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De las casi dos horas que duró el mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, el presidente Pedro Castillo se tomó solo 2 minutos y 42 segundos para hablar sobre el sector Interior, ministerio del cual depende la lucha contra la inseguridad ciudadana y que desde inició su gobierno ha tenido siete ministros y más de 120 cambios de funcionarios.
Empezó con una lista de capturas, incautaciones y operativos realizados durante su gestión: 762.300 operativos, 231. 800 detenidos en flagrancia, 211 organizaciones criminales y 10.000 bandas desarticuladas, 61.000 requisitoriados capturados, entre otros.
El problema es que se trata de cifras que no cuadran. De acuerdo a estadística del INPE, en todo el país existen 89 mil internos, entre sentenciados y procesados. Se trata unas 2.500 personas más que el año pasado. “El presidente habla de la detención de casi 300 mil personas, eso es tres veces la población penitenciaria actual. ¿A dónde se fue esa gente?”, cuestiona Nicolás Zevallos, exviceministro de Seguridad Pública.
Las incautaciones de droga anunciadas tampoco se ajustan a política de erradicación de coca del gobierno, agrega Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública. En febrero pasado, se denunció que Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), accedió a las demandas de los cocaleros del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) para que la reducción de espacios destinados al cultivo de coca se realice de forma voluntaria.
“Dijo que ha decomisado 35 toneladas de pasta básica de cocaína y más de 27 toneladas de clorhidrato de cocaína. Esas cifras son inconsistente. Se ha dejado de erradicar coca y eso ha favorecido su crecimiento”, indica Valdés.
Anuncios sin detalles
El mandatario también anunció la creación de “brigadas especiales contra el crimen” para distritos con mayor incidencia delictiva, que iniciará con un piloto en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas y Villa El Salvador. Para los especialistas consultados por este Diario se trata de una propuesta vacía que desvía la atención de temas necesarios como la reforma policial, programa presupuestal o prevención.
“Estas brigadas, en el supuesto que tengan capacidad operativa, si no están bien articuladas con el Ministerio Público difícilmente van a tener eficacia. Tampoco se sabe qué objetivos tiene: ¿perseguir delincuentes, hacer labores de inteligencia, prevención?”, opina Zevallos.
Para Valdés es preocupante que no se haya hablado de medidas concretas para reducir la victimización que creció en seis meses en casi cuatro puntos porcentuales (17.2% a 21.1%) ni la percepción de inseguridad que en este gobierno pasó de 82.4% a 85% . “No dijo nada en la situación de lima y callao donde estamos seis meses de estado de emergencia con derechos fundamentales suspendidos y sin resultados positivos”, añadió.
Otro anuncio sin precisiones fue la captación de 5.000 jóvenes peruanos, principalmente licenciados de las FFAA, para reforzar la Policía Nacional. A ellos se dará una preparación “no mayor a 18 meses” para incorporarse a las labores de la seguridad pública en todo el país. Tal como las brigadas, tampoco se especificó qué tipo de capacitación recibirán, considerando que la formación militar no está diseñada para la seguridad ciudadana.
Para Valdés, la clave para atender el problema de la inseguridad es asegurar una mejor utilización de recursos, estrategia, distribución y planificación. “No tiene sentido proponer 5 mil policías nuevos que provengan de las FFAA cuando no es capaz de manejar a los 140 mil policías que tiene”, dijo.
Sobre el proyecto que establece pena efectiva para los delitos de hurto y receptación de equipos informáticos o tecnológicos de comunicaciones, Valdés añade que mientras no se hable sobre control territorial o prevención, aumentar las penas solo provocará una mayor, si es posible, sobrepoblación penitenciara o simplemente no se podrá ejecutar.
Finalmente, los especialistas cuestionan que el presidente tampoco haya brinda propuestas o al menos hecho mención a otros temas que dependen del Ministerio de Interior como la gestión en Migraciones, que lleva varios meses con denuncias de retrasos y constantes colapsos en entrega de pasaportes; Bomberos, control de armas y explosivos, la división de inteligencia, autoridades cuestionadas, entre otros.
