Loreto: encuentran cinco ciudadanos extranjeros asesinados en el río Putumayo

En las orillas del río Putumayo, en la provincia loretana del mismo nombre, fueron encontrados los cuerpos de cuatro ciudadanos colombianos y uno brasileño con impactos de bala

Las víctimas, que aún no han sido identificadas, habían embarcado en un bote en el muelle de Puerto Leguizamo, en Colombia, desde donde recorrieron unos 300 metros sobre las aguas del Putumayo hasta que desembarcaron en la otra orilla, que corresponde a territorio peruano.

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Según fuentes policiales, hombres armados los hicieron colocar boca abajo en el piso y les abrieron fuego, al parecer, con balas de fusil.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a Puerto Leguizamo en una misión humanitaria que encabezó el inspector del puerto, Mario Rosero.

“Estaba la gente aquí en el muelle esperando qué autoridad iba hacer la recuperación de los cuerpos. Ni la Armada, ni la Policía, me quisieron acompañar. Hablaban en mi contra, que si yo iba para allá, a mí también me mataban”, dijo el funcionario colombiano, quien asumió el riesgo de recuperar los cuerpos.

El quíntuple crimen estaría relacionado con el enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes que dominan el envío de cargamentos de marihuana y cocaína en países como Perú y Brasil, las cuales usan como tránsito el río Putumayo.

Tras lo ocurrido, las autoridades de Puerto Leguizamo realizaron un consejo de seguridad para ordenar investigaciones con el apoyo la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Perú.

Los pobladores fronterizos aseguraron que en la zona existe la presencia de narcotraficantes y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC, lo cual constituye una problemática social y política entre ambos países.

En noviembre del año pasado, el gobierno decidió prorrogar el estado de emergencia declarado en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto, por 60 días, con la finalidad de que la Policía Nacional del Perú mantenga el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La medida venció el 24 de enero.

La medida tuvo como finalidad la ejecución de operaciones policiales debido al incremento de delitos transnacionales como el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, tráfico de armas y minería ilegal, entre otros. Durante el estado de emergencia, quedaron suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

En julio de 2018, a través del operativo antidrogas Armagedon, agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú intervinieron a 51 personas, de los cuales 41 son extranjeras, en la localidad de Güeppí, cerca a la laguna Pacora, en la provincia del Putumayo (Loreto), quienes estaban involucradas en practicas ilícitas del narcotráfico.