.

Por ello, el exviceministro advirtió sobre los riesgos del acoso y violencia sexual cometidos por los profesores a través de medios tecnológicos, más aún ante la recurrencia en este año de decisiones del Ejecutivo que determinaron clases virtuales para los escolares.

“Los profesores tienen acceso a todos los datos que utilizan los alumnos para conectarse digitalmente. El acceso a esta información en línea en malas manos puede ocasionar que los alumnos sean víctimas de agresión sexual. Estos episodios pueden ocurrir a través de los mismos formatos que se utilizan para las clases virtuales; por ejemplo, las plataformas de videoconferencia, mensajes de WhatsApp, llamadas, etcétera. Por eso, la educación a distancia debe ser bien planificada”, detalló.

Por otro lado, Hernández, señaló que, ante el problema sistemático de la violencia sexual en las aulas, el Estado debe aplicar un enfoque preventivo que empodere a los estudiantes para que identifiquen situaciones de riesgo. En ese sentido, la psicóloga destacó la necesidad de incorporar el enfoque de género y la educación sexual integral (ESI) en la educación de los niños, niñas y adolescentes. “El enfoque de género y la ESI también pueden prevenir la violencia entre escolares”, resaltó. Cabe recordar que los casos de agresiones sexuales entre escolares representan el 47,6% del total del 2024.

Asimismo, Hernández mencionó que los profesores con investigaciones y sanciones por abuso sexual a escolares deben ser separados de las instituciones para evitar la revictimización de los alumnos.

Por su parte, Gargurevich coincide con Hernández sobre este último punto. Al respecto, profundizó sobre el protocolo para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes del Minedu.

“Si un docente que es denunciado en SíSeve no tiene un expediente en SIMEX (sistema de monitoreo de expedientes electrónicos), no puede ser suspendido. Si se omite su ingreso y pasan dos años, caducará el caso y esta es la forma más efectiva de encubrimiento y de evitar que se cumplan las sanciones. Además, si es enviado a trabajar en otra escuela, en una UGEL o en una Dirección Regional (DRE) diferente, es porque no se le ingresó al SIMEX”, subrayó “Cabe recordar que es el director de cada DRE o de la UGEL donde se encuentra el colegio quien determina el retiro del docente”, añadió.

En consecuencia, Gargurevich subrayó que el Estado debe garantizar el cumplimiento del protocolo y la no revictimización de las víctimas. “También corresponde al Minedu informar al Ministerio Público para que actúe en los casos correspondientes”, finalizó.

El nuevo récord de casos de violencia sexual denunciados en el SíseVe ocurre en el mismo año en el que se reveló que más de 524 niños, niñas y adolescentes escolares de la provincia de Condorcanqui (Amazonas) fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual entre el 2010 y 2024 a manos de sus docentes y personal administrativo de sus colegios.

Ello se traduce en que cada mes durante los últimos 15 años existe una media aproximada de tres víctimas menores de edad. Del total de los denunciados, 5 fueron maestros nombrados y 519 contratados.

Estas lamentables cifras salieron a la luz luego de diversas denuncias públicas realizadas por Rosemary Pioc Tenazoa, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis.

El hacinamiento, la existencia de camas y camarotes con colchones, falta de lugares para que los estudiantes guarden sus cosas, pocas raciones de alimentos e inexistencia de un lugar adecuado para que los alumnos accedan a servicios higiénicos son algunas de las circunstancias que propiciaron condiciones hostiles para los menores. Producto de dichas carencias, ese año directivos señalaron que los estudiantes se ven obligados a “prostituirse” para poder solventar gastos básicos como la alimentación.