Loreto: guardias kichwa tras las rutas de la tala ilegal

“Aquí encontramos una madera aserrada especie marupá. Vemos que el maderero Walter Ríos no la ha aprovechado y está en proceso de putrefacción”. Mao Noteno, monitor ambiental indígena, pronuncia estas palabras con cansancio y el sonido se mezcla con el de los grillos y el zumbido de las avispas que lo rodean en la quebrada Batelón, en la cuenca del Napo, Loreto. Ha descrito lo que observa mientras graba un pequeño video en un celular. Recorre con la cámara todo el espacio y luego detiene la grabación. La guarda y registra la coordenada donde se encuentra el tocón de lo que fue un árbol –de al menos treinta metros– que no debió ser talado.

Son un poco más de las 11 de la mañana y luego de dos días de viaje, él y otras siete autoridades y vigilantes ambientales kichwa han llegado a los puntos que buscaban de extracción ilegal de madera. Días antes habían visto cómo decenas de tablones bajaban por el río Napo en dirección a Iquitos. Desde donde están parados, son al menos tres días hacia la capital de la región. Están acostumbrados a ser testigos de cómo la impunidad se esconde en los rincones de esta parte de la Amazonía.

Sin embargo, esta vez, el video que registra la voz cansada de Mao Noteno y las fotos y coordenadas obtenidas durante el patrullaje serán entregadas a las autoridades para sustentar una denuncia que esperan tenga un desenlace distinto. Este sistema de monitoreo tradicional con tecnología empezó hace dos años. Hoy 36 comunidades –con 120 monitores activos vigilando las cuencas del Napo y el Amazonas– han podido reunir y entregarle a las autoridades alrededor de 4 mil reportes de monitoreo, información que ha sido fundamental para alertar a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto y permitir que se inicien tres investigaciones por tala ilegal, deforestación y minería ilegal.

El caso de tala ilegal fue detectado en la parte media del Napo por un equipo de monitores kichwa de las localidades Vista Hermosa, Nuevo Libertador y Santa Elena del Tamboryacu. El Tamboryacu, afluente del Napo, es el nombre de la quebrada que alberga a estas comunidades que hace unos años fueron estafadas por malos madereros y que las involucraron en presuntos delitos de lavado de madera. Como en los documentos consta que los dirigentes de las comunidades firmaron las autorizaciones para la extracción, el organismo supervisor Osinfor les impuso multas que suman S/ 1’565,172 (US$ 474.294 mil).

En Loreto, 36 comunidades y 120 monitores de cuatro pueblos indígenas han recorrido once mil kilómetros durante más de un año para defender sus territorios de la deforestación, minería ilegal y la contaminación.

La estafa de madereros a comunidades indígenas es un delito común. Según el Osinfor, el mayor volumen de extracción no autorizada proviene de las comunidades nativas y entre el 2018 y el 2019 fueron alcanzaron los 195 mil metros cúbicos, es decir, más de 6.900 camiones de madera. Las comunidades del Tamboryacu, con la triste experiencia de estafa que habían vivido, no podían permitir que les vuelva a suceder algo similar.

Empoderamiento indígena

“Recuerda siempre lo que ves, Betty. Con el tiempo, tus hijos ya no van a conocer lo que es la carne, los peces, las maderas importantes”. Betty Rubio, de 38 años, repite las palabras que a los diez años de edad le decía su abuelo Lorenzo y las lleva cargadas cada vez que va a hacer una labor de vigilancia. “Todo se lo están llevando otros, Betty”, sigue recordando en voz alta. Poco a poco ha ido comprobando que su abuelo tenía razón.

“El sol va a quemar bien fuerte porque los árboles más grandes ya no van a existir. De repente hasta el Napo se va a secar”. Su abuelo, un kichwa que fue esclavizado durante la fiebre del caucho, auguraba un futuro triste para su nieta y para su pueblo. “Aquí pensamos que nos hemos librado de los patrones, pero siguen existiendo”, cuenta Betty y se le arruga el ceño en un gesto de disgusto. Para ella esa dependencia ahora la tienen con los madereros, quienes, según refiere Betty y el resto de comuneros del Tamboryacu, llegan a engañarlos.

Betty Rubio no olvida las palabras de su abuelo, sobre todo para no perder de vista que debe recuperar el bosque para los indígenas. Ella es la presidenta de la Federación de la Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (Feconamncua) y fue una de las primeras en involucrarse en el proyecto que comanda la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).

Así, desde septiembre de 2017 aprendió a utilizar equipos GPS, aplicaciones de celular para crear rutas, mapas y grabar videos. En febrero de 2018 empezó a ser capacitadora de otros compañeros y comenzó a dirigir acciones de vigilancia que han permitido presentar denuncias sobre casos de tala ilegal y las actividades de las ‘peque dragas’ que extraen oro ilegalmente a lo largo de los ríos. Además, cuenta Betty Rubio, que ellos mismos se encargaron de erradicar cerca de una hectárea de cultivos ilícitos de hoja de coca.

Las herramientas que usan para lograr este trabajo no son sofisticadas: solo necesitan un smartphone. En él instalan el Locus Map, un aplicativo con data abierta que es usado en Europa para registrar rutas de ciclismo, pero que ha sido reapropiado por los monitores ambientales para establecer los caminos que conducen a los punto de tala, minería o deforestación. La idea es elaborar rutas y mapas que luego puedan ser usados por otros. La aplicación admite fotos, videos y audios, además de guardar cada una de las coordenadas registradas. Es útil también porque los monitores ambientales pueden ingresar todos estos datos offline, es decir, sin tener que depender del internet.

Esto lo realizan con la ayuda de smartphones y la aplicación Locus Map, la cual fue creada en Europa para ciclistas y es reapropiado por los monitores indígenas para la protección de sus bosques. En ella registran videos, fotos y coordenadas de delitos ambientales.

La ONG Rainforest Foundation U.S. empezó capacitando a los monitores y sigue siendo un aliado tecnológico, sin embargo en el 2018 se crearon redes de capacitadores indígenas, como fue el caso de Betty. También se creó desde el inicio un pequeño equipo de especialistas informáticos –con base en la ciudad de Iquitos– para encargarse de la parte más técnica del monitoreo: la obtención de alertas tempranas de deforestación y el análisis de los datos obtenidos en campo. Con ellos se inauguró el Centro de Información y Planificación Territorial (CIPTO), que se convirtió en el primer hub o central de información de este tipo en el país manejado por indígenas.

• El equipo del Centro de Información y Planificación Territorial (CIPTO) de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) se dedica a procesar la información recogida para poder hacer mapas y formalizar las denuncias ambientales ante el Ministerio Público.  Video: Vanessa Romo Espinoza

Las alertas se nutren de espacios como Global Forest Watch y el programa Geobosques del Ministerio del Ambiente peruano, plataformas que procesan información satelital para emitir puntos de posible deforestación. En el CIPTO, estas alertas son traducidas en mapas para que el monitor pueda comprobar en el campo por qué se ha perdido bosque en esa área. En la actividad también se aprovecha para delimitar los linderos y resguardarlos de posibles invasiones.

Rolando Rodríguez, especialista del CIPTO, comenta que la información obtenida en campo no solo ha ayudado como evidencia para sentar denuncias, sino que ha sido clave para fortalecer la gobernanza indígena, pues el primer lugar donde se presenta la información obtenida es dentro de las asambleas comunales. “La información es poder. Saber qué sucede dentro de tus linderos permite a los dirigentes tener decisiones más acertadas y compartirlas con la población”, agrega.

La Universidad de Columbia en Estados Unidos también realizó una investigación sobre el monitoreo indígena y de cómo este ha ayudado a la gobernanza y la desaceleración de la deforestación. Según resultados preliminares presentados en setiembre, la vigilancia indígena acompañada de tecnología ha llevado a un leve pero importante decrecimiento de la tala en las comunidades donde funciona el proyecto.

No obstante, no se ha partido desde cero. “La tecnología no conserva el bosque, sino son las personas las que lo hacen”, dice Tom Bewick, director en el Perú de Rainforest US. Bewick asegura que lo que hace esta implementación de nuevas herramientas tecnológicas es comprender y revitalizar los mecanismos de vigilancia milenarias en la zona.

Han logrado que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental abra hasta la fecha tres investigaciones por tala ilegal, deforestación y minería ilegal en las cuencas del Amazonas y del Napo.

En una siguiente etapa, el CIPTO tiene planeado generar inventarios de los recursos naturales que existen en las comunidades. Esta tarea planean hacerla usando aplicativos móviles para elaborar al final una una lista de las especies que existen dentro de cada comunidad y de las fuentes de agua cercanas.

“El monitoreo es fundamental porque conocemos qué recursos tenemos y qué hay dentro de nuestros territorios”, comenta el apu Francisco Hernández, presidente de la Federación de Comunidades Tikunas y Yaguas del Bajo Amazonas (Fecotyba). En esas localidades, el mayor problema es la deforestación por cambio de uso de tierra para cultivos ilícitos de hoja de coca y, con las evidencias obtenidas, lograron este año que la FEMA Loreto inicie una investigación fiscal.

El caso Walter Ríos

El apu de Santa Elena, Edgar Sánchez, escuchó el motor de una embarcación desconocida y, como es costumbre, salió de su casa para ver quién pasaba. Era Walter Ríos Torres, ahora empresario maderero y antiguo funcionario municipal del distrito de Fernando Lores. En una plataforma contigua o balsa improvisada bajaba cerca de 150 trozos de madera tornillo y marupá. Se le pidió a Ríos detenerse, pero la madera continuó su camino.

“Presentó todos sus papeles, nos dio unas coordenadas y dijo que tenía un permiso para sacar árboles de un bosque local”, cuenta el apu de Santa Elena. Se refería al bosque local La Foresta, creado en el 2017 por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Lo que mostraba Ríos era un plan operativo (PO), un documento que autoriza la extracción legal de madera. “Aparecían unas coordenadas y tuvimos que confiar en ese momento que estaban dentro del espacio que le correspondía”, agrega Sánchez.

Sin embargo, los pobladores de Santa Elena, Vista Hermosa y Nuevo Libertador ya habían sido sorprendidos precisamente por confiar. Entre el 2012 y el 2015, las tres comunidades le dieron permiso a un intermediario maderero para extraer diversas especies de sus bosques y, frente a las autoridades forestales, en los documentos oficiales, la comunidad figuraba como la titular de los planes operativos.

“Nos prometió que nos ayudaría a titularnos y que nos convertiría en empresarios”, dice Carmen Sosa, la apu de Vista Hermosa. Lo único que les parecía raro a todos es que nadie llegaba a sacar la madera. Nunca vieron salir un solo trozo de árbol.

Luego de la última transacción, los agentes de Osinfor llegaron a supervisar si los puntos de los planes operativos coincidían en el campo. Lo que encontraron fueron muchos aguajales, es decir, bosques inundables. Para la autoridad la ilegalidad estaba clara: se estaban usando los bosque de las comunidades y documentos oficiales para lavar madera, es decir, extraerla de otros lugares.

Osinfor multó por más de un millón y medio de soles a las tres comunidades, con el agravante de que las autoridades forestales sospechaban que dos de los PO de Vista Hermosa habían sido usados para lavar parte de la madera del Yacu Kallpa, el caso de incautación de madera ilegal más grande de los últimos años.

• Esta serie de videos se registraron en el monitoreo que realizaron pobladores de la cuenca del Tamboryacu para verificar de dónde Walter Ríos sacaba la madera. Se encontró que las coordenadas no coincidían con su supuesta concesión y los tocones se encontraban fuera de ese espacio. (Video: CIPTO)

Frente a esa experiencia, era evidente que no podían confiar en nadie más. Un grupo de ocho personas salió a buscar los puntos que había dado Walter Ríos y a verificar si, en efecto, se encontraban dentro del mencionado bosque local. Ese es el viaje en el que se embarcó Mao Noteno con otros siete monitores indígenas. Tardaron dos días en llegar a los puntos de extracción de la madera. Al llegar confirmaron sus sospechas: los tocones estaban situados en un lugar apartado de la presunta área concesionada a Ríos.

“Este es otro árbol de tornillo que el señor Walter Ríos ha empezado a depredar sin autorización de las comunidades”, explica Mao en otro video que grabó durante la inspección del área. Para este monitor ambiental el panorama estaba claro. Ríos no había sacado la madera de su concesión sino del bosque de la comunidad.

Mao Noteno no podía ocultar su indignación, sobre todo porque el árbol talado era un semillero y no podía ser extraído. El video grabado por Mao llegó unos días después a la computadora de Rolando en el CIPTO de Iquitos, acompañado de una solicitud: había que preguntar a las autoridades forestales locales si al menos existía el permiso de extracción.

De acuerdo con información proporcionada por la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto, solo las comunidades nativas contaban con permisos de extracción forestal, aunque estos habían quedado bloqueados por las ya mencionadas multas impuestas por Osinfor. “Se confirmó que no había ninguna concesión [autorizada] dentro de la quebrada del Tamboryacu”, añade Rolando Rodríguez, técnico del CIPTO.

Con las evidencias, Orpio canalizó la denuncia a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), quien con esa información abrió un proceso de investigación preliminar contra Walter Ríos por el presunto delito contra los recursos naturales en bosques. Aún falta la inspección ocular para determinar si se oficializa la investigación.

El fiscal provincial de la FEMA Loreto, Alberto Yusen Caraza, comenta que la experiencia con el CIPTO es la primera que su despacho tiene de este tipo y es importante ya que al tener hecho probatorios a partir de la tecnología, se puede hacer una diligencia más rápida y efectiva. “Tener los datos precisos y exactos nos reduce el radio de acción, que en la Amazonía es bastante amplio”, añade el fiscal.

En una reunión comunal en agosto pasado, Walter Ríos ofreció su descargo. “Confieso que he sacado madera sin autorización hace un tiempo, pero desde fines del 2018 formalicé la extracción y tengo un plan operativo para hacerlo”, dijo en la asamblea. En setiembre se volvió a revisar la información con el Gobierno Regional de Loreto y aparece que Ríos ya cuenta con un plan operativo para extraer madera de la concesión que señalaba. Sin embargo, la extracción que registraron los monitores indígenas continuaría siendo delito, ya que los puntos donde se halló la tala ilegal se encuentran fuera de la concesión de Ríos.

Falta de logística y articulación

Caraza agrega que, pese a que consideran aliados a los monitores ambientales del Napo y el Amazonas, muchas veces no pueden ir al mismo ritmo de ellos por la lejanía. “Nos gustaría tener una lucha frontal por los derechos ambientales, pero el tema logístico nos lo impide. En nuestro patio debería haber un helicóptero, un deslizador y una camioneta para desplazarnos cuando aparezcan las denuncias”, dice el fiscal. Mientras tanto, la FEMA depende de Fuerza Aérea o de la Marina de Guerra y eso retrasa las diligencias.

“El bajo presupuesto que manejan las oficinas de la FEMA debe cambiar. Además en Loreto son tres despachos y solo en el área que trabajamos con monitores hay 5 millones de hectáreas. Es difícil de abordar”, puntualiza Tom Bewick de Rainforest U.S.

A pesar de que el proyecto lleva más de un año en funcionamiento, el CIPTO ha observado que solo han logrado captar la atención de la FEMA y no de otras entidades del Estado a las que también les envían la información recogida.

En el sector forestal, la región tiene graves denuncias por corrupción como en el caso de los Cumaleros del Oriente, que involucró a ex funcionarios del gobierno regional de Loreto y Ucayali. Aunque la figura de veeduría forestal comunitaria funciona desde el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), este programa no coordina con Osinfor, quien tiene su propia capacitación a comunidades sobre normas y gestión de bosques.

Rolando Navarro, ex presidente del Osinfor hasta el 2016, comenta que desde el 2012 el Osinfor logró ocho convenios con federaciones indígenas para ceder equipos tecnológicos como GPS y computadoras portátiles, para mejorar el trabajo de vigilancia en los bosques.

Sin embargo, Osinfor confirmó a Mongabay Latam que ya no cuentan con ese sistema y solo trabajan con el programa Mochila Forestal, un paquete que contiene folletos didácticos e información física sobre gestión forestal comunitaria y delitos forestales y que se utiliza para capacitar a los comuneros en sus lenguas. El jefe de Osinfor en Iquitos, el ingeniero José Luis Cerón, señala que se ha ingresado este año hasta cinco veces al Napo a dar capacitación, pero no han recibido ni procesado ninguna denuncia de esa zona. “Solo hemos recibido denuncias de tala en el Putumayo”, agrega.

En tanto, el Ministerio del Ambiente a través de su Programa Nacional de Bosques, realiza capacitaciones para utilizar tecnología en el campo al servicio del cuidado del ambiente. Daniel Castillo, jefe del área de Monitoreo de este programa, detalla a Mongabay Latam que trabajan con 200 comunidades indígenas y todas realizan monitoreos a través de equipos GPS. “Con el dinero que obtienen con la conservación de sus bosques, ellos invierten en nuevos equipos que sirven tanto para estar alerta ante alguna amenaza como para conocer sus linderos y delimitarlos de forma precisa”, indica Castillo. No obstante, estos esfuerzos parecen aislados.

El procurador del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, resalta que aún se necesita una entidad del Estado que pueda apoyar a las comunidades cuando establecen un contrato de aprovechamiento con un nuevo maderero, ya que corren el riesgo de ser estafadas. “Hay que velar por que los contratos con las comunidades nativas sean serios para que no suceda un nuevo Yacu Kallpa”, señala Guzmán. El ex presidente del Osinfor, Rolando Navarro, opina lo mismo y agrega que “es estratégico estar en contacto con las poblaciones que hacen monitoreo y hay que empoderarlos desde el Estado. Con ello podríamos tener identificados desde el inicio a los que buscan usar contratos de concesión forestal falsos”, expresa.

Es agosto de 2019 y y los monitores indígenas continúan patrullando su territorio. Mao Noteno camina por el bosque guiando a los hermanos Percy y Jesús Gemán, de 41 y 28 años respectivamente, quienes desde hace seis meses se animaron a convertirse en monitores. Aunque en realidad fue su madre Carmen, la apu de Vista Hermosa, la que se encargó de convencerlos.

“Empezó a haber mucho miedo porque una familia de una comunidad cercana amenazó a los antiguos monitores”, cuenta Jesús, el más joven del equipo. La familia suele entrar al terreno de Vista Hermosa a sacar aguajes o a cortar madera y los monitores le han llamado la atención de forma repetida. “La última vez la familia nos dijo que si no los dejábamos sacar, nos iban a ‘profundizar’ en la quebrada de Copalillo”, añade Jesús.

El grupo llega de pronto a un nuevo punto de tala ilegal. Un árbol de la especie marupá reposa en el suelo. Decenas de abejas vuelan alrededor de su corteza destrozada . El árbol está partido y quedan algunas trozas alrededor, como si alguien hubiera dejado el trabajo a medias.

Percy y Jesús toman fotos, graban videos contando lo que están viendo. Apuntan las coordenadas. Unos minutos después, Mao enciende el dron, una de las nuevas herramientas que han sumado a su trabajo de vigilancia. Los monitores se concentran en la pantalla que sujeta entre sus manos Mao y empiezan a buscar a través de la cámara aérea más puntos de tala. Encuentran que todo está tranquilo.

Luego del trabajo, todos buscan un espacio libre de abejas para descansar. Mao comparte una historia de cuando era un niño y la comunidad de Monterrico, en la parte alta de la cuenca del Napo, se unió para expulsar a los mineros ilegales.

“Era 1995 y la comunidad estaba harta de los mineros. Se organizaron, llevaron sus flechas, algunos sus escopetas. Hicieron que las dragas se fueran. Había que hacer respetar nuestro territorio, así como ahora”, cuenta. Aunque hoy las herramientas tecnológicas son buenas para lograr un cambio, la necesidad de cuidar su territorio siempre ha existido.

El artículo original de Vanessa Romo es publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí. Si quieres conocer más sobre la realidad y las amenazas a los activistas ambientales de Latinoamérica y el mundo, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.